La semana anterior dejamos apuntado que las distribuidoras de energía eléctrica tienen la obligación de mantener la constante expansión de su red de distribución a una distancia de 200 metros desde la punta de su red, y que para acercar a ese límite a los usuarios que quedan fuera de ese radio es el INDE el llamado para desarrollar la infraestructura que los inserte al Sistema Nacional Interconectado.

Este esquema de electrificación no es casual, sino consecuencia de la expansión natural de las redes a partir de la intensiva inversión que realizó el Estado de Guatemala desde que liquidó sus activos del sub sector eléctrico y creó el Programa de Electrificación Rural (PER), que le permitió alcanzar en un momento el 94% de cobertura eléctrica en el país. Sin embargo, quedaron como remanente un buen número de usuarios potenciales a los que ya no se pudo llegar por el agotamiento natural de los recursos económicos destinados para tal efecto, y dado que el INDE debió atender otros asuntos ajenos a la electrificación rural, con el tiempo la brecha del 6% no electrificado ha ido creciendo.

El problema principal que se plantea para el tan ansiado 99% de cobertura de la red eléctrica, es que el creciente número de guatemaltecos sin acceso a la energía se encuentra en zonas de difícil acceso, o bien en zonas remotas del país o bien la población se encuentra tan dispersa que exige montos elevados de inversión, que hace unos años rondaban alrededor de US$ 1,500 por usuario.

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Para paliar esta deficiencia del sistema, se propusieron esquemas de sistemas aislados, que alimentados por paneles solares o pequeñas centrales hidroeléctricas pudieran contener ese creciente aumento porcentual deficitario de cobertura eléctrica, sin embargo, la solución parece no haber sido la idónea, sobre todo porque se pensó en desarrollar estos sistemas aislados por medio de la financiación externa, según esquemas de la banca multilateral u organismos internacionales de desarrollo, por ejemplo.

La tentación es grande, pues en términos políticos, el presidente puede llegar a cumplir su promesa de pagar la deuda histórica del 99% de la cobertura eléctrica, sin embargo, el peso de la deuda para lograr este logro parece ser demasiado alto y sobre todo poco efectivo, pues estos sistemas aislados aunque pequeños, demandan costos de mantenimiento de sus instalaciones que el usuario, asumiendo que son pequeños consumidores de energía, en zonas de altos índices de pobreza y asentados en lugares remotos, podrían no ser capaces de absorber. En otras palabras: el consumo de la energía es tan pequeño que lo recolectado en las facturas podría no ser suficiente para mantener operando la pequeña red aislada. Pero la deuda a 15, 20 o 25 años para construirla ya ha sido contraída. Por lo tanto, de no poderse cubrir los costos de mantenimiento del sistema aislado, ¿quién asumiría esta obligación? Pareciera que la solución del sistema aislado no es lo suficientemente eficiente para resolver el problema, salvo que se pretenda únicamente anunciar el logro político del 99%, pero dejándolo sin garantía de sostenimiento.

Esta es tan solo una de las razones por las que creemos, la solución de la electrificación rural del país debe pensarse de forma diferente, abordarse desde propuestas innovadoras que lo hagan sostenible en el tiempo y sobre todo, que realmente pague la deuda histórica y no sólo la maquille para el fugaz y momentáneo anuncio político.

La otra semana plantearemos posibles opciones para que la solución de electrificación sea real y sobre todo, sostenible. (Continuará)