La máxima prueba de fuego de este primer período de la X legislatura se avecina y desde ya empieza a generar presiones a lo interno del hemiciclo.

En legislaturas anteriores la elección de Cortes, particularmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha sido el certificado de defunción de muchas bancadas en el Congreso, ya que ha sacado a la luz los verdaderos intereses y negociaciones oscuras que esconde la política guatemalteca.

No obstante, desde el momento que los diputados, con mayoría absoluta, convocaron las comisiones de postulación para la elección de magistrados de la CSJ y las Cortes de Apelaciones, varios representantes han señalado que esta es una “oportunidad para hacer las cosas diferentes”, eliminar la cooptación del poder judicial y así, consolidar el nuevo gobierno del presidente Arévalo.

Ahora bien, a pesar de que este compromiso se escucha muy alentador, con solo ver a detalle el proceso de elección de los magistrados se puede notar que es un objetivo casi imposible de alcanzar.

Los tres actos de la tragedia

Primer acto:

El primer aspecto que llama la atención tiene que ver con los requisitos que deben cumplir los candidatos: “la reconocida honorabilidad” y la idoneidad.

En este sentido, es imposible tomar en cuenta estos parámetros en la calificación de los candidatos si los propios miembros de la Comisión incumplen con los mismos. Por ejemplo, el rector de la USAC, quien ha sido calificado como ilegítimo por el propio Bernardo Arévalo, tendría la posibilidad de presidir una postuladora si este fuese electo entre los rectores de las universidades del país. Asimismo, se debe tomar en consideración que en elecciones anteriores se han cuestionado los vínculos entre políticos y miembros del Colegio de Abogados y Notarios, quienes ocupan varios puestos dentro de las comisiones.

A pesar de que se tenga esperanza de que esta elección desentrampe el enjambre judicial que ha impedido el funcionamiento de la administración pública, es poco probable que un proceso que ha nacido viciado produzca buenos resultados.

Segundo acto:

De la misma forma, merece la pena cuestionar si los aspectos que se toman en cuenta en la calificación de los postulantes son los adecuados para evaluar a un representante de una de las Altas Cortes del país. Es decir, ¿son la participación en eventos académicos y la publicación de ensayos (en cualquier revista), factores relevantes para el buen desempeño en una decisión judicial? ¿Equivale una mayor cantidad de diplomas (de cualquier tipo) a un mejor criterio en cuestiones fundamentales para el rumbo del país?

Tercer acto:

No está de más mencionar que en ocasiones anteriores, a pesar de que normalmente se toman en cuenta