NOTA: Este artículo de opinión lo había concluido antes del pasado viernes. Sobre lo sucedido ese día me permitiré un amplio comentario en la siguiente entrega. De momento felicito al Presidente Morales por ese acto varonil y de acuerdo a la ley de terminar definitivamente con la vergüenza nacional que ha significado para todos los hombres y mujeres de buena voluntad la presencia de la CICIG.
Lo que equivale a decir, simplificando, quienes merecen premios y quienes merecen castigo.
La mayoría de los hombres y, sobre todo, de las mujeres en esta tierra ubérrima son personas dignas porque se procuran el pan honradamente y cuidan de sus hijos. Pero también hay una minoría para mí demasiado grande de quienes no cumplen ni con lo uno ni con lo otro. Y que se sienten “políticamente correctos” cuando critican los actos y los pensamientos de los demás.
Días atrás tuve la ocasión de conocer en persona a un miembro de una de las tantas familias dignas de aplauso por la entera sociedad guatemalteca: el joven ingeniero Raúl Aguilar, descendiente directo del famoso y honorable matemático, Raúl Aguilar Batres.
El tema de conversación giró en torno al asalto y destrucción de una pequeña planta hidroeléctrica, propiedad de su familia, hostigada días atrás impunemente por uno de los tantos grupos de indignos que se dedican a eliminar fuentes de trabajo honrado y de progreso para los demás en las áreas rurales del país.
Es una historia de rasgos similares a la de la famosa mina de San Rafael en el Departamento de Santa Rosa, paralizada irresponsablemente durante aproximadamente un lapso de casi dos años por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Este último, en cambio, en cuanto efecto de las acciones de otro grupo de vándalos.
Lo que ilustra, sea dicho de paso, la pobreza conceptual de algunos de los egresados de nuestras universidades respecto a lo que se debe de entender por un “Estado de Derecho”.
El drama al que aquí aludo tuvo su detonante en una presencia a la que no habían sido invitados, hace aproximadamente un año, de un grupo de supuestos campesinos acarreados por una distancia que les habría significado cuatro horas de marcha a pie desde su punto de partida. Lo que nos dice de inmediato que ni eran trabajadores de la planta ni eran vecinos de los alrededores.
La hidroeléctrica Sac Ja, ubicada en la Aldea Ribacó, municipio de Purulá, en el Departamento de Baja Verapaz, había estado activa pacíficamente en operaciones por ocho años tras haber cumplido absolutamente con todos los trámites y requisitos legales propios para tales emprendimientos.
Resulta muy elocuente acotar que durante todo ese periodo de operaciones se había mantenido una armoniosa relación mutuamente beneficiosa entre propietarios y trabajadores y también con los vecinos de las áreas adyacentes.
Pero en el mes de marzo último el tal grupo de hombres desconocidos en ese medio rural, pero que más tarde habrían de identificarse como miembros de la cooperativa Monte Blanco, a unos kilómetros de distancia, irrumpieron abruptamente, con lujo de fuerza, en las instalaciones de la hidroeléctrica y se dieron a la tarea de dañar y hasta quemar partes diversas de las misma sin presentar demanda alguna.
Incidentes como éste se repitieron a lo largo de cinco meses consecutivos, sin que adujeran reclamo alguno, y con la usual tolerancia por parte de las fuerzas del orden.
El Ministerio de Gobernación, a reiteradas instancias de los afectados, por fin decidió enviar un destacamento de ochenta hombres de la PNC para custodiar aquella propiedad repentina e inexplicablemente asaltada. Pero entonces, la respuesta de aquellos violentos salvajes tampoco se hizo esperar, y a los pocos días un grupo algo más grande de ellos rodeó al destacamento, los maltrataron e insultaron, y para colmo les robaron sus armas. Otro caso de la generalizada indefensión ciudadana a la que están expuestos los habitantes de las áreas rurales desde la firma de una paz “firme y duradera” veintidós años atrás.
Tanto desmadre, lo normal para tantos forajidos que jamás acatan las leyes pero que se desenvuelven tranquilamente con absoluta impunidad, mientras al mismo tiempo, por obra de los intrusos de la CICIG, centenares de otros ciudadanos gimen hasta en cárceles improvisadas sin haber sido sometidos previamente a debido proceso legal alguno.
Lo importante es recordar que los legítimos propietarios de esta planta hidroeléctrica recurrieron reiteradas veces a las autoridades legales durante esos cinco largos meses de oprobios.
