Accionar frente a los retos que el país ha enfrentado en las últimas tres décadas no debiera ser ya opcional para ningún gabinete de gobierno. La red vial es uno de estos retos.

Esto me regresa al 2018 cuando en respuesta a la evidente necesidad de potenciar las fortalezas de Guatemala, se planteó la implementación de una política nacional de competitividad como “prioridad nacional” en la que tanto sector público como privado y sociedad civil, jugarían un rol protagónico. La meta sería alinear las necesidades sociales de la población con el incremento en la productividad nacional, aumentando la cualificación del capital humano y mejorar así la competitividad del país, que resultaría en un crecimiento económico acelerado y sostenible para el 2032. En lenguaje coloquial implementar esta política generaría más inversión, más empresa, más industria, más empleo formal y mejor educación.

Mediante la transformación productiva del país y con la visión de tener al año 2032 un crecimiento real, paulatino y sostenido en la tasa del PIB no menor del 5.4%, la política aborda 11 prioridades entre las cuales mencionan infraestructura estratégica, ecosistema emprendedor, costos de la burocracia y atracción de inversión como limitantes que se traslapan con imperativos que se deben abordar de forma estratégica: calidad educativa, corrupción, seguridad y certeza jurídica entre otros.

Las últimas semanas hemos visto avances en cuanto al ecosistema emprendedor: mediante un trabajo coordinado entre sector público y privado entre MINECO y la CIG, se trabaja en la ruta al emprendedor impulsando programas que mejoran las capacidades y desarrollo de las MIPYMES. También bajo el plan Guatemala no se Detiene se han generado ruedas de negocios con empresarios e inversionistas extranjeros interesados en instalar su capacidad de producción en Guatemala, gracias a nuestra cercanía (nearshoring) a los mercados más importantes a nivel mundial. Esto abre la puerta a posibles negocios, más oportunidades de empleo y capacitación a la mano de obra guatemalteca.

Sin embargo, la tarea país se hace más ruda cuando en medio del ímpetu se cruza una realidad carente de infraestructura estratégica: los planes de inversión y desarrollo a mediano plazo para el 2032 no pueden lograrse sin carreteras, con aeropuertos y puertos deficientes y escasa vivienda.

Por su parte, la situación actual en la escasa red vial genera un descontento que podría evitarse accionando de forma previsoria y abriendo paso a leyes dormidas como la de Infraestructura Vial o bien reformas la ley de ANADIE. Las alianzas público privadas acelerarían la creación de más y mejores carreteras generando empleo y urbanización.

Acorde a los diagnósticos climáticos, los días de lluvias continuarán y es probable que los derrumbes y las correntadas fluviales sigan haciendo de las suyas. Mientras comunidades, municipios y departamentos quedan desconectados y el transporte de alimentos y la movilidad de personas se hace imposible.

Esto se traduce en pérdidas y disgustos que debieran evitarse frente a un año electoral. Una Guatemala con las condiciones geoestratégicas para ser un hub competitivo de inversión existe, pero sin los puentes y las vías necesarias para accionar las múltiples propuestas de desarrollo de forma inmediata, la meta se hace lejana.