Contexto:

Algunas de las curiosidades que vale la pena revisar, en tiempos en los que la corrupción y la ineptitud han sido la forma en que los cuatro jinetes del apocalipsis han caminado en estas bellas tierras guatemaltecas, en medio de nuestros 38 años de búsqueda del norte correcto para nuestra democracia republicana y constitucional, con fundamento en la Constitución de la República vigente con algunas reformas desde 1986, deberían ser, precisamente en su calidad de ”deber”, las respuestas a las siguientes inquietudes:

Pagamos la burocracia con los mejores salarios del país:

En el Gobierno se pagan los salarios más altos del país. El mejor ejemplo es el del mismo Presidente de la República y sus ministros y secretarios. Es similar en el Poder Legislativo, el Poder Judicial o los llamados componentes del Poder Control, entre ellos la Corte de Constitucionalidad –con un poder quizá sobredimensionado– la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Procurador General de la Nación entre otros. Igual aplica para los gobiernos municipales y un largo etcétera para las entidades autónomas y semiautónomas.

Hay privilegios adicionales, que también tienen un costo:

Los funcionarios de gobierno, gozan de privilegios adicionales en sus cargos, algunos visibles como los emolumentos y facilidades extras –dietas, teléfono, gasolina y vehículos con guardias de seguridad etc.– y por supuesto, todo ello con costos multimillonarios para el erario público.

Prerrogativas especiales, incentivos para delinquir:

Muchos casos, tales como los diputados, jueces y alcaldes, por ejemplo, gozan de la prerrogativa de irresponsabilidad legalizada –antejuicio–, ejercida con abuso, prepotencia y penosa justificación para actos reñidos con la ley, que nada tienen que ver con sus funciones y caen en el campo delictivo.

Lo concreto y aún peor es el costo:

Algo aún peor, pagamos para que nos hagan daño.

Ningún funcionario público tiene responsabilidad alguna sobre resultados y la única factura posible que algunos sí pagan, sobre todo los que tienen puestos de elección popular, es terminar con su función cuando vence el periodo para el cual fueron electos.

Inconcebible pero cierto y muy real, pensando en que hay un monto de presupuesto general que supera los Q. 110 millardos (Ciento diez mil millones de Quetzales) y que en cada ministerio y unidad ejecutora de casi cualquier tarea, por muy pequeña que sea, se manejan cifras millonarias.

Por otra parte, las evaluaciones de los servicios del Gobierno, sea del signo político que sea, realizadas técnica y profesionalmente por entes externos, han reflejado una calificación sumamente baja en toda la región y Guatemala, para variar, junto con Honduras, resultan ser los de peores resultados. Busque los informes del Barómetro  de la profesionalización de los servicios civiles de Centroamérica y República Dominicana, gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, Gobierno de España), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Conclusión:

Exijamos de quienes administran el Gobierno, cambios sustantivos que busquen responsabilidad en la ejecución de la administración pública. Hoy, ser corruptos genera temor porque vivimos un laxo sistema de aplicación de justicia.