Mientras tanto, esos improvisados funcionarios de la ONU, don Iván a la cabeza, hipotéticamente encargados de ayudarnos en la persecución de grupos de poder brillaban como ya sabemos que le ha sido habitual en tales casos, por su ausencia…
Lo que irónicamente vuelve a demostrar que las autoridades públicas en vez de proceder inmediatamente a la defensa de los injustamente agraviados, prefirieron perder el tiempo en el entretanto en pesquisas inútiles en torno a si los dueños de la empresa asaltada “¡estaban en ley!”.
En el mes de junio próximo pasado, luego de varios intentos frustrados, una Comisión ¡Presidencial! del Dialogo logró por fin conformar una mesa en la cual el único reclamo a discutir, según lo pretextado por aquel grupo de asaltantes, era un supuesto irrespeto al “derecho consuetudinario sobre la tierra” y que por eso se habían sentido “obligados” a recurrir a la violencia en contra de toda legislación positiva sobre la tenencia de tierras por aquellos parajes.
Sin embargo, olvidaban convenientemente que desde el primer encuentro entre las partes, los representantes del Registro Catastral ya les habían aclarado a los amigos de lo ajeno que la hidroeléctrica Sac Ja tenía toda su documentación en regla desde un inicio y de acuerdo a todas las leyes vigentes. Es más, en aquella misma ocasión allá por el año 2015, los representantes de la Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA), también se habían manifestado enteramente de acuerdo con la instalación de la hidroeléctrica, de la cual era parte integrante la cooperativa Monte Blanco a la que ellos habían declarado pertenecer.
Hoy, después de 180 días de una hidroeléctrica brutal e ilegítimamente paralizada por ese recurso delincuencial a la fuerza ciega, la hidroeléctrica lamentablemente ha perdido casi tres millones de dólares, que nadie la va a reponer, y con daño colateral para las aproximadamente 350 familias que de ahí derivan su diario sustento.
Para colmo, ahora esa misma empresa es acosada por las autoridades con multas que ahora les son impuestas ¡por haber cesado operaciones!
Justicia a lo CICIG…
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
NOTA: Este artículo de opinión lo había concluido antes del pasado viernes. Sobre lo sucedido ese día me permitiré un amplio comentario en la siguiente entrega. De momento felicito al Presidente Morales por ese acto varonil y de acuerdo a la ley de terminar definitivamente con la vergüenza nacional que ha significado para todos los hombres y mujeres de buena voluntad la presencia de la CICIG.
Lo que equivale a decir, simplificando, quienes merecen premios y quienes merecen castigo.
La mayoría de los hombres y, sobre todo, de las mujeres en esta tierra ubérrima son personas dignas porque se procuran el pan honradamente y cuidan de sus hijos. Pero también hay una minoría para mí demasiado grande de quienes no cumplen ni con lo uno ni con lo otro. Y que se sienten “políticamente correctos” cuando critican los actos y los pensamientos de los demás.
Días atrás tuve la ocasión de conocer en persona a un miembro de una de las tantas familias dignas de aplauso por la entera sociedad guatemalteca: el joven ingeniero Raúl Aguilar, descendiente directo del famoso y honorable matemático, Raúl Aguilar Batres.
El tema de conversación giró en torno al asalto y destrucción de una pequeña planta hidroeléctrica, propiedad de su familia, hostigada días atrás impunemente por uno de los tantos grupos de indignos que se dedican a eliminar fuentes de trabajo honrado y de progreso para los demás en las áreas rurales del país.
Es una historia de rasgos similares a la de la famosa mina de San Rafael en el Departamento de Santa Rosa, paralizada irresponsablemente durante aproximadamente un lapso de casi dos años por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Este último, en cambio, en cuanto efecto de las acciones de otro grupo de vándalos.
Lo que ilustra, sea dicho de paso, la pobreza conceptual de algunos de los egresados de nuestras universidades respecto a lo que se debe de entender por un “Estado de Derecho”.
El drama al que aquí aludo tuvo su detonante en una presencia a la que no habían sido invitados, hace aproximadamente un año, de un grupo de supuestos campesinos acarreados por una distancia que les habría significado cuatro horas de marcha a pie desde su punto de partida. Lo que nos dice de inmediato que ni eran trabajadores de la planta ni eran vecinos de los alrededores.
