A lo largo de los últimos dos años, he dedicado varias columnas para comentar sobre el accidentado proceso de elección a magistrados de nuestras más altas cortes, incluyendo la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué insisto tanto en este tema? Porque tener cortes fuertes e independientes es fundamental para vivir dentro de un Estado de Derecho sólido.
Es imperativo trabajar por ir logrando cortes apegadas a derecho y libre de presiones políticas. Sin embargo, los procesos de nombramiento de magistrados han sido bastante accidentados. El 10 de marzo se acabaron de nombrar los magistrados designados por la Corte Suprema de Justicia y por el Presidente de la República. El proceso no ha sido el que hubiésemos querido, pero es el que se establece en nuestra Constitución. Persisten amparos en prácticamente todos los procesos. Los amparos son una herramienta fundamental de nuestro ordenamiento jurídico pero el abuso de los amparos deja un gran sinsabor. Pareciera que si no quedan los “ungidos” o “predilectos”, entonces se traen abajo el proceso hasta lograrlo.
En el escenario actual, da la impresión que nadie puede clamar mayoría y que nadie quedó totalmente satisfecho. Eso quizás pueda ser bueno al implicar cierto balance. Sin embargo, la verdadera prueba a ser superada es la independencia de las futuras resoluciones. Los magistrados se deben a su tarea de interpretación objetiva de la Constitución y no se deben a los entes nominadores. Es inaudito que ciertos candidatos hayan realizado campaña a favor de los intereses del ente nominador, específicamente contradiciendo ese principio de independencia.
Ojalá que la independencia de los magistrados se haga evidente a través de la calidad de sus ponencias. Esperemos que el carisma y el carácter de esta corte se distinga por regresar a su rol de garante constitucional y que se aleje de esa tendencia revisionista que buscaba convertirla en un cuarto poder o hasta en un poder absoluto.
Habiendo dicho lo anterior, debemos reconocer que el proceso de designación de magistrados está agotado. Se requiere un diálogo incluyente para revisar el sistema de nombramientos, así como para revisar algunas leyes corolarias tales como como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Servicio Civil, Ley de Carrera Judicial, etcétera. Un diálogo aterrizado y gradual que nos vaya aproximando a ese sistema mejorado de justicia al que aspiramos y nos merecemos los guatemaltecos. Cortes objetivas y transparentes. No esperemos al próximo proceso de nominaciones para quejarnos de su pobre funcionamiento. Démonos esa tarea y pongámonos a trabajar a partir del 14 de abril, fecha en que concluye el actual y accidentado proceso.
A lo largo de los últimos dos años, he dedicado varias columnas para comentar sobre el accidentado proceso de elección a magistrados de nuestras más altas cortes, incluyendo la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué insisto tanto en este tema? Porque tener cortes fuertes e independientes es fundamental para vivir dentro de un Estado de Derecho sólido.
Es imperativo trabajar por ir logrando cortes apegadas a derecho y libre de presiones políticas. Sin embargo, los procesos de nombramiento de magistrados han sido bastante accidentados. El 10 de marzo se acabaron de nombrar los magistrados designados por la Corte Suprema de Justicia y por el Presidente de la República. El proceso no ha sido el que hubiésemos querido, pero es el que se establece en nuestra Constitución. Persisten amparos en prácticamente todos los procesos. Los amparos son una herramienta fundamental de nuestro ordenamiento jurídico pero el abuso de los amparos deja un gran sinsabor. Pareciera que si no quedan los “ungidos” o “predilectos”, entonces se traen abajo el proceso hasta lograrlo.
En el escenario actual, da la impresión que nadie puede clamar mayoría y que nadie quedó totalmente satisfecho. Eso quizás pueda ser bueno al implicar cierto balance. Sin embargo, la verdadera prueba a ser superada es la independencia de las futuras resoluciones. Los magistrados se deben a su tarea de interpretación objetiva de la Constitución y no se deben a los entes nominadores. Es inaudito que ciertos candidatos hayan realizado campaña a favor de los intereses del ente nominador, específicamente contradiciendo ese principio de independencia.
Ojalá que la independencia de los magistrados se haga evidente a través de la calidad de sus ponencias. Esperemos que el carisma y el carácter de esta corte se distinga por regresar a su rol de garante constitucional y que se aleje de esa tendencia revisionista que buscaba convertirla en un cuarto poder o hasta en un poder absoluto.
Habiendo dicho lo anterior, debemos reconocer que el proceso de designación de magistrados está agotado. Se requiere un diálogo incluyente para revisar el sistema de nombramientos, así como para revisar algunas leyes corolarias tales como como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Servicio Civil, Ley de Carrera Judicial, etcétera. Un diálogo aterrizado y gradual que nos vaya aproximando a ese sistema mejorado de justicia al que aspiramos y nos merecemos los guatemaltecos. Cortes objetivas y transparentes. No esperemos al próximo proceso de nominaciones para quejarnos de su pobre funcionamiento. Démonos esa tarea y pongámonos a trabajar a partir del 14 de abril, fecha en que concluye el actual y accidentado proceso.