Asombrosa insensatez
No se puede llegar a conclusiones verdaderas partiendo de premisas falsas y sesgadas por intereses personales y partidarios. Las premisas deben ser verdaderas, es decir, deben retratar la realidad.
Esta semana recién pasada una noticia alborotó los ánimos de muchos guatemaltecos. El Fiscal Rafael Curruchiche hizo público que el 30 de mayo del 2023 informó al Tribunal Supremo Electoral sobre las investigaciones realizadas sobre unas anomalías del Movimiento Semilla – miles de firmas falsas y doce firmas de muertos usadas para constituir el partido político, además de la procedencia incierta del dinero que usaron para comprar firmas. Así mismo, el Juez titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, Fredy Raúl Orellana dio orden al TSE de suspender al partido político Movimiento Semilla.
Las reacciones pasionales no se hicieron esperar. Los fanáticos de Semilla llamaron a manifestar y proferir improperios para pedir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y del Fiscal Rafael Curruchiche. Los impulsivos periodistas de opinión se apresuraron a condenar al Ministerio Público por su investigación, que consideraron motivada por intereses políticos. No dudaron en afirmar que fue una movida del gobierno que llaman corrupto para quedarse en el poder. Irreflexivos politólogos se apresuraron a desaprobar lo hecho por el fiscal y el juez, y urgieron al Tribunal Supremo Electoral a no obedecer la orden del juez y que se respete el voto de los electores. Los exaltados dirigentes de los Doce Cantones desafiaron al gobierno prometiendo paralizar al país y perjudicar a los comerciantes y trabajadores nacionales si éste no acata sus caprichos de sancionar al MP. Los arrebatados representantes de gobiernos extranjeros, del G 13, de la Unión Europea, y de la ONU, no dudaron en sentenciar al gobierno de Guatemala, y en especial al MP, y amenazaron incluso con sancionar al país. (Claro, es muy lógico sancionar y castigar económicamente a los productores que según los mismos representantes extranjeros son víctimas de las acciones del gobierno). Y hasta Monseñor Gonzalo de Villa se reunió con la Fiscal General para procurar impunidad para el Grupo Semilla.
Por su parte, la Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Palencia Orellana, afirmó que ni el MP ni el juez séptimo penal Fredy Orellana tienen competencia para ordenarle que hacer en asuntos electorales. Y añadió que el ganador se decidirá en las urnas. Ramiro José Muñoz, el Registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral solicitó un amparo provisional a la Sala primera de apelaciones en contra de la orden del juez séptimo penal, la que le fue denegada.
En fin, la reacción consistió en una vorágine de disparatadas opiniones, acusaciones y demandas.
Y, ¿Qué pasó con el delito?
A nadie parece importarle.
¿Cometió el Movimiento Semilla la transgresión de que se le acusa?
A ninguno parece interesarle.
¿Los del Movimiento Semilla actuaron de buena voluntad, diciendo la verdad, tratando a los demás como personas dignas de decidir por sí mismas como seres racionales, o actuaron con mala voluntad, ocultando la verdad, mintiendo, tratando a los demás, no como fines en sí mismos, como personas, sino como medios que pueden usar para sus propios fines?
¿Le importa esto a quienes protestan?
De haber sabido el registrador que el Movimiento Semilla hacía trampa, ¿los habría inscrito como partido político? O, ¿lo hizo con conocimiento de causa?
Quienes protestan aparentan no tener inclinación alguna para hacerse estas preguntas. No les importa que se haya violado la ley. Ya eligieron a su candidato, y aunque éste sea un delincuente, quieren que se respete su preferencia. Exigen impunidad para los transgresores. Pretenden estar por encima de la ley. Argumentan, en el verdadero sentido de la democracia, que la voluntad del pueblo ya se dio, que ésta está por encima de toda ley y por tanto se debe obedecer.
Todos ellos ya llegaron a sus conclusiones en este asunto. Se apresuraron sin detenerse a considerar todos los hechos. ¡Qué insensatez! ¡Qué asombrosa insensatez!
Pero es un error capital llegar a conclusiones antes de tener todos los datos.
