Corre y va de nuevo. La Ley Electoral es nuevamente objeto de discusión y debate. Pero no nos emocionemos. El debate solo se está dando en la sociedad, en algunos espacios cerrados. De debate público en el Congreso hemos visto muy poco. Se aprobó en primera, segunda y tercera lectura. Los políticos han ido posponiendo el momento de fijar una postura. Algunos dicen que la ley se ha discutido por diez años y ya hay consenso. ¿De verdad?
Si al consenso le llamamos incluir las propuestas de todos, aunque sean contradictorias, entonces sí, hay consensos. Pero si el consenso significa que hay una visión clara de largo plazo con respecto a las prioridades para reformar el sistema político, entonces dicho acuerdo de nación aún no existe.
Lo lamentable es que nos han querido vender la idea que la reforma a la Ley Electoral en discusión es parte “del clamor popular”. Ciertamente, existe un acuerdo nacional sobre la necesidad de reformar el sistema político, pero eso no significa que todos estemos de acuerdo con el contenido de la ley que podría ser aprobada mañana.
Veamos algunas de las disposiciones más polémicas de esta iniciativa: la paridad en la conformación de listados. La iniciativa es legítima. Parte de la visión que la poca participación de indígenas y mujeres es resultado de la falta de mecanismos legales de acción afirmativa. Aunque no comparto esa visión, la respeto. Sin embargo, ¿fue la paridad una de las demandas ciudadanas en las múltiples protestas del 2015? Pareciera que no. Desde mi perspectiva, la paridad es una demanda de grupos organizados, que en todo su derecho, han buscado por años que las cuotas sean introducidas en la legislación. No obstante, no nos engañemos, esto no es parte del “clamor de la plaza”, ni tampoco una de las exigencias ciudadanas.
¿Significa que no se debe hacer nada para promover la participación de las mujeres y los indígenas? Por supuesto que no. La participación de todos los sectores en política es deseable y necesaria. Para que eso suceda, debe cambiar la cultura política del país. Se debe buscar que tanto las mujeres como los indígenas tengan acceso a oportunidades en la vida económica y política, gracias a sus capacidades y mérito.
Otro tema controversial: el acceso gratuito e igualitario de los partidos a los medios de comunicación, financiado por el Estado. Esta propuesta ya existía mucho antes de la crisis del 2015 y surge del argumento que la falta de equidad en la distribución de espacios da ventaja a unos partidos sobre otros, generando una necesidad mayor de recursos, y por ende, abriendo la puerta al financiamiento ilícito.
Sin embargo, ¿En realidad los guatemaltecos quieren pagar las campañas de partidos políticos tradicionales? ¿En realidad el acceso gratuito a medios hace a los partidos más representativos? No existe ningún caso en el mundo en el que la igualdad en el acceso a medios haya mejorado sustancialmente la democracia. Me pregunto, ¿Por qué debo yo financiar indirectamente, a través de mis impuestos, una expresión de izquierda que no me representa?
Por último, me parece riesgosa la actitud de muchas personas al momento de abordar esta discusión. Por un lado, se mal interpreta la oposición a parte del contenido de la ley como una defensa del status quo. “Vos querés que todo siga igual” es usualmente la reprimenda. Por otro lado, algunos hablan de que si la reforma no da resultado, después se puede volver a reformar la ley. Esto a mí me muestra que no existe una visión estratégica, sino más bien, una visión coyuntural, que luego puede hacernos mucho daño. El famoso “¡Probemos a ver qué sale, muchá!”
¿Hay cambios positivos en esta ley? Definitivamente sí. Las reformas en materia de financiamiento político podrían ser un avance importante, al poner atención no solo a las finanzas del partido, sino también a las de los candidatos. También hay avance en cuanto a requisitos de organización y la representación de minorías, aunque no necesariamente se tenga los efectos esperados al combinarse con otras disposiciones.
En lo personal, creo firmemente en la necesidad de la reforma, pero esta debe tener un objetivo claro. Si nos concentráramos en reducir la corrupción en el financiamiento político, así como mejorar los procesos de selección de autoridades y candidatos de los partidos, lograríamos un gran avance. El resto de disposiciones quizás sean importantes, pero en este contexto solamente dividen, y nos podrían hacer perder la oportunidad de lograr un cambio importante en nuestra manera de ver, entender, y hacer política en Guatemala.
