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¿Inclusión o exclusión? ¿Cómo se toma la decisión?

Redacción
10 de febrero, 2015

El jueves veintidós de enero, auspiciado por la cooperación alemana, GIZ, Research for Inclusive Education in International Cooperation REFIE presentó los resultados de un estudio que se realizó en un periodo de catorce meses, titulado “Hacia un sistema educativo inclusivo: La situación en Guatemala”. Se cita a continuación del Resumen Ejecutivo entregado en físico ese día, cuál fue el propósito de la investigación. “La investigación buscó responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se construye el concepto de educación inclusiva en los diferentes niveles del Sistema Educativo? y ¿Cuáles son las oportunidades y las barreras para un sistema inclusivo de educación?”

El documento resume en diez hojas el procedimiento del estudio, la metodología de investigación, los resultados y las conclusiones, en tres niveles, macro, meso y micro; indica que en marzo del año en curso la investigación en su totalidad estará disponible en el sitio web www.refie.org.

En el apartado Resumen de la discusión se expone el concepto inicial de educación inclusiva en el nivel macro; el cual se ha enfocado en alumnos con necesidades educativas especiales, en concepto de discapacidades de distintos tipos. Se observó que hay otros contextos que provocan la ausencia de una educación inclusiva, como por ejemplo, la extrema pobreza, algunas características del entorno familiar, las expectativas educativas diferentes por género, la ausencia de estrategias pedagógicas favorables en el aula, y la necesidad de sistemas de apoyo para alumnos y docentes.

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Los resultados se centran en cuatro partes: las perspectivas de educación inclusiva expresados por los actores de los tres niveles del sistema educativo (macro, meso y micro), las oportunidades para la educación inclusiva, las barreras para la educación inclusiva y los retos para lograr un sistema educativo inclusivo.

Se arribaron a estas conclusiones reuniendo información y experiencias por medio de grupos focales en los tres niveles; se trabajó en seis escuelas, usándolas como estudios de caso, en dos ambientes, contextual y personal. Además se revisaron fuentes de documentación sobre la educación inclusiva en Guatemala, concluyendo que la legislación se enfoca primordialmente en la discapacidad física, no abarca los otros factores que debe enfrentar una política de inclusión.

Aunado a la necesidad de fortalecimiento de las normativas para la inclusión, en el aula es necesario aplicar la metodología educativa con flexibilidad y con la meta de alcanzar a toda la población estudiantil indistinto de las necesidades especiales que presente, sean resultado de pobreza, de idioma, trabajo infantil, género, inseguridad alimenticia, carencia de escuelas en áreas tanto rurales como municipales.

Todo estos aspectos van acompañados por actitudes que pueden frenar una inclusión. Se discutió en este espacio, después de la puesta en común sobre la educación inclusiva durante el Congreso de Calidad Educativa del mes de diciembre del año pasado, la imperante necesidad del cambio en actitudes. Los participantes de entonces , de cuatro distintos sectores que trabajan en inclusión, enfatizaron que ese cambio de actitud en todos es esencial.

El acceso a la educación es un derecho humano fundamental, es un derecho constitucional. La igualdad está implícita en los derechos fundamentales por el uso de la palabra “todo” y es explicito en la Constitución Política de la República.

Entonces, nace el enigma.

Si la palabra “todo” significa “…Que se toma o se comprende enteramente en la entidad o en el numero.” DRAE , es curioso que dentro de la población aproximada de cuatro millones de estudiantes que está en el sistema educativo, de los cuales un millón, aproximadamente, pertenece al sector privado, ¿porqué no se contemplaron en el estudio? El alumnado que cursa en centros educativos privados comprende una cuarta parte del total de los estudiantes; comparten los retos de inclusión. ¿Por qué no se incluyó a esa población?

Se excluyó una cuarta parte de la población en un estudio de inclusión. La radiografía presentada no es exacta; para confirmar la validez de los resultados, es necesario incluir a todos los centros educativos mencionados en el Art. 19 de la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo 12-91: público, privado o por cooperativa.

El tema es inclusión educativa.

