En una sociedad democrática, republicana y civilizada, la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) es fundamental para garantizar los derechos individuales de los ciudadanos del país. Pero, ¿qué pasa cuando un poder, específicamente el Judicial continuamente interfiere contra los otros dos sometiéndolos a sus decisiones arbitrarias? Simple y sencillamente las garantías constitucionales se pierden, se crea una falta de certeza jurídica y quedamos todos sometidos al poder absoluto de los magistrados que conforman en este momento esas máximas cortes como la CSJ (Corte Suprema de Justicia) y la CC (Corte de Constitucionalidad).
Tanto la CSJ como la CC, especialmente ésta última, han adquirido un enorme poder que domina y ata al poder ejecutivo y al legislativo, quienes tienen que acatar lo que decida la CC. Esto rompió la división de poderes o, dicho de otro modo, nuestro sistema de pesos y balances ya no es funcional.
Cuando ambas cortes emiten resoluciones que no son coherentes ni en base a los mismos principios ni en el transcurrir del tiempo se crea una enorme variabilidad en la legislación y se genera una gran inseguridad jurídica. Lo vemos cuando a unas personas las dejan con prisión preventiva sin derecho a medidas sustitutivas y a otras si se las dan, lo vemos cuando se suspende temporalmente la operación de una empresa que cumplió con todos los requisitos para operar legalmente en el país tal como la Mina San Rafael, pero no se termina de resolver porque hay intenciones que desconocemos para que el caso no se soluciones, lo vemos cuando se suspende a una empresa que invirtió millones en generación de energía hidroeléctrica, Oxec I y II, pero se le da una solución parcial para que vuelva a operar que está sujeta al criterio posterior de los juzgadores después que la empresa cumpla con lo ordenado, lo vemos cuando en menos de 24 horas la CC emite una resolución contra el presidente para que deje sin efecto una actuación que corresponde única y exclusivamente al ejecutivo, lo vemos cuando las cortes se toman todo el tiempo del mundo, atrasando unos casos y acelerando otros por pura conveniencia política e ideológico, lo vemos cuando se persiguen a unos pero no a otros rompiendo con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y hay muchos otros casos con los que podríamos llenar páginas de arbitrariedades que causan que la percepción de todos los guatemaltecos e incluso inversionistas extranjeros sientan una falta de certeza jurídica.
Las cortes, con su actuar, terminan frenando las inversiones en el país. Sólo las inversiones permiten que la gente pueda mejorar su nivel de vida. Sólo las inversiones en maquinaria y herramienta que incrementa la productividad generan crecimiento económico y riqueza para todos. La falta de certeza jurídica debida a actuaciones arbitrarias, politizadas e ideológicas de las cortes hacen menos atractivo a nuestro país para nuevas inversiones. Incluso quienes ya tienen inversiones en el país deciden esperar a ver qué pasa para decidir si reinvierten más en Guatemala o se van a otro país. Así de grave está la situación en este momento.
El activismo político e ideológico de las cortes está afectando negativamente el crecimiento económico de Guatemala. Algunos se quejan de las carreteras, de la infraestructura en general y de la incertidumbre política. Pero esto no es grave en comparación con la falta de certeza jurídica. ¿Cómo puedo invertir en un país donde luego me van a suspender la operación de mi empresa por cualquier argumento? El capital es como el agua, busca su nivel donde hay más rentabilidad y menor riesgo. Y en este momento, el riesgo de la falta de certeza jurídica es demasiado importante y grave.
Vuelvo a mencionar la forma en que considero que se puede resolver el problema de la politización e ideologización de las Cortes. Y es con una Reforma Judicial que despolitice y des-ideologice la selección de jueces y magistrados. Para ello, no deben participar universidades, ni colegios profesionales, ni los políticos de turno en la selección y depuración de los candidatos. Se debe crear el perfil del puesto de los jueces y magistrados y mandar a los posibles candidatos a 3 empresas de reconocido prestigio internacional para que ellos hagan el trabajo de investigación y calificación del candidato. Si las tres empresas coindicen en que un candidato es apto pasa a formar parte del listado de candidatos elegibles para jueces y magistrados. Cuando el listado esté completo se procede por sorteo a la elección de estos jueces y magistrados. Así, no importa la ideología ni la afinidad política del juez o magistrado. No le deberá ningún favor a ningún político de turno que hubiera influenciado para su elección. A esto se le debe añadir que los jueces y magistrados deben ser bien remunerados, de acuerdo al mercado, y sus puestos deben ser vitalicios.