La hidroeléctrica Sac Ja, ubicada en la Aldea Ribacó, municipio de Purulá, en el Departamento de Baja Verapaz, había estado activa pacíficamente en operaciones por ocho años tras haber cumplido absolutamente con todos los trámites y requisitos legales propios para tales emprendimientos.
Resulta muy elocuente acotar que durante todo ese periodo de operaciones se había mantenido una armoniosa relación mutuamente beneficiosa entre propietarios y trabajadores y también con los vecinos de las áreas adyacentes.
Pero en el mes de marzo último el tal grupo de hombres desconocidos en ese medio rural, pero que más tarde habrían de identificarse como miembros de la cooperativa Monte Blanco, a unos kilómetros de distancia, irrumpieron abruptamente, con lujo de fuerza, en las instalaciones de la hidroeléctrica y se dieron a la tarea de dañar y hasta quemar partes diversas de las misma sin presentar demanda alguna.
Incidentes como éste se repitieron a lo largo de cinco meses consecutivos, sin que adujeran reclamo alguno, y con la usual tolerancia por parte de las fuerzas del orden.
El Ministerio de Gobernación, a reiteradas instancias de los afectados, por fin decidió enviar un destacamento de ochenta hombres de la PNC para custodiar aquella propiedad repentina e inexplicablemente asaltada. Pero entonces, la respuesta de aquellos violentos salvajes tampoco se hizo esperar, y a los pocos días un grupo algo más grande de ellos rodeó al destacamento, los maltrataron e insultaron, y para colmo les robaron sus armas. Otro caso de la generalizada indefensión ciudadana a la que están expuestos los habitantes de las áreas rurales desde la firma de una paz “firme y duradera” veintidós años atrás.
Tanto desmadre, lo normal para tantos forajidos que jamás acatan las leyes pero que se desenvuelven tranquilamente con absoluta impunidad, mientras al mismo tiempo, por obra de los intrusos de la CICIG, centenares de otros ciudadanos gimen hasta en cárceles improvisadas sin haber sido sometidos previamente a debido proceso legal alguno.
Lo importante es recordar que los legítimos propietarios de esta planta hidroeléctrica recurrieron reiteradas veces a las autoridades legales durante esos cinco largos meses de oprobios.
Mientras tanto, esos improvisados funcionarios de la ONU, don Iván a la cabeza, hipotéticamente encargados de ayudarnos en la persecución de grupos de poder brillaban como ya sabemos que le ha sido habitual en tales casos, por su ausencia…
Lo que irónicamente vuelve a demostrar que las autoridades públicas en vez de proceder inmediatamente a la defensa de los injustamente agraviados, prefirieron perder el tiempo en el entretanto en pesquisas inútiles en torno a si los dueños de la empresa asaltada “¡estaban en ley!”.
En el mes de junio próximo pasado, luego de varios intentos frustrados, una Comisión ¡Presidencial! del Dialogo logró por fin conformar una mesa en la cual el único reclamo a discutir, según lo pretextado por aquel grupo de asaltantes, era un supuesto irrespeto al “derecho consuetudinario sobre la tierra” y que por eso se habían sentido “obligados” a recurrir a la violencia en contra de toda legislación positiva sobre la tenencia de tierras por aquellos parajes.
Sin embargo, olvidaban convenientemente que desde el primer encuentro entre las partes, los representantes del Registro Catastral ya les habían aclarado a los amigos de lo ajeno que la hidroeléctrica Sac Ja tenía toda su documentación en regla desde un inicio y de acuerdo a todas las leyes vigentes. Es más, en aquella misma ocasión allá por el año 2015, los representantes de la Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA), también se habían manifestado enteramente de acuerdo con la instalación de la hidroeléctrica, de la cual era parte integrante la cooperativa Monte Blanco a la que ellos habían declarado pertenecer.
Hoy, después de 180 días de una hidroeléctrica brutal e ilegítimamente paralizada por ese recurso delincuencial a la fuerza ciega, la hidroeléctrica lamentablemente ha perdido casi tres millones de dólares, que nadie la va a reponer, y con daño colateral para las aproximadamente 350 familias que de ahí derivan su diario sustento.
Para colmo, ahora esa misma empresa es acosada por las autoridades con multas que ahora les son impuestas ¡por haber cesado operaciones!
Justicia a lo CICIG…
República es ajena a la opinión expresada en este artículo