El gobierno de Otto Pérez Molina es, desde hace rato, un gobierno que no tiene legitimidad y que está “pegado con alfileres”. Esa, podría ser la misma situación que afrontaría el gobernante que salga electo en las próximas elecciones. Esto representa grandes riesgos de gobernabilidad, lo cual podría dar paso al incremento de la violencia, una mayor incertidumbre para la inversión, estancamiento del crecimiento económico y aumento de la migración, entre otros efectos, de una débil y cuestionada “institucionalidad”.
En México, hace algunos años, en diciembre de 2006 para ser precisos, luego de un ajustado resultado electoral, Felipe Calderón Hinojosa, tomó posesión como Presidente del vecino país, en medio de críticas de supuesto fraude electoral. La sesión del Congreso de aquel 01 de diciembre es histórica en la política mexicana. Calderón tuvo que tomar protesta de su cargo entrando por la puerta trasera del edificio parlamentario de San Lázaro, con fuerte presencia de elementos de seguridad policial y militar y la sonora rechifla de la oposición. Su principal opositor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desconociendo los resultados certificados por la autoridad electoral, instaló lo que él denominó un “gobierno legítimo” con un gabinete en la sombra. Todo aquello, estuvo acompañado de masivas concentraciones que pusieron a México en una grave crisis política.
Entre las primeras acciones de Calderón, ya como Presidente, se tiene su decisión de aumentar el salario a las fuerzas militares y policiales, así como el inicio de su “guerra contra el narcotráfico”. Esta “guerra”, tuvo el claro objetivo de “legitimar” ante la población, un gobierno que estaba siendo severamente cuestionado y con problemas de gobernabilidad.
Menciono el caso de Calderón en México, porque algo de esto podría ocurrir en Guatemala dentro de pocos meses. Seamos sinceros, las actuales elecciones no encantan y han sido la ocasión para que un ente internacional como la CICIG, haya puesto al desnudo, con su informe sobre el financiamiento de la política en Guatemala, a una partidocracia que se alimenta y vive de los recursos provenientes de la corrupción y las redes criminales. Esto no es algo que no supiéramos antes; lo nuevo aquí, es que algunos –porque aún faltan más- casos de políticos y candidatos corruptos se lleven a tribunales y que la sociedad guatemalteca demande transparencia y un alto a la corrupción.
La crisis política que atraviesa nuestro país desde el pasado 16 de abril, no parece solucionarse con las elecciones de septiembre y octubre próximos. Para legitimarse, el gobierno que salga electo podría imitar a Calderón e iniciar una serie de “golpes de efecto”. Una de esas acciones, de entrada, sería ganar el favor –y, control- de las fuerzas militares y policiales e iniciar en algunos territorios del país una versión chapina de “guerra contra las drogas”. El siguiente paso sería ganar el favor y respaldo de Washington. Ver armamento pesado, con soldados y policías en territorios como Huehuetenango, Peten, Alta Verapaz, San Marcos y la Costa Sur, por mencionar algunos, para limpiarlos de “narcos” es algo que le encanta y aplaudiría la Embajada y su gobierno ¿O, no? La supuesta “guerra” se transmitiría en horario estelar, para que millones de televidentes puedan observar a las fuerzas de seguridad en acción. Con la Embajada de su lado, el nuevo gobierno puede tender puentes con otros actores ya sean empresariales, sociales y políticos.
La variable que no miden los políticos y las élites de algunos sectores es el vigor de la protesta ciudadana. A diferencia del caso de México, que tuvo en AMLO al principal dirigente y convocante opositor, las protestas en Guatemala son más horizontales y ya llevan tres meses sin parar. Y parece que no cesarán, aún con las elecciones. Ya no se quiere más de lo mismo.
Sería penoso que el próximo gobernante de Guatemala, como le ocurrió a Calderón, tomara posesión en medio de masivas protestas ciudadanas y que tenga que acudir a “salvavidas” para obtener una legitimidad que los ciudadanos no están dispuestos a darle a cualquiera que venga de la partidocracia tradicional. Tendríamos, entonces, por demás un gobierno débil e ilegítimo.
