El lunes de esta semana, 4 jueces de Mayor Riesgo (Yassmin Barrios, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul) se presentaron al lobby del Ministerio Público a anunciar la entrega de una carta dirigida a la Fiscal General en donde piden que intervenga en una serie de denuncias que han sido presentadas en contra de ellos y que, por otro lado, se revise por qué las denuncias que ellos han presentado por sentirse amenazados por seguimientos a los que dicen ser sujetos, no han avanzado y se han desestimado.
En mi columna del 10 de junio, hablé sobre la mediatización de la justicia y del daño que hace que se trivialice, a modo de espectáculo, su majestad. A ello contribuyen los medios y reporteros poco profesionales que, con el ánimo de ser el primero en este mundo de inmediatez, cometen una serie de errores y/o abusos que, aunque pudiesen ser involuntarios, afectan de una manera patente la presunción de inocencia de los sindicados. Se ha argumentado, incluso, que se ha desnaturalizado la existencia de esos juzgados de Mayor Riesgo. El Licenciado Julio García Merlos en una columna de opinión (acá el link) compartió lo siguiente: “Esta desnaturalización se hace evidente en varios vicios: 1) Casos emblemáticos. Se viola la presunción de inocencia ya que se permite la transmisión en vivo de las audiencias, lo que hace altamente mediáticos a los casos. Esto puede implicar una condena pública para el ciudadano. 2) Se usan nombres para los casos, e.g. “Traficantes de influencias”, “Bufete de la impunidad”, “Negociantes de la Salud”, en lugar de usar números de expediente o nombres de los sindicados. El uso de estos apelativos estigmatiza al ciudadano, lo que viola su presunción de inocencia. 3) Se tramitan casos que no debiesen estar en Mayor Riesgo. Con el fin de tramitar un caso dentro de un Juzgado de Mayor Riesgo, se busca adherirlo de forma artificial, por ello vemos que dentro de un expediente hay varios casos, los cuales se identifican por fases, nombres o eslóganes, sin que exista una conexión real entre unos y otros”.
Así, se ve cómo existe la tendencia a mediatizar los casos a través de las malsanas prácticas que describe el Licenciado García Merlos; ante ello, tristemente solo puedo decir que ese “espectáculo” violatorio de garantías individuales es otro de los nefastos resabios de la extinta Cicig que, además de acusar a quienes consideraba delincuentes, necesitaba -le era imprescindible- el calor de los reflectores y de las cámaras de TV para montar el show que luego iría a tratar de probar en esos juzgados de Mayor Riesgo.
En fin, sobre ello ya se ha escrito y dicho bastante, pero lo que vimos el lunes y motiva esta columna, no solo es la continuación de aquello, sino una deformación más de lo que un juez debiese ser. Claro, ha habido jueces muy mediáticos y que en su momento han llevado casos emblemáticos y eso los ha catapultado al estrellato, como el Juez Giovanni Falcone o Baltazar Garzón, pero una diferencia importante es que aquellos eran lo que se llama juez pesquisidor (figura del sistema inquisitivo) y los 4 de acá, que operan -en teoría- en un sistema acusatorio mixto, no. La diferencia de concepto en Derecho está bastante clara en la doctrina y el espacio acá no da para ello, pero basta decir que el papel de unos y otros es distinto en cada sistema.
El problema, el quid del asunto, radica en que estos jueces se acostumbraron al tratamiento de rock stars que se les dio y ahora continúan buscando los reflectores y las cámaras para justificar su actuar o sus deficiencias, quejarse de actividades procesales defectuosas, o de lo que ellos consideren injusto, sin darse cuenta -al parecer- que son JUECES y que con mayor razón ellos, que además son de Mayor Riesgo, deben circunscribir su actividad judicial a eso, el ámbito judicial. Tanto que se ha dicho que no se debe litigar en los medios, para que ahora vengan ellos a hacerlo; en síntesis, lo que hicieron -una petición a la Fiscalía- se hace por medio de un memorial dentro de los expedientes, no en una carta, y se hace ante la o las fiscalías correspondientes, no en el lobby del MP.
Resulta evidente, entonces, que la mediatización de la justicia ha llegado a tales niveles que ya no son los medios los que la trivializan, sino ahora lo hacen los propios jueces.
El derecho de petición está garantizado en nuestra constitución, al igual que el libre acceso a los tribunales e instituciones públicas (en este caso de justicia) pero que los jueces de Mayor Riesgo necesiten de un espectáculo para hacer valer sus derechos constitucionales, habla más de la necesidad de atención de los primeros y muy poco del ejercicio de los segundos.
Parafraseando a Vargas Llosa, lo que estamos viendo y viviendo, son Los Jueces del Espectáculo.