¿Inclusión o exclusión? ¿Cómo se toma la decisión?

Redacción
10 de febrero, 2015

El jueves veintidós de enero, auspiciado por la cooperación alemana, GIZ, Research for Inclusive Education in International Cooperation REFIE presentó los resultados de un estudio que se realizó en un periodo de catorce meses, titulado “Hacia un sistema educativo inclusivo: La situación en Guatemala”. Se cita a continuación del Resumen Ejecutivo entregado en físico ese día, cuál fue el propósito de la investigación. “La investigación buscó responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se construye el concepto de educación inclusiva en los diferentes niveles del Sistema Educativo? y ¿Cuáles son las oportunidades y las barreras para un sistema inclusivo de educación?”

El documento resume en diez hojas el procedimiento del estudio, la metodología de investigación, los resultados y las conclusiones, en tres niveles, macro, meso y micro; indica que en marzo del año en curso la investigación en su totalidad estará disponible en el sitio web www.refie.org.

En el apartado Resumen de la discusión se expone el concepto inicial de educación inclusiva en el nivel macro; el cual se ha enfocado en alumnos con necesidades educativas especiales, en concepto de discapacidades de distintos tipos. Se observó que hay otros contextos que provocan la ausencia de una educación inclusiva, como por ejemplo, la extrema pobreza, algunas características del entorno familiar, las expectativas educativas diferentes por género, la ausencia de estrategias pedagógicas favorables en el aula, y la necesidad de sistemas de apoyo para alumnos y docentes.

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Los resultados se centran en cuatro partes: las perspectivas de educación inclusiva expresados por los actores de los tres niveles del sistema educativo (macro, meso y micro), las oportunidades para la educación inclusiva, las barreras para la educación inclusiva y los retos para lograr un sistema educativo inclusivo.

Se arribaron a estas conclusiones reuniendo información y experiencias por medio de grupos focales en los tres niveles; se trabajó en seis escuelas, usándolas como estudios de caso, en dos ambientes, contextual y personal. Además se revisaron fuentes de documentación sobre la educación inclusiva en Guatemala, concluyendo que la legislación se enfoca primordialmente en la discapacidad física, no abarca los otros factores que debe enfrentar una política de inclusión.

Aunado a la necesidad de fortalecimiento de las normativas para la inclusión, en el aula es necesario aplicar la metodología educativa con flexibilidad y con la meta de alcanzar a toda la población estudiantil indistinto de las necesidades especiales que presente, sean resultado de pobreza, de idioma, trabajo infantil, género, inseguridad alimenticia, carencia de escuelas en áreas tanto rurales como municipales.

Todo estos aspectos van acompañados por actitudes que pueden frenar una inclusión. Se discutió en este espacio, después de la puesta en común sobre la educación inclusiva durante el Congreso de Calidad Educativa del mes de diciembre del año pasado, la imperante necesidad del cambio en actitudes. Los participantes de entonces , de cuatro distintos sectores que trabajan en inclusión, enfatizaron que ese cambio de actitud en todos es esencial.

El acceso a la educación es un derecho humano fundamental, es un derecho constitucional. La igualdad está implícita en los derechos fundamentales por el uso de la palabra “todo” y es explicito en la Constitución Política de la República.

Entonces, nace el enigma.

Si la palabra “todo” significa “…Que se toma o se comprende enteramente en la entidad o en el numero.” DRAE , es curioso que dentro de la población aproximada de cuatro millones de estudiantes que está en el sistema educativo, de los cuales un millón, aproximadamente, pertenece al sector privado, ¿porqué no se contemplaron en el estudio? El alumnado que cursa en centros educativos privados comprende una cuarta parte del total de los estudiantes; comparten los retos de inclusión. ¿Por qué no se incluyó a esa población?

Se excluyó una cuarta parte de la población en un estudio de inclusión. La radiografía presentada no es exacta; para confirmar la validez de los resultados, es necesario incluir a todos los centros educativos mencionados en el Art. 19 de la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo 12-91: público, privado o por cooperativa.

El tema es inclusión educativa.