Corre y va de nuevo. La Ley Electoral es nuevamente objeto de discusión y debate. Pero no nos emocionemos. El debate solo se está dando en la sociedad, en algunos espacios cerrados. De debate público en el Congreso hemos visto muy poco. Se aprobó en primera, segunda y tercera lectura. Los políticos han ido posponiendo el momento de fijar una postura. Algunos dicen que la ley se ha discutido por diez años y ya hay consenso. ¿De verdad?
Si al consenso le llamamos incluir las propuestas de todos, aunque sean contradictorias, entonces sí, hay consensos. Pero si el consenso significa que hay una visión clara de largo plazo con respecto a las prioridades para reformar el sistema político, entonces dicho acuerdo de nación aún no existe.
Lo lamentable es que nos han querido vender la idea que la reforma a la Ley Electoral en discusión es parte “del clamor popular”. Ciertamente, existe un acuerdo nacional sobre la necesidad de reformar el sistema político, pero eso no significa que todos estemos de acuerdo con el contenido de la ley que podría ser aprobada mañana.
Veamos algunas de las disposiciones más polémicas de esta iniciativa: la paridad en la conformación de listados. La iniciativa es legítima. Parte de la visión que la poca participación de indígenas y mujeres es resultado de la falta de mecanismos legales de acción afirmativa. Aunque no comparto esa visión, la respeto. Sin embargo, ¿fue la paridad una de las demandas ciudadanas en las múltiples protestas del 2015? Pareciera que no. Desde mi perspectiva, la paridad es una demanda de grupos organizados, que en todo su derecho, han buscado por años que las cuotas sean introducidas en la legislación. No obstante, no nos engañemos, esto no es parte del “clamor de la plaza”, ni tampoco una de las exigencias ciudadanas.
¿Significa que no se debe hacer nada para promover la participación de las mujeres y los indígenas? Por supuesto que no. La participación de todos los sectores en política es deseable y necesaria. Para que eso suceda, debe cambiar la cultura política del país. Se debe buscar que tanto las mujeres como los indígenas tengan acceso a oportunidades en la vida económica y política, gracias a sus capacidades y mérito.
Otro tema controversial: el acceso gratuito e igualitario de los partidos a los medios de comunicación, financiado por el Estado. Esta propuesta ya existía mucho antes de la crisis del 2015 y surge del argumento que la falta de equidad en la distribución de espacios da ventaja a unos partidos sobre otros, generando una necesidad mayor de recursos, y por ende, abriendo la puerta al financiamiento ilícito.
Sin embargo, ¿En realidad los guatemaltecos quieren pagar las campañas de partidos políticos tradicionales? ¿En realidad el acceso gratuito a medios hace a los partidos más representativos? No existe ningún caso en el mundo en el que la igualdad en el acceso a medios haya mejorado sustancialmente la democracia. Me pregunto, ¿Por qué debo yo financiar indirectamente, a través de mis impuestos, una expresión de izquierda que no me representa?
Por último, me parece riesgosa la actitud de muchas personas al momento de abordar esta discusión. Por un lado, se mal interpreta la oposición a parte del contenido de la ley como una defensa del status quo. “Vos querés que todo siga igual” es usualmente la reprimenda. Por otro lado, algunos hablan de que si la reforma no da resultado, después se puede volver a reformar la ley. Esto a mí me muestra que no existe una visión estratégica, sino más bien, una visión coyuntural, que luego puede hacernos mucho daño. El famoso “¡Probemos a ver qué sale, muchá!”
¿Hay cambios positivos en esta ley? Definitivamente sí. Las reformas en materia de financiamiento político podrían ser un avance importante, al poner atención no solo a las finanzas del partido, sino también a las de los candidatos. También hay avance en cuanto a requisitos de organización y la representación de minorías, aunque no necesariamente se tenga los efectos esperados al combinarse con otras disposiciones.
En lo personal, creo firmemente en la necesidad de la reforma, pero esta debe tener un objetivo claro. Si nos concentráramos en reducir la corrupción en el financiamiento político, así como mejorar los procesos de selección de autoridades y candidatos de los partidos, lograríamos un gran avance. El resto de disposiciones quizás sean importantes, pero en este contexto solamente dividen, y nos podrían hacer perder la oportunidad de lograr un cambio importante en nuestra manera de ver, entender, y hacer política en Guatemala.