El lunes de esta semana, 4 jueces de Mayor Riesgo (Yassmin Barrios, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul) se presentaron al lobby del Ministerio Público a anunciar la entrega de una carta dirigida a la Fiscal General en donde piden que intervenga en una serie de denuncias que han sido presentadas en contra de ellos y que, por otro lado, se revise por qué las denuncias que ellos han presentado por sentirse amenazados por seguimientos a los que dicen ser sujetos, no han avanzado y se han desestimado.
En mi columna del 10 de junio, hablé sobre la mediatización de la justicia y del daño que hace que se trivialice, a modo de espectáculo, su majestad. A ello contribuyen los medios y reporteros poco profesionales que, con el ánimo de ser el primero en este mundo de inmediatez, cometen una serie de errores y/o abusos que, aunque pudiesen ser involuntarios, afectan de una manera patente la presunción de inocencia de los sindicados. Se ha argumentado, incluso, que se ha desnaturalizado la existencia de esos juzgados de Mayor Riesgo. El Licenciado Julio García Merlos en una columna de opinión (acá el link) compartió lo siguiente: “Esta desnaturalización se hace evidente en varios vicios: 1) Casos emblemáticos. Se viola la presunción de inocencia ya que se permite la transmisión en vivo de las audiencias, lo que hace altamente mediáticos a los casos. Esto puede implicar una condena pública para el ciudadano. 2) Se usan nombres para los casos, e.g. “Traficantes de influencias”, “Bufete de la impunidad”, “Negociantes de la Salud”, en lugar de usar números de expediente o nombres de los sindicados. El uso de estos apelativos estigmatiza al ciudadano, lo que viola su presunción de inocencia. 3) Se tramitan casos que no debiesen estar en Mayor Riesgo. Con el fin de tramitar un caso dentro de un Juzgado de Mayor Riesgo, se busca adherirlo de forma artificial, por ello vemos que dentro de un expediente hay varios casos, los cuales se identifican por fases, nombres o eslóganes, sin que exista una conexión real entre unos y otros”.
Así, se ve cómo existe la tendencia a mediatizar los casos a través de las malsanas prácticas que describe el Licenciado García Merlos; ante ello, tristemente solo puedo decir que ese “espectáculo” violatorio de garantías individuales es otro de los nefastos resabios de la extinta Cicig que, además de acusar a quienes consideraba delincuentes, necesitaba -le era imprescindible- el calor de los reflectores y de las cámaras de TV para montar el show que luego iría a tratar de probar en esos juzgados de Mayor Riesgo.
En fin, sobre ello ya se ha escrito y dicho bastante, pero lo que vimos el lunes y motiva esta columna, no solo es la continuación de aquello, sino una deformación más de lo que un juez debiese ser. Claro, ha habido jueces muy mediáticos y que en su momento han llevado casos emblemáticos y eso los ha catapultado al estrellato, como el Juez Giovanni Falcone o Baltazar Garzón, pero una diferencia importante es que aquellos eran lo que se llama juez pesquisidor (figura del sistema inquisitivo) y los 4 de acá, que operan -en teoría- en un sistema acusatorio mixto, no. La diferencia de concepto en Derecho está bastante clara en la doctrina y el espacio acá no da para ello, pero basta decir que el papel de unos y otros es distinto en cada sistema.
El problema, el quid del asunto, radica en que estos jueces se acostumbraron al tratamiento de rock stars que se les dio y ahora continúan buscando los reflectores y las cámaras para justificar su actuar o sus deficiencias, quejarse de actividades procesales defectuosas, o de lo que ellos consideren injusto, sin darse cuenta -al parecer- que son JUECES y que con mayor razón ellos, que además son de Mayor Riesgo, deben circunscribir su actividad judicial a eso, el ámbito judicial. Tanto que se ha dicho que no se debe litigar en los medios, para que ahora vengan ellos a hacerlo; en síntesis, lo que hicieron -una petición a la Fiscalía- se hace por medio de un memorial dentro de los expedientes, no en una carta, y se hace ante la o las fiscalías correspondientes, no en el lobby del MP.
Resulta evidente, entonces, que la mediatización de la justicia ha llegado a tales niveles que ya no son los medios los que la trivializan, sino ahora lo hacen los propios jueces.
El derecho de petición está garantizado en nuestra constitución, al igual que el libre acceso a los tribunales e instituciones públicas (en este caso de justicia) pero que los jueces de Mayor Riesgo necesiten de un espectáculo para hacer valer sus derechos constitucionales, habla más de la necesidad de atención de los primeros y muy poco del ejercicio de los segundos.
Parafraseando a Vargas Llosa, lo que estamos viendo y viviendo, son Los Jueces del Espectáculo.