No se puede llegar a conclusiones verdaderas partiendo de premisas falsas y sesgadas por intereses personales y partidarios. Las premisas deben ser verdaderas, es decir, deben retratar la realidad. Veamos pues, que premisas se deben tener en cuenta en el análisis de este delicado asunto:
Primero, Guatemala es una república, donde rige la ley. Esto quiere decir que nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley. Ni el Movimiento Semilla, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni el Ministerio Público. Consiste en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos forman un sistema de pesos y contrapesos. El poder judicial tiene la facultad de fiscalizar al ejecutivo y al Registro de Ciudadanos y al Tribunal Electoral, que por ser partes del Estado de Guatemala están sujetos a los pesos y contrapesos de un juez. Por tanto, los involucrados deben obedecer la orden del Juez titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, Fredy Raúl Orellana, quien conoció, tramitó y resolvió en este caso concreto con los medios de investigación que le fueron puestos a la vista.
Segundo, el Ministerio Público tiene el mandato constitucional (artículo 251) de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Por tanto, atacarlo por cumplir con su deber, no sólo es ilegítimo, sino que busca destruir el sistema de legalidad del Estado de Derecho abriéndole las puertas a la impunidad, al desorden legal y a la corrupción.
Tercero, los electores del candidato del partido Movimiento Semilla no expresan la voluntad del pueblo. Sólo representan al 8% de la población empadronada para votar. Por tanto, el 92% de la población que vota no los ve como una opción que los representa e independientemente del número, es ilegítimo usar la fuerza para presionar a los funcionarios de la ley para revertir las órdenes legales y procurar impunidad para los de su grupo.
Cuarto, la obediencia a la ley si es importante, por lo que el partido político Grupo Semilla debe ventilar su situación de acuerdo con la ley en los tribunales de justicia y no por medios violentos que pretenden intimidar con acusaciones arbitrarias y ataques dirigidos a perjudicar la integridad física, ética y profesional de los funcionarios de justicia.
Los fanáticos del Grupo Semilla tienen razón en estar disgustados y molestos. Pero no es con el aparato judicial que desveló la trampa con quien deben enojarse. Es con el Grupo Semilla, quien los defraudó, los engañó y los timó al hacerles creer que eran honestos y que habían conformado al partido político atendiendo a las leyes del país. Quien los decepcionó no es el MP, sino el partido político Grupo Semilla.
La ley, la sensatez y la cordura deben prevalecer. Nada más importa.
Asombrosa insensatez
No se puede llegar a conclusiones verdaderas partiendo de premisas falsas y sesgadas por intereses personales y partidarios. Las premisas deben ser verdaderas, es decir, deben retratar la realidad.
Esta semana recién pasada una noticia alborotó los ánimos de muchos guatemaltecos. El Fiscal Rafael Curruchiche hizo público que el 30 de mayo del 2023 informó al Tribunal Supremo Electoral sobre las investigaciones realizadas sobre unas anomalías del Movimiento Semilla – miles de firmas falsas y doce firmas de muertos usadas para constituir el partido político, además de la procedencia incierta del dinero que usaron para comprar firmas. Así mismo, el Juez titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, Fredy Raúl Orellana dio orden al TSE de suspender al partido político Movimiento Semilla.
Las reacciones pasionales no se hicieron esperar. Los fanáticos de Semilla llamaron a manifestar y proferir improperios para pedir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y del Fiscal Rafael Curruchiche. Los impulsivos periodistas de opinión se apresuraron a condenar al Ministerio Público por su investigación, que consideraron motivada por intereses políticos. No dudaron en afirmar que fue una movida del gobierno que llaman corrupto para quedarse en el poder. Irreflexivos politólogos se apresuraron a desaprobar lo hecho por el fiscal y el juez, y urgieron al Tribunal Supremo Electoral a no obedecer la orden del juez y que se respete el voto de los electores. Los exaltados dirigentes de los Doce Cantones desafiaron al gobierno prometiendo paralizar al país y perjudicar a los comerciantes y trabajadores nacionales si éste no acata sus caprichos de sancionar al MP. Los arrebatados representantes de gobiernos extranjeros, del G 13, de la Unión Europea, y de la ONU, no dudaron en sentenciar al gobierno de Guatemala, y en especial al MP, y amenazaron incluso con sancionar al país. (Claro, es muy lógico sancionar y castigar económicamente a los productores que según los mismos representantes extranjeros son víctimas de las acciones del gobierno). Y hasta Monseñor Gonzalo de Villa se reunió con la Fiscal General para procurar impunidad para el Grupo Semilla.
