Esta semana, medios internacionales publicaron algunos artículos que nos deben dar en qué pensar; uno en el Wall Street Journal y otro en el New York Times. Ambos revelan la insidiosa influencia del narcotráfico en la política de nuestra región. El primero trata sobra la presunta doble vida del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el segundo sobre los nexos de presidente Manuel López Obrador (AMLO) con el narco en México. Unas semanas antes, se hizo pública la aceptación del hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, de haber recibido financiamiento electoral de narco colombiano.

Hernández, AMLO y Petro no son la excepción y seguramente sería larga y nutrida la lista de políticos asociados al narco en nuestra región. Guatemala, a pesar de que los medios no lo reconocen, no se queda atrás.

Desde hace décadas, los narcotraficantes a lo largo de todo el continente reconocieron la importancia de penetrar la política para sacar adelante sus “negocios”. Poco a poco, y de manera sigilosa, estos personajes se filtran en la cosa pública para hacer y deshacer a su antojo. Buscan alinear sus emprendimientos ilegales, externos al Estado, con actores internos que operan dentro de él. Con estos “esfuerzos” buscan influir y controlar las instituciones estatales desde adentro para obtener beneficios, a todas luces ilegales.

Pienso que los guatemaltecos subestimamos al narcotráfico, creemos que es un tema ajeno y sin mayor importancia. No obstante, la verdadera amenaza que enfrentamos como sociedad es el poder corruptor del narcotráfico, una fuerza imparable que solo puede ser derrotada mediante la unión de esfuerzos. No se trata simplemente de casos aislados de corrupción, sino de una cooptación completa de las instituciones públicas para proteger el lucrativo negocio del tráfico ilícitos, que va mucho más allá de solo drogas. Ese es tan solo uno de los múltiples negocios de una sofisticada cadena de suministro de ilícitos en ambas direcciones a nivel continental. Hacia el norte fluyen drogas, tráfico de personas, la prostitución y el comercio de órganos humanos, por mencionar algunos otros. Hacia el sur fluyen las armas y los sofisticados esquemas de lavado de dinero.

Esta penetración corrupta es mucho más corrosiva que aquella “simple” corrupción asociada a las comisiones en la contratación de la obra pública; es una cooptación que transforma a cada una de las instituciones, convirtiéndolas en cómplices del narcotráfico. Las mismas entidades que deberían servir y proteger a los ciudadanos ahora están al servicio del narco; la policía, en lugar de proteger a la población, resguarda los intereses del narcotráfico; las cortes, en vez de interpretar las leyes de manera objetiva, generan razonamientos creativos para favorecer a los infractores; los alcaldes, en lugar de buscar el desarrollo legal de sus municipios, promueven la economía ilícita, y, lo que es peor, la ciudadanía pareciera aceptar los “donativos” que remozan sus escuelas o parroquias, a pesar de su proveniencia ilícita. 

En Guatemala, las evidencias debiesen de alarmarnos. El caso emblemático de Manuel Baldizón, condenado en EE. UU. por narcotráfico, es revelador. En las recientes elecciones de 2023, este excandidato presidencial y exconvicto fue postulado como candidato a diputado. Recordemos que Baldizón fue capturado por lavado de dinero y conspiración en EE. UU. y también enfrentó acusaciones de corrupción en Guatemala. A pesar de su historial, fue liberado tras el pago de una fianza millonaria y en el proceso electoral del año pasado lideró la lista nacional de candidatos a diputados de su partido. Finalmente, su candidatura fue retirada. Este caso es solo la punta del iceberg.

Otro sonado caso es el de Mario Estrada, excandidato presidencial y popular político guatemalteco de la UCN. En 2020, Mario Estrada fue condenado a 180 meses de prisión por participar en una conspiración para importar y distribuir toneladas de cocaína a EE. UU. Estrada se declaró culpable por los cargos ante el juez. Otro caso es el de la familia Suñiga, en Ayutla, San Marcos. Durante más de diez años, Erik Salvador Suñiga Rodríguez, “el Poncho”, fue alcalde de este municipio muy cercano a la frontera con México. En 2019, EE. UU. lo identificó como uno de los capos de la droga que negociaba y auxiliaba al Cartel de Sinaloa, por lo que fue extraditado. En 2023 su hija, Isel Suñiga, fue electa alcaldesa de Ayutla. El 11 de diciembre de 2023, el esposo de Isel fue capturado por las autoridades de nuestro país, tras ser acusado por EE. UU. de delitos vinculados al narcotráfico.

Y así, podría contarles muchas historias más como estas.

La cooptación de nuestras instituciones es una realidad que debemos enfrentar con determinación. El narco ha sabido con quién codearse. Pero la unidad de la sociedad guatemalteca y de toda Latinoamérica es esencial para contrarrestar su poder corruptor. Solo a través de la colaboración y el fortalecimiento de nuestras instituciones podemos recuperar la integridad de nuestro sistema político y enfrentar con éxito esta amenaza que socava los cimientos de nuestra sociedad.

No todos los políticos ni todos los servidores públicos de nuestra región obedecen al narcotráfico. Sin embargo, es innegable el alarmante grado de cooptación institucional que han logrado estas fuerzas obscuras para promover sus “negocios”. Es hora de reconocer la magnitud del problema y unir esfuerzos para liberarnos de las ataduras de esta telaraña. La cooptación de nuestras instituciones exige una respuesta decidida y la unidad de la sociedad guatemalteca y latinoamericana para restaurar la integridad de nuestro sistema político e institucional. No podemos subestimar el daño regional que se genera al estar atrapados por esta fina e invisible red.

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