El pasado jueves 3 de marzo a la 1 a.m. fue asesinada la hondureña Berta Cáceres, líder indígena y activista-defensora del medio ambiente en aquel vecino país. Los medios han cubierto la noticia aludiendo al móvil del crimen como uno de índole “político” o medio-ambiental; tanto su madre como una de sus hijas así lo han señalado.
Su lucha por impedir la instalación de una hidroeléctrica (Agua Zarca) la llevó a fundar el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y a asociarse con otras organizaciones de activistas: Otros Mundos Chiapas (México) y Amigos de la Tierra (España), ambas influidas por la izquierda radical. Durante su gestión no faltaron—hay que decirlo, las violaciones a la vida y a la propiedad privada de la empresa y algunos de sus miembros.
Sobre el caso en particular y luego de examinar varios medios de comunicación, me surgen varias dudas de su asesinato que seguramente el ente investigador hondureño deberá resolver: ¿porqué Berta Cáceres se encontraba en una vivienda diferente a la que se había acordado proteger por parte de la Secretaría de Seguridad de Honduras? Al momento del ataque (1 a.m.), otro activista, el mexicano Gustavo Castro Soto de la organización Otros Mundos Chiapas, se encontraba con ella. ¿Porqué intentó salir de Honduras el domingo 6 de marzo habiendo sido él testigo ocular de los hechos? ¿Porqué se encontraban juntos al momento del ataque?
En Guatemala, mientras tanto, la reciente manifestación a manera de plantón que hacen personas de La Puya exigiendo el cierre del proyecto minero Progreso VII Derivadas (San José del Golfo), también tiene graves repercusiones. Primero, el desgaste de las personas y sus familias; según uno de los manifestantes pasarán ahí los “años que sean necesarios”. Asimismo, la confrontación y la polarización política que viene por añadidura y la instrumentalización de estos grupos por parte de ONGs perversas por agitadoras y financistas. Todo un círculo vicioso.
Pero bien, no es mi propósito aquí ni resolver casos de asesinato ni defender a una u otra parte en los conflictos. Mi objetivo más bien es hacer notar la causa de origen de la conflictividad ambiental en Guatemala y América Latina, y proponer una solución alternativa.
La causa de origen de todos estos males es el reconocimiento jurídico y el paradigma popular de concebir el agua y el subsuelo, por ejemplo, como bienes comunes o de dominio público, por tanto, sujetos de la administración del gobierno. Esa y no la violencia, esa y no los permisos que el Estado otorga a manera de licencias, es la causa de estos problemas. La violencia y la confrontación son solo el resultado de semejante sistema.
Si el subsuelo fuese de esas personas y no del Estado, si el agua de los ríos estuviese bajo un sistema de claros derechos de propiedad o fuesen privados, ni Berta Cáceres ni los pobladores de La Puya tuviesen que pagar tan alto su descontento con las actividades mineras o de generación eléctrica.
Los derechos de propiedad otorgan, en primera instancia, el poder de elegir libremente a sus poseedores el destino de sus bienes. De querer construir una hidroeléctrica o explotar una mina ellos podrían establecer contratos privados, los cuales deberán contemplar utilidades y el cumplimiento de ciertos estándares ambientales. De incumplir dichos contratos, el sistema de justicia deberá intervenir para dirimirlo o resarcir a la víctima. Hasta ahí y sólo ahí la intervención del Estado.
Mucho cuidado porque estos casos solo abonan a una victimización sin sentido, se idealiza de forma incorrecta la defensa de los recursos naturales, fortalecen un movimiento perverso que nos arrastra a la polarización política y reivindica un sistema estatista y mercantilista que sólo conduce a más pobreza y violencia. Los derechos de propiedad o propiedad privada, en cambio, devuelve el poder al ciudadano, extrae lo mejor de los involucrados y nos conduce a soluciones pacíficas y voluntarias. ¡Si quieres poner en riesgo tu vida por un sanate o por el agua, hazlo, estás en tú derecho, sólo toma en cuenta siempre el porqué de tú legado!
___________________
Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus opiniones se publican en República.gt, Rana, Diario AltaVoz (Perú) y NotiMinuto (Venezuela).
