Guatemala no
tiene ahora, afortunadamente, ningún conflicto político o social agudo: no hay
guerrillas en el país y, aunque el sistema político deja un tanto que desear,
existe libertad de prensa, se efectúan elecciones libres y el debate político
se realiza en general dentro de los límites institucionales.

Pero, como lo
prueban recientes hechos, existen grupos
minoritarios que se empeñan en quebrar la estabilidad de esta nación centroamericana
utilizando nuevas formas de terrorismo.

Pobladores de
algunas aldeas no muy distantes de la capital produjeron hace poco hechos de violencia que dieron por
resultado la muerte de unas diez personas, el incendio de vehículos y viviendas
y el destrozo de valiosos bienes. ¿Sus razones? Aunque parezca difícil de
creer, lo que expresaron algunos dirigentes vecinales fue su oposición a
la construcción de una importante carretera periférica —que aliviaría los
problemas de tránsito nacional e internacional— y de una planta cementera que
ampliaría la capacidad productora del país (que tiene obvios problemas de
vivienda).

Escudada en
esas posiciones radicales, una turba de vecinos, sin provocación alguna, agredió y asesinó a otros pobladores,
acusados de vender sus terrenos para la construcción de esa vía de
comunicación, o de simplemente trabajar como obreros de las cementeras. El
Gobierno, después de los hechos, ha decidido restringir algunas garantías
constitucionales en el municipio donde se produjo tan grave atentado a la paz.

No se trata
de una reacción espontánea ante alguna injusticia, ni de un arrebato que se
generó por causa de provocaciones o conflictos personales. Prueba de ello es
que, desde hace bastante tiempo, se producen constantemente bloqueos de
carreteras y actos de agresión en diferentes puntos del país que han provocado
muertos y heridos entre las fuerzas policiales y entre los ciudadanos que se
ven afectados por esas protestas, las cuales les impiden desarrollar
pacíficamente sus actividades cotidianas.

Y no son
pocas las organizaciones que reclaman la autoría de estas violentas acciones o
que las avalan con sus comunicados a la prensa y sus declaraciones públicas.

Algunas de
ellas, como el Comité de Unidad Campesina (CUC), se crearon en tiempos de la
guerrilla para dar un respaldo “de masas” a la acción de los grupos armados que
luchaban por imponer el socialismo totalitario. El mencionado CUC, por ejemplo,
fue la organización de masas para las áreas rurales que creó el Ejército
Guerrillero de los Pobres (EGP), una guerrilla de clara inspiración maoísta,
cuya dirigencia actual sigue enfrascada en una labor constante de
desestabilización.

¿Qué se busca
con estas violentas protestas? Todo indica que se trata de una estrategia trazada
por una coordinadora de organizaciones que intentan desestabilizar al país para
que pueda imponerse algún tipo de régimen autoritario de izquierda, como el que
oprime hoy a Venezuela.

No es
paranoia: los ataques contra empresas mineras y constructoras de plantas
hidroeléctricas, caminos o proyectos de desarrollo de todo tipo suceden en
todos los rincones de Guatemala; una organización promueve abiertamente el robo
de electricidad y otros grupos, en años recientes, han dinamitado algunas
torres de transporte de energía.

Lo que se
busca es mantener la agitación por cualquier medio y, aunque los manifestantes
sean una exigua minoría, los efectos de sus acciones violentas e intimidatorias
alcanzan a millones de ciudadanos.

El Gobierno
parece atrapado entre el reclamo de la mayoría de la población, que exige un
alto a la violencia, y el enjuiciamiento de los responsables de la agresión,
por una parte, y sus temores de ser acusado de violar los derechos humanos y la
libertad de manifestación, como ya lo han expresado algunas organizaciones no
gubernamentales vinculadas a la izquierda y que reciben, en muchos casos, ayuda
financiera internacional.

Es
comprensible que en esferas gubernamentales, preocupadas ya por las próximas
elecciones generales de 2015, haya vacilaciones y un cuidado extremo para no
aparecer ante el público como represores de la protesta “popular”.

Pero el
verdadero problema es que, si no se pone coto a la actividad de quienes acuden
a la violencia, el país puede verse envuelto en un proceso bastante similar al
de la subversión guerrillera de otros tiempos, ahuyentando las necesarias
inversiones y retardando el crecimiento económico, con lo que se crearía un
caldo de cultivo apropiado para el despliegue de los grupos violentos.

Por eso,
pensamos, es imprescindible que se deje en claro ahora que la protesta pacífica
es aceptada y bienvenida, pero que la violencia de cualquier tipo que sea debe
ser enfrentada con todas las armas legales disponibles.

*Leído en: PanAmPost (http://es.panampost.com)