Lo que el pueblo quiere es conforme con los principios de la verdadera libertad y en consonancia con los progresos del siglo presente. Quiere seguridad y justicia; no quiere el daño ni la opresión de nadie'.

Podría disculparse, estimado lector, si usted atribuyera estas palabras a uno de los tantos discursos del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Un lenguaje mesiánico envuelto de la voluntad popular. Hay, además, una crítica implícita. El discurso redefine libertad a su medida y dice buscar justicia y progreso sin el daño ni opresión de nadie.  Este discurso proviene de una edición del periódico La Gaceta de Guatemala del año 1851, en pleno régimen conservador de Rafael Carrera. Es a partir de estos ecos históricos que martirian al istmo que nos preguntamos ¿pasó a la ciudadanía a ser un estorbo? Explorando las implicaciones para la región.

Se debe examinar primero la noción de ciudadanía del Estado liberal-democrático decimonónico. Tanto para los liberales como para los conservadores, la ciudadanía era un fin en sí mismo. Siguiendo a la Revolución Francesa, propugnaban la igualdad entre los hombres, la división de poderes y la limitación del gobierno. Las diferencias entre ambos eran de forma, no de fondo. Los liberales creían que la ciudadanía se hacía practicándola universalmente. Los conservadores la entendían como algo que se adquiría por mérito, no en automático. Ambos, dentro del marco republicano. Algunos disentían.

Aquellos que creían más en hombres que en procesos defendían el derecho de potestad del rey sobre sus subditos. Es a través de esta lógica, estimado lector, que podemos entender el fenómeno Bukele. Según la última encuesta de CID Gallup la política contra las pandillas de los estados de excepción cosecha un 93% de aprobación. Estos permiten la suspensión de todas las garantías constitucionales que revisamos antes como pilares del concepto de ciudadanía. Para Bukele, la noción de ciudadanía Centroamericana con 111 años de desarrollo es poco más que una molestia. Incluso podría decirse que un presidente que habla con Dios (y él lo hizo, según dice) recupera la noción del derecho divino a mandar sobre súbditos, sin voz ni voto.

L'État, c'est lui y la población parece aceptarlo de buena gana, aunque eso signifique volver a gritar: ¡Viva nuestro absolutismo!

La precaria situación de seguridad y de violencia de El Salvador empujó a la población a demandar medidas drásticas. Sin embargo, es aquí donde hago un llamado al escepticismo. Medidas extralegales tomadas por la Asamblea Legislativa (de aplastante mayoría oficialista desde 2021), como las destituciones de los magistrados constitucionales, reformas electorales o la reelección ilegal de Bukele han eliminado cualquier contrapeso a su poder. En El Salvador ya no existen procesos, solo su voluntad. El régimen de excepción ha permitido saltarse la ley de contrataciones, arrestar por "desacato" a disidentes incómodos y silenciar a la prensa. Además, poniendo la escasa fiabilidad de la información pública en duda los logros del gobierno. Los demás indicadores muestran un deterioro considerable. El índice de prosperidad Legatum, que recoge métricas que van desde seguridad hasta desarrollo de capital humano, hizo descender al país cuatro puestos hasta la posición 97 de 167 países, desde que Bukele asumiera la presidencia en 2019, mostrando incluso un estancamiento y un leve descenso en el dato de seguridad entre 2021 y 2023.

El bukelismo puede retrasar el desarrollo político de la región en 170 años. Bajo la excusa de la seguridad no solo se ha extendido la siniestra sombra de la dictadura. Con la pesada carga del despotismo, la corrupción y el inmovilismo empieza a marchitarse también la flor de la democracia centroamericana.

Si las alternativas al modelo no tienen éxito la región podría regresar a las viejas costumbres del báculo y el chicote bajo la bandera de Nuevas Ideas.