La decisión del gobierno de Argentina de poner un impuesto a la riqueza reincide sobre la equivocada política fiscal del país.
En mis clases siempre hablo de la “paradoja argentina”, que es aquella obsesión por subir constantemente los impuestos y siempre recaudar menos que otros países más atractivos fiscalmente. Argentina tiene la mayor carga fiscal a empresas y trabajo de la región y recauda menos porque expulsa talento y riqueza con una política fiscal y monetaria extractiva y confiscatoria.
La extracción constante de rentas productivas, sea de la inversión, el empleo o el comercio internacional para mantener un gasto público disparado e ineficiente es una de las principales causas por la que un país rico y con potencial como Argentina es hoy pobre y lleva años en estanflación o recesión.
El impuesto a la riqueza propuesto no es diferente. Vuelve a incidir en esa visión extractiva y confiscatoria de la economía. En la Unión Europea se ha eliminado en casi todos los países porque genera muy poca recaudación, pero expulsa a mucha inversión potencial. El impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones han sido eliminados en la inmensa mayoría de países por su nulo efecto en la reducción del déficit, baja recaudación, pero a su vez enorme impacto negativo en el atractivo inversor del país. La tendencia normativa europea ha sido la eliminación total o, en algún caso, a una aplicación residual.
En concreto, en lo que respecta al impuesto sobre la riqueza, España es una excepción en la UE, ya que es el único país en el que aún se aplica, después de que Francia lo suprimiera a partir del 1 de enero del 2018.
La evidencia en toda la OCDE es que es un impuesto nefasto en cuanto a capacidad recaudatoria y sin efecto positivo real. Los países de Europa descubrieron que los impuestos a la riqueza aceleraban la fuga de capitales y la salida de empresas y además recaudaban muy poco.
Primero, no financia los servicios públicos ni las ayudas sociales.
Si miramos a la lista de países que mantienen un impuesto a la riqueza, consigue recaudar entre un 0,07% y un 0,44% del PIB. En un país como Argentina, donde el gasto público se ha disparado a un 42% del Producto Interior Bruto incluyendo provincias y municipios, es irrelevante en ingresos -si consigue recaudar algo en un país ya devastado por una fiscalidad altísima-. Solo existe un país que recaude un 0,98% del PIB y es Suiza, pero es un país líder en libertad económica y facilidad para hacer negocios, no como Argentina que es uno de los más bajos en esos rankings, y en Suiza la fiscalidad para el capital, la inversión, la renta y el empleo es muy atractiva y su legislación se centra en atraer capital e inversión mundial.
Segundo, incentiva la salida de capitales y fuga de empresas.
El impuesto sobre la riqueza grava activos no líquidos y no vendidos, por lo cual debe ser pagado con rentas líquidas, lo que equivale a elevar el gravamen a la renta de los contribuyentes más ricos. Dado que Argentina ya tiene una de las fiscalidades más agresivas de la región para las rentas altas, simplemente llevará a los pocos que quedan a desplazarse a otro país, ante la imposibilidad de pagar un impuesto calculado sobre una valoración gubernamental de una riqueza no liquidada.
Hacer pagar sobre activos no liquidados que vienen de actividades que ya pagaron impuestos y que ya tienen una fiscalidad alta es simplemente una forma de expropiación.
El impuesto sobre la riqueza además de hacer pagar en líquido sobre activos no liquidados, introduce una valoración subjetiva decidida por el que recauda, el gobierno, y supone un ejercicio de confiscación al gravar a activos y patrimonios que son el resultado del ahorro e inversión generados después de pagar decenas de impuestos.
Lo triste de todo esto es que se hará, será un fracaso sin paliativos, hará a Argentina un país todavía más pobre y con menos entrada de inversión y empleo, pero los políticos seguirán diciendo que recaudan poco y que tienen que subir más los impuestos. La paradoja argentina de siempre: Cuanto más sube los impuestos más reduce su potencial de crecimiento.
