Las últimas
noticias referidas a la comunidad judía denominada Toiras Jessed en San Juan La
Laguna evidencian la pérdida de respeto a las personas y a las leyes de la nación, así como el doble
rasero que se maneja cuando se alude a la discriminación, la multiculturalidad,
la tolerancia y la justicia.

El caso de San
Juan La Laguna precisamente exalta la relatividad de “derechos” constantemente
reclamados por grupos de guatemaltecos que demandan para ellos consideraciones
especiales que sin embargo desprecian cuando se trata de otros.

En este caso,
estamos hablando de una crasa violación a los derechos fundamentales plasmados
en la Constitución Política de la República, leyes nacionales e internacionales, como lo
establece el art. 4 de la Constitución cuando afirma que “todos los seres
humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”. Semejante igualdad constantemente se ignora
cuando se trata de reclamar privilegios y también cuando se pretende justificar
el irrespeto a los derechos ajenos que resultan pisoteados constantemente.

Según se
informa, la comunidad de San Juan La Laguna, se sintió incómoda con la vestimenta, las costumbres,
la escasa comunicación y el relativo aislamiento del asentamiento judío. Afirman
quelos judíos ortodoxos intentan
cambiar el pensamiento y la cultura del pueblo, y por eso se acordó que
personas en proceso de formación al judaísmo se alejen de la comunidad.

Apena
contrastar la respuesta de estos pobladores que forzaron la salida de los
judíos ortodoxos por razón de las diferencias culturales y otras, con los
habitantes en ciudades y condados en Estados Unidos cuando décadas atrás, en
los años 80s, observaron la llegada de decenas de familias Qanjobales que a lo
largo de la década se fueron asentando en distintas ciudades de Florida. Pero en este caso, me refiero puntualmente a
Jupiter, en donde habitan cientos de compatriotas que se vieron forzados a
salir de país en los años 80s, la época del enfrentamiento armado interno;
grupos familiares que luego de un difícil trayecto hacia aquella región,
lograron establecer residencia sin que por razones de su etnia, sus trajes o su
idioma y costumbres sufrieran de la discriminación y la expulsión que hoy hemos
visto en nuestro país.

Aún
más, en aquella ciudad organizaciones religiosas cumplieron una misión
admirable con una serie de programas de ayuda para que los niños indígenas en
edad escolar tuvieran tutoría de maestros que les facilitaron el aprendizaje
del inglés y la incorporación plena en las escuelas de la ciudad. Hoy la mayoría de los entonces niños, hoy
adultos, son bilingües (Kanjobal e inglés) y viven en tranquilidad.

La
creciente corriente agresiva y discriminatoria a todo lo que resulta diferente,
aun cuando se trate de ideas, o creencias como sucede en el caso de los Toira
Jessed, descalifica las protestas nacionales cuando reclamamos igualdad de
trato y respeto a la ley para nuestros compatriotas.

Va siendo hora
que se consolide un Estado laico que vele por el cumplimiento de la ley y en el
que las creencias religiosas como queda plasmado en el artículo 36 constitucional al
garantizar el ejercicio de la libertad religiosa como un derecho fundamental.