El pasado jueves 3 de marzo a la 1 a.m. fue asesinada la hondureña Berta Cáceres, líder indígena y activista-defensora del medio ambiente en aquel vecino país. Los medios han cubierto la noticia aludiendo al móvil del crimen como uno de índole “político” o medio-ambiental; tanto su madre como una de sus hijas así lo han señalado.
Su lucha por impedir la instalación de una hidroeléctrica (Agua Zarca) la llevó a fundar el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y a asociarse con otras organizaciones de activistas: Otros Mundos Chiapas (México) y Amigos de la Tierra (España), ambas influidas por la izquierda radical. Durante su gestión no faltaron—hay que decirlo, las violaciones a la vida y a la propiedad privada de la empresa y algunos de sus miembros.
Sobre el caso en particular y luego de examinar varios medios de comunicación, me surgen varias dudas de su asesinato que seguramente el ente investigador hondureño deberá resolver: ¿porqué Berta Cáceres se encontraba en una vivienda diferente a la que se había acordado proteger por parte de la Secretaría de Seguridad de Honduras? Al momento del ataque (1 a.m.), otro activista, el mexicano Gustavo Castro Soto de la organización Otros Mundos Chiapas, se encontraba con ella. ¿Porqué intentó salir de Honduras el domingo 6 de marzo habiendo sido él testigo ocular de los hechos? ¿Porqué se encontraban juntos al momento del ataque?
En Guatemala, mientras tanto, la reciente manifestación a manera de plantón que hacen personas de La Puya exigiendo el cierre del proyecto minero Progreso VII Derivadas (San José del Golfo), también tiene graves repercusiones. Primero, el desgaste de las personas y sus familias; según uno de los manifestantes pasarán ahí los “años que sean necesarios”. Asimismo, la confrontación y la polarización política que viene por añadidura y la instrumentalización de estos grupos por parte de ONGs perversas por agitadoras y financistas. Todo un círculo vicioso.
Pero bien, no es mi propósito aquí ni resolver casos de asesinato ni defender a una u otra parte en los conflictos. Mi objetivo más bien es hacer notar la causa de origen de la conflictividad ambiental en Guatemala y América Latina, y proponer una solución alternativa.
La causa de origen de todos estos males es el reconocimiento jurídico y el paradigma popular de concebir el agua y el subsuelo, por ejemplo, como bienes comunes o de dominio público, por tanto, sujetos de la administración del gobierno. Esa y no la violencia, esa y no los permisos que el Estado otorga a manera de licencias, es la causa de estos problemas. La violencia y la confrontación son solo el resultado de semejante sistema.
Si el subsuelo fuese de esas personas y no del Estado, si el agua de los ríos estuviese bajo un sistema de claros derechos de propiedad o fuesen privados, ni Berta Cáceres ni los pobladores de La Puya tuviesen que pagar tan alto su descontento con las actividades mineras o de generación eléctrica.
Los derechos de propiedad otorgan, en primera instancia, el poder de elegir libremente a sus poseedores el destino de sus bienes. De querer construir una hidroeléctrica o explotar una mina ellos podrían establecer contratos privados, los cuales deberán contemplar utilidades y el cumplimiento de ciertos estándares ambientales. De incumplir dichos contratos, el sistema de justicia deberá intervenir para dirimirlo o resarcir a la víctima. Hasta ahí y sólo ahí la intervención del Estado.
Mucho cuidado porque estos casos solo abonan a una victimización sin sentido, se idealiza de forma incorrecta la defensa de los recursos naturales, fortalecen un movimiento perverso que nos arrastra a la polarización política y reivindica un sistema estatista y mercantilista que sólo conduce a más pobreza y violencia. Los derechos de propiedad o propiedad privada, en cambio, devuelve el poder al ciudadano, extrae lo mejor de los involucrados y nos conduce a soluciones pacíficas y voluntarias. ¡Si quieres poner en riesgo tu vida por un sanate o por el agua, hazlo, estás en tú derecho, sólo toma en cuenta siempre el porqué de tú legado!
___________________
Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus opiniones se publican en República.gt, Rana, Diario AltaVoz (Perú) y NotiMinuto (Venezuela).