En la Guatemala de 2016 pasaron cosas heavy como diría quien fuese presidente del Congreso ese año, Mario Taracena. Dos de las más “gruesas” fueron la reforma a la Ley del Ministerio Público -para proteger a Thelma Aldana– y la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Ahora, propios y ajenos se lavan las manos o dicen que fue “por coyuntura”.

La cosa es que ambas reformas legales han sido expuestas como casuísticas –no generales, abstractas e impersonales– como debe ser toda ley. Abogados “constitucionalistas” aplaudieron aquello y les valió un cuerno las características que debe tener una ley para ser más o menos justa. Son los mismos que, sabiendo que una sentencia estaba alejada del derecho, dijeron –cuando fue revertido por la CC– que “nos íbamos a ver mal, internacionalmente”. Lujo de juristas.

Ahora nos toca lidiar con las imposiciones de entonces, en lo uno y en lo otro.

En lo que respecta a la modificación del artículo 14 de la Ley del MP (cómo se remueve a un Fiscal General) quienes más patalean son quienes más apoyaron aquella reforma. Claro, entonces les beneficiaba –Thelma Aldana pretendió ser candidata presidencial de Semilla en 2019–; ahora les perjudica, pues Consuelo Porras persigue la inscripción de personas fallecidas y de quienes jamás aceptaron formar ese partido. Firmas falsas, pues.

En cuanto a las reformas a la LEPP, hay muchas que se hicieron de forma casuística y para beneficiar a determinados caciques en detrimento de la democracia; tiempo y financiamiento de campaña, son unas que derivaron en que el dinero limpio –pero no querido por CICIG– dejara de financiar a partidos, por lo que el dinero sucio –del narco y producto de la corrupción– inundara las campañas políticas, sobre todo las locales.

Justo ayer empezó la discusión de reformas a la LEPP en el macro de la Comisión de actualización y modernización electoral (CAME). Esa figura se introdujo en aquellas reformas del 2016 e incluyó a Raymundo y medio mundo en ella; Imagino que la idea detrás era “democratizar” el proceso de reformas, pero lo que produjo es, en pocas palabras: basura.

Es la segunda vez que se “aplica” el CAME; la primera vez se produjo una iniciativa de ley, pero no fue atendida por el Congreso. Ahora se anuncia un poco más de lo mismo. Es que no hay obligatoriedad de que los diputados atiendan el producto de la CAME. Como lo redactó el Congreso de 2016 fue una carta a Santa Claus, básicamente. Taracena et al se babosearon a la CICIG y a “la embajada” y metieron en las reformas algo que jamás iba a funcionar.

Hoy, se pega el grito en el cielo cuando personajes cuestionados tienen voz en la CAME, pero es que así está contemplado en la Ley (reformas del 2106): todos pueden participar.

Parece que la democracia no es tan agradable para quienes –temporalmente– ostentan el poder. Nada nuevo, solo que ahora los roles se han invertido; los poderosos son quienes abogaban por la apertura de espacios y ahora cuestionan la legitimidad de otras posturas. Democracia, sí, mientras me favorezca, parecen decir.

Como sea, el producto de la CAME va a ser poco más que simple insumo para el reciclaje; basura, pues. La Comisión de Asuntos Electorales ya tiene una iniciativa lista para ser conocida. En todo caso, lo que produzca el CAME está sujeto a que el TSE decida convertirlo en iniciativa de ley o no. En fin, no sirve.

Ese Congreso del 2016, presidido por Taracena pero controlado por CICIG y “la embajada” produjo algunas de las peores piezas legislativas de los últimos tiempos. Ahora muchos lo reconocen, pero entonces, todos aplaudían como focas porque “eran instrucciones en inglés”.

Así se escribe la historia de este país.