Si bien los grandes debates políticos vienen en la postura que desde el gobierno debe tenerse respecto a los sistema de seguridad en caso de necesidades apremiantes, lo que pocas veces se discute es el tipo de incentivos que se colocan en cada tipo de plan instaurado.
Los sistemas de seguridad, como la previsión social, la salud para el más necesitado o la educación del vulnerable pueden causar problemas de incentivos en la sociedad que lo distorsionen enormemente.
Un sistema de reparto, es decir, pagado de fondos generales o sin correlación entre pago y beneficio puede instaurar una especie de pleito entre los que pagan y los que se benefician. Se vuelve una lucha por la obstención de más recursos y beneficios frente a los que los pagan que no perciben nada a cambio. Otros sistemas de pago directos pueden, a su vez, ser incapaces de ayudar a quienes no tienen ningún recurso para sufragarlos. Esta dicotomía no tiene salida fácil. En ambos extremos se causan injusticias del mismo nivel y se colocan incentivos para actuar a modo de resolverse directamente la injusticia percibida.
Si usamos de ejemplo una carretera o un puente, como método de ilustración, podemos tratar de moldear un sistema que resuelva los dos extremos. Si construimos una carretera de punta A al B, que une dos esos dos poblados con 2 millones de habitantes cada uno, podemos tomar dos caminos para sufragar su construcción y mantenimiento. La forma 1 es repartir la cuenta entre 4 millones. La forma 2 es repartir la cuenta entre quienes usen el tramo, mientras lo usen.
El problema de la forma 1 es que muchos de las 4 millones no usarán nunca en su vida el tramo carretero, unos porque no tienen necesidad de usarlo -quizás tienen helicóptero- y otros porque no tienen capacidad de usarlo -carecen de medios para viajar. Sin embargo, todos pagan alguna cuota -impuestos- de manera directa o indirecta, sin que ese uso de recursos les presente beneficio alguno.
La forma 2, cobro directo, peaje, tiene el problema que en el caso de una emergencia, quien tiene la necesidad apremiante, requerirá los recursos para usarlo, así como para pagar el peaje y si es de un estrato muy pobre, le será imposible de manera directa cubrir ese costo.
Ahora bien, el reto como sociedad es encontrar el mecanismo para tender a la forma 2, sin desatender esas necesidades, pues la forma 1 resulta aún más injusta, dado que en el caso en cuestión, la carretera que debe servir para todos, especialmente los más necesitados, de todos modos no cubre a esos más necesitados, aunque el dinero se usó en ese proyecto y no en atender de mejor manera necesidades más apremiantes de ese grupo. Eso sí, cobrando el costo del proyecto a quienes pueden pagarlo, incluido quien tiene el helicóptero, quien sentirá que ya ha aportado por los más necesitados y por tanto su capacidad de solidaridad se podrá ver mermada.

Este dilema existe siempre. La salida no es ampliar los proyectos estatales, sino enfocarnlos recursos únicamente a beneficiar los grupos más vulnerables, de manera temporal y subsidiaria, impulsando la menor necesidad de ayuda pública, no la mayor dependencia de los servicios públicos en la ciudadanía.

El reto es diseñar un gobierno con ese enfoque. No sólo hará al gobierno más eficaz, sino que reducirá la capacidad de gestar corrupción en su seno.