¿Qué esperar de nuestras actuales cortes? No espero nada bueno. Creo que será la presión de la gente quienes unirá a pedir el cambio, a exigir la reforma al Sistema de Justicia. Sé que es difícil, pero hay puntos básicos en los que la sociedad civil debería ponerse de acuerdo para arreglar estos aspectos que están destruyendo a nuestro país.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
En una sociedad democrática, republicana y civilizada, la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) es fundamental para garantizar los derechos individuales de los ciudadanos del país. Pero, ¿qué pasa cuando un poder, específicamente el Judicial continuamente interfiere contra los otros dos sometiéndolos a sus decisiones arbitrarias? Simple y sencillamente las garantías constitucionales se pierden, se crea una falta de certeza jurídica y quedamos todos sometidos al poder absoluto de los magistrados que conforman en este momento esas máximas cortes como la CSJ (Corte Suprema de Justicia) y la CC (Corte de Constitucionalidad).
Tanto la CSJ como la CC, especialmente ésta última, han adquirido un enorme poder que domina y ata al poder ejecutivo y al legislativo, quienes tienen que acatar lo que decida la CC. Esto rompió la división de poderes o, dicho de otro modo, nuestro sistema de pesos y balances ya no es funcional.
Cuando ambas cortes emiten resoluciones que no son coherentes ni en base a los mismos principios ni en el transcurrir del tiempo se crea una enorme variabilidad en la legislación y se genera una gran inseguridad jurídica. Lo vemos cuando a unas personas las dejan con prisión preventiva sin derecho a medidas sustitutivas y a otras si se las dan, lo vemos cuando se suspende temporalmente la operación de una empresa que cumplió con todos los requisitos para operar legalmente en el país tal como la Mina San Rafael, pero no se termina de resolver porque hay intenciones que desconocemos para que el caso no se soluciones, lo vemos cuando se suspende a una empresa que invirtió millones en generación de energía hidroeléctrica, Oxec I y II, pero se le da una solución parcial para que vuelva a operar que está sujeta al criterio posterior de los juzgadores después que la empresa cumpla con lo ordenado, lo vemos cuando en menos de 24 horas la CC emite una resolución contra el presidente para que deje sin efecto una actuación que corresponde única y exclusivamente al ejecutivo, lo vemos cuando las cortes se toman todo el tiempo del mundo, atrasando unos casos y acelerando otros por pura conveniencia política e ideológico, lo vemos cuando se persiguen a unos pero no a otros rompiendo con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y hay muchos otros casos con los que podríamos llenar páginas de arbitrariedades que causan que la percepción de todos los guatemaltecos e incluso inversionistas extranjeros sientan una falta de certeza jurídica.
Las cortes, con su actuar, terminan frenando las inversiones en el país. Sólo las inversiones permiten que la gente pueda mejorar su nivel de vida. Sólo las inversiones en maquinaria y herramienta que incrementa la productividad generan crecimiento económico y riqueza para todos. La falta de certeza jurídica debida a actuaciones arbitrarias, politizadas e ideológicas de las cortes hacen menos atractivo a nuestro país para nuevas inversiones. Incluso quienes ya tienen inversiones en el país deciden esperar a ver qué pasa para decidir si reinvierten más en Guatemala o se van a otro país. Así de grave está la situación en este momento.
El activismo político e ideológico de las cortes está afectando negativamente el crecimiento económico de Guatemala. Algunos se quejan de las carreteras, de la infraestructura en general y de la incertidumbre política. Pero esto no es grave en comparación con la falta de certeza jurídica. ¿Cómo puedo invertir en un país donde luego me van a suspender la operación de mi empresa por cualquier argumento? El capital es como el agua, busca su nivel donde hay más rentabilidad y menor riesgo. Y en este momento, el riesgo de la falta de certeza jurídica es demasiado importante y grave.
Vuelvo a mencionar la forma en que considero que se puede resolver el problema de la politización e ideologización de las Cortes. Y es con una Reforma Judicial que despolitice y des-ideologice la selección de jueces y magistrados. Para ello, no deben participar universidades, ni colegios profesionales, ni los políticos de turno en la selección y depuración de los candidatos. Se debe crear el perfil del puesto de los jueces y magistrados y mandar a los posibles candidatos a 3 empresas de reconocido prestigio internacional para que ellos hagan el trabajo de investigación y calificación del candidato. Si las tres empresas coindicen en que un candidato es apto pasa a formar parte del listado de candidatos elegibles para jueces y magistrados. Cuando el listado esté completo se procede por sorteo a la elección de estos jueces y magistrados. Así, no importa la ideología ni la afinidad política del juez o magistrado. No le deberá ningún favor a ningún político de turno que hubiera influenciado para su elección. A esto se le debe añadir que los jueces y magistrados deben ser bien remunerados, de acuerdo al mercado, y sus puestos deben ser vitalicios.
¿Qué esperar de nuestras actuales cortes? No espero nada bueno. Creo que será la presión de la gente quienes unirá a pedir el cambio, a exigir la reforma al Sistema de Justicia. Sé que es difícil, pero hay puntos básicos en los que la sociedad civil debería ponerse de acuerdo para arreglar estos aspectos que están destruyendo a nuestro país.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo