Una opinión generalizada es que mucha de la problemática del gobierno y su subsecuente ineficacia y opacidad operativa deviene de designios estructurales (sean intencionales o no). Es decir, el andamiaje tanto legal como institucional contiene errores sistemáticos que generan incentivos perversos o campos de discrecionalidad que resultan en realidades verdaderamente obtusas, tales como nuestro actual sistema electoral.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) promulgada originalmente en 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente junto con la nueva Constitución Política de la República, pretendía darle un “nuevo tratamiento legal” al desarrollo de las ideas políticas de la época concernientes al ejercicio de los derechos ciudadanos en organizaciones políticas, derechos políticos y a la autoridad electoral.
Luego de un experimento de más de treinta años en donde la clase política, tanto tradicional como emergente, se ha aprovechado de los defectos de la LEPP a su antojo, la reforma de la misma ha sido una de las demandas populares más importantes y constantes.
Por lo anterior, una reforma profunda (y no cosmética) de la LEPP se ha convertido en una de las promesas de campaña más reincidentes y vacías en los diversos ciclos electorales. Pedirle al político que reforme y transparente la forma en que él mismo ha llegado y se ha perpetuado en el poder, se pensaba, era pedirle peras al olmo.
Lo que faltaba era que como sociedad abriéramos lo ojos. Faltaba que ocurriera una hecatombe política para que nos hartásemos de una vez por todas con el status quo. Tomó, a grandes rasgos, el despertar ciudadano del año pasado, las demandas de la Plaza, y un esfuerzo conjunto de diversos sectores de la sociedad civil (muchos de los cuales han empujado siempre el tema) para que la clase política, nuestro amado dinosaurio, tuviese la voluntad de debatir con seriedad una serie de propuestas para reformar la LEPP.
Si bien el paquete de reformas iniciales fue parcialmente destazada por el Legislativo (algo de esperar), las reformas actuales es un excelente avance y la sanción por parte del presidente Morales deben ser consideradas como un triunfo para la sociedad civil –un primer (pero fundamental) paso en pos de un sistema electoral más transparente y sin influencias obscuras corruptoras.
En las reformas actuales se tocan temas clave como la financiación de partidos, el fortalecimiento del TSE y la regulación de las pautas electorales –tres aristas fundamentales en la reforma estructural del sistema electoral. Las críticas en torno a esta reforma no se basan en su contenido sino en lo que no se tomó en cuenta. Por esto, es importante y acertada la postura del presidente Morales de solicitar una segunda serie de reformas luego de haber sancionado la primera. Finalmente y, a pesar de cierto desgaste político antes de la sanción, Morales acuerpa demandas ciudadanas imperantes.
Si bien las reformas a la LEPP no conllevan la profundidad y celeridad que la ciudadanía esperaba, es necesario recordar que los cambios estructurales dentro de una democracia republicana son lentos. Sin embargo, no debemos menospreciar estas reformas iniciales, ya que tendrán un gran impacto en las próximas elecciones. Esto es una muestra de la nueva política. ¡Felicidades Guatemala! A seguir adelante.
Jorge V. Ávila Prera
@jorgeavilaprera
Una opinión generalizada es que mucha de la problemática del gobierno y su subsecuente ineficacia y opacidad operativa deviene de designios estructurales (sean intencionales o no). Es decir, el andamiaje tanto legal como institucional contiene errores sistemáticos que generan incentivos perversos o campos de discrecionalidad que resultan en realidades verdaderamente obtusas, tales como nuestro actual sistema electoral.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) promulgada originalmente en 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente junto con la nueva Constitución Política de la República, pretendía darle un “nuevo tratamiento legal” al desarrollo de las ideas políticas de la época concernientes al ejercicio de los derechos ciudadanos en organizaciones políticas, derechos políticos y a la autoridad electoral.
Luego de un experimento de más de treinta años en donde la clase política, tanto tradicional como emergente, se ha aprovechado de los defectos de la LEPP a su antojo, la reforma de la misma ha sido una de las demandas populares más importantes y constantes.
Por lo anterior, una reforma profunda (y no cosmética) de la LEPP se ha convertido en una de las promesas de campaña más reincidentes y vacías en los diversos ciclos electorales. Pedirle al político que reforme y transparente la forma en que él mismo ha llegado y se ha perpetuado en el poder, se pensaba, era pedirle peras al olmo.
Lo que faltaba era que como sociedad abriéramos lo ojos. Faltaba que ocurriera una hecatombe política para que nos hartásemos de una vez por todas con el status quo. Tomó, a grandes rasgos, el despertar ciudadano del año pasado, las demandas de la Plaza, y un esfuerzo conjunto de diversos sectores de la sociedad civil (muchos de los cuales han empujado siempre el tema) para que la clase política, nuestro amado dinosaurio, tuviese la voluntad de debatir con seriedad una serie de propuestas para reformar la LEPP.
Si bien el paquete de reformas iniciales fue parcialmente destazada por el Legislativo (algo de esperar), las reformas actuales es un excelente avance y la sanción por parte del presidente Morales deben ser consideradas como un triunfo para la sociedad civil –un primer (pero fundamental) paso en pos de un sistema electoral más transparente y sin influencias obscuras corruptoras.
En las reformas actuales se tocan temas clave como la financiación de partidos, el fortalecimiento del TSE y la regulación de las pautas electorales –tres aristas fundamentales en la reforma estructural del sistema electoral. Las críticas en torno a esta reforma no se basan en su contenido sino en lo que no se tomó en cuenta. Por esto, es importante y acertada la postura del presidente Morales de solicitar una segunda serie de reformas luego de haber sancionado la primera. Finalmente y, a pesar de cierto desgaste político antes de la sanción, Morales acuerpa demandas ciudadanas imperantes.
Si bien las reformas a la LEPP no conllevan la profundidad y celeridad que la ciudadanía esperaba, es necesario recordar que los cambios estructurales dentro de una democracia republicana son lentos. Sin embargo, no debemos menospreciar estas reformas iniciales, ya que tendrán un gran impacto en las próximas elecciones. Esto es una muestra de la nueva política. ¡Felicidades Guatemala! A seguir adelante.
Jorge V. Ávila Prera
@jorgeavilaprera