Por su parte, la Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Palencia Orellana, afirmó que ni el MP ni el juez séptimo penal Fredy Orellana tienen competencia para ordenarle que hacer en asuntos electorales. Y añadió que el ganador se decidirá en las urnas. Ramiro José Muñoz, el Registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral solicitó un amparo provisional a la Sala primera de apelaciones en contra de la orden del juez séptimo penal, la que le fue denegada.
En fin, la reacción consistió en una vorágine de disparatadas opiniones, acusaciones y demandas.
Y, ¿Qué pasó con el delito?
A nadie parece importarle.
¿Cometió el Movimiento Semilla la transgresión de que se le acusa?
A ninguno parece interesarle.
¿Los del Movimiento Semilla actuaron de buena voluntad, diciendo la verdad, tratando a los demás como personas dignas de decidir por sí mismas como seres racionales, o actuaron con mala voluntad, ocultando la verdad, mintiendo, tratando a los demás, no como fines en sí mismos, como personas, sino como medios que pueden usar para sus propios fines?
¿Le importa esto a quienes protestan?
De haber sabido el registrador que el Movimiento Semilla hacía trampa, ¿los habría inscrito como partido político? O, ¿lo hizo con conocimiento de causa?
Quienes protestan aparentan no tener inclinación alguna para hacerse estas preguntas. No les importa que se haya violado la ley. Ya eligieron a su candidato, y aunque éste sea un delincuente, quieren que se respete su preferencia. Exigen impunidad para los transgresores. Pretenden estar por encima de la ley. Argumentan, en el verdadero sentido de la democracia, que la voluntad del pueblo ya se dio, que ésta está por encima de toda ley y por tanto se debe obedecer.
Todos ellos ya llegaron a sus conclusiones en este asunto. Se apresuraron sin detenerse a considerar todos los hechos. ¡Qué insensatez! ¡Qué asombrosa insensatez!
Pero es un error capital llegar a conclusiones antes de tener todos los datos.
No se puede llegar a conclusiones verdaderas partiendo de premisas falsas y sesgadas por intereses personales y partidarios. Las premisas deben ser verdaderas, es decir, deben retratar la realidad. Veamos pues, que premisas se deben tener en cuenta en el análisis de este delicado asunto:
Primero, Guatemala es una república, donde rige la ley. Esto quiere decir que nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley. Ni el Movimiento Semilla, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni el Ministerio Público. Consiste en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos forman un sistema de pesos y contrapesos. El poder judicial tiene la facultad de fiscalizar al ejecutivo y al Registro de Ciudadanos y al Tribunal Electoral, que por ser partes del Estado de Guatemala están sujetos a los pesos y contrapesos de un juez. Por tanto, los involucrados deben obedecer la orden del Juez titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, Fredy Raúl Orellana, quien conoció, tramitó y resolvió en este caso concreto con los medios de investigación que le fueron puestos a la vista.
Segundo, el Ministerio Público tiene el mandato constitucional (artículo 251) de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Por tanto, atacarlo por cumplir con su deber, no sólo es ilegítimo, sino que busca destruir el sistema de legalidad del Estado de Derecho abriéndole las puertas a la impunidad, al desorden legal y a la corrupción.
Tercero, los electores del candidato del partido Movimiento Semilla no expresan la voluntad del pueblo. Sólo representan al 8% de la población empadronada para votar. Por tanto, el 92% de la población que vota no los ve como una opción que los representa e independientemente del número, es ilegítimo usar la fuerza para presionar a los funcionarios de la ley para revertir las órdenes legales y procurar impunidad para los de su grupo.
Cuarto, la obediencia a la ley si es importante, por lo que el partido político Grupo Semilla debe ventilar su situación de acuerdo con la ley en los tribunales de justicia y no por medios violentos que pretenden intimidar con acusaciones arbitrarias y ataques dirigidos a perjudicar la integridad física, ética y profesional de los funcionarios de justicia.
Los fanáticos del Grupo Semilla tienen razón en estar disgustados y molestos. Pero no es con el aparato judicial que desveló la trampa con quien deben enojarse. Es con el Grupo Semilla, quien los defraudó, los engañó y los timó al hacerles creer que eran honestos y que habían conformado al partido político atendiendo a las leyes del país. Quien los decepcionó no es el MP, sino el partido político Grupo Semilla.
La ley, la sensatez y la cordura deben prevalecer. Nada más importa.