La decisión del gobierno de Argentina de poner un impuesto a la riqueza reincide sobre la equivocada política fiscal del país.
En mis clases siempre hablo de la “paradoja argentina”, que es aquella obsesión por subir constantemente los impuestos y siempre recaudar menos que otros países más atractivos fiscalmente. Argentina tiene la mayor carga fiscal a empresas y trabajo de la región y recauda menos porque expulsa talento y riqueza con una política fiscal y monetaria extractiva y confiscatoria.
La extracción constante de rentas productivas, sea de la inversión, el empleo o el comercio internacional para mantener un gasto público disparado e ineficiente es una de las principales causas por la que un país rico y con potencial como Argentina es hoy pobre y lleva años en estanflación o recesión.
El impuesto a la riqueza propuesto no es diferente. Vuelve a incidir en esa visión extractiva y confiscatoria de la economía. En la Unión Europea se ha eliminado en casi todos los países porque genera muy poca recaudación, pero expulsa a mucha inversión potencial. El impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones han sido eliminados en la inmensa mayoría de países por su nulo efecto en la reducción del déficit, baja recaudación, pero a su vez enorme impacto negativo en el atractivo inversor del país. La tendencia normativa europea ha sido la eliminación total o, en algún caso, a una aplicación residual.
En concreto, en lo que respecta al impuesto sobre la riqueza, España es una excepción en la UE, ya que es el único país en el que aún se aplica, después de que Francia lo suprimiera a partir del 1 de enero del 2018.
La evidencia en toda la OCDE es que es un impuesto nefasto en cuanto a capacidad recaudatoria y sin efecto positivo real. Los países de Europa descubrieron que los impuestos a la riqueza aceleraban la fuga de capitales y la salida de empresas y además recaudaban muy poco.
Primero, no financia los servicios públicos ni las ayudas sociales.
Si miramos a la lista de países que mantienen un impuesto a la riqueza, consigue recaudar entre un 0,07% y un 0,44% del PIB. En un país como Argentina, donde el gasto público se ha disparado a un 42% del Producto Interior Bruto incluyendo provincias y municipios, es irrelevante en ingresos -si consigue recaudar algo en un país ya devastado por una fiscalidad altísima-. Solo existe un país que recaude un 0,98% del PIB y es Suiza, pero es un país líder en libertad económica y facilidad para hacer negocios, no como Argentina que es uno de los más bajos en esos rankings, y en Suiza la fiscalidad para el capital, la inversión, la renta y el empleo es muy atractiva y su legislación se centra en atraer capital e inversión mundial.
Segundo, incentiva la salida de capitales y fuga de empresas.
El impuesto sobre la riqueza grava activos no líquidos y no vendidos, por lo cual debe ser pagado con rentas líquidas, lo que equivale a elevar el gravamen a la renta de los contribuyentes más ricos. Dado que Argentina ya tiene una de las fiscalidades más agresivas de la región para las rentas altas, simplemente llevará a los pocos que quedan a desplazarse a otro país, ante la imposibilidad de pagar un impuesto calculado sobre una valoración gubernamental de una riqueza no liquidada.
Hacer pagar sobre activos no liquidados que vienen de actividades que ya pagaron impuestos y que ya tienen una fiscalidad alta es simplemente una forma de expropiación.
El impuesto sobre la riqueza además de hacer pagar en líquido sobre activos no liquidados, introduce una valoración subjetiva decidida por el que recauda, el gobierno, y supone un ejercicio de confiscación al gravar a activos y patrimonios que son el resultado del ahorro e inversión generados después de pagar decenas de impuestos.
Lo triste de todo esto es que se hará, será un fracaso sin paliativos, hará a Argentina un país todavía más pobre y con menos entrada de inversión y empleo, pero los políticos seguirán diciendo que recaudan poco y que tienen que subir más los impuestos. La paradoja argentina de siempre: Cuanto más sube los impuestos más reduce su potencial de crecimiento.