@bequerchocooj
El gobierno de Otto Pérez Molina es, desde hace rato, un gobierno que no tiene legitimidad y que está “pegado con alfileres”. Esa, podría ser la misma situación que afrontaría el gobernante que salga electo en las próximas elecciones. Esto representa grandes riesgos de gobernabilidad, lo cual podría dar paso al incremento de la violencia, una mayor incertidumbre para la inversión, estancamiento del crecimiento económico y aumento de la migración, entre otros efectos, de una débil y cuestionada “institucionalidad”.
En México, hace algunos años, en diciembre de 2006 para ser precisos, luego de un ajustado resultado electoral, Felipe Calderón Hinojosa, tomó posesión como Presidente del vecino país, en medio de críticas de supuesto fraude electoral. La sesión del Congreso de aquel 01 de diciembre es histórica en la política mexicana. Calderón tuvo que tomar protesta de su cargo entrando por la puerta trasera del edificio parlamentario de San Lázaro, con fuerte presencia de elementos de seguridad policial y militar y la sonora rechifla de la oposición. Su principal opositor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desconociendo los resultados certificados por la autoridad electoral, instaló lo que él denominó un “gobierno legítimo” con un gabinete en la sombra. Todo aquello, estuvo acompañado de masivas concentraciones que pusieron a México en una grave crisis política.
Entre las primeras acciones de Calderón, ya como Presidente, se tiene su decisión de aumentar el salario a las fuerzas militares y policiales, así como el inicio de su “guerra contra el narcotráfico”. Esta “guerra”, tuvo el claro objetivo de “legitimar” ante la población, un gobierno que estaba siendo severamente cuestionado y con problemas de gobernabilidad.
Menciono el caso de Calderón en México, porque algo de esto podría ocurrir en Guatemala dentro de pocos meses. Seamos sinceros, las actuales elecciones no encantan y han sido la ocasión para que un ente internacional como la CICIG, haya puesto al desnudo, con su informe sobre el financiamiento de la política en Guatemala, a una partidocracia que se alimenta y vive de los recursos provenientes de la corrupción y las redes criminales. Esto no es algo que no supiéramos antes; lo nuevo aquí, es que algunos –porque aún faltan más- casos de políticos y candidatos corruptos se lleven a tribunales y que la sociedad guatemalteca demande transparencia y un alto a la corrupción.
La crisis política que atraviesa nuestro país desde el pasado 16 de abril, no parece solucionarse con las elecciones de septiembre y octubre próximos. Para legitimarse, el gobierno que salga electo podría imitar a Calderón e iniciar una serie de “golpes de efecto”. Una de esas acciones, de entrada, sería ganar el favor –y, control- de las fuerzas militares y policiales e iniciar en algunos territorios del país una versión chapina de “guerra contra las drogas”. El siguiente paso sería ganar el favor y respaldo de Washington. Ver armamento pesado, con soldados y policías en territorios como Huehuetenango, Peten, Alta Verapaz, San Marcos y la Costa Sur, por mencionar algunos, para limpiarlos de “narcos” es algo que le encanta y aplaudiría la Embajada y su gobierno ¿O, no? La supuesta “guerra” se transmitiría en horario estelar, para que millones de televidentes puedan observar a las fuerzas de seguridad en acción. Con la Embajada de su lado, el nuevo gobierno puede tender puentes con otros actores ya sean empresariales, sociales y políticos.
La variable que no miden los políticos y las élites de algunos sectores es el vigor de la protesta ciudadana. A diferencia del caso de México, que tuvo en AMLO al principal dirigente y convocante opositor, las protestas en Guatemala son más horizontales y ya llevan tres meses sin parar. Y parece que no cesarán, aún con las elecciones. Ya no se quiere más de lo mismo.
Sería penoso que el próximo gobernante de Guatemala, como le ocurrió a Calderón, tomara posesión en medio de masivas protestas ciudadanas y que tenga que acudir a “salvavidas” para obtener una legitimidad que los ciudadanos no están dispuestos a darle a cualquiera que venga de la partidocracia tradicional. Tendríamos, entonces, por demás un gobierno débil e ilegítimo.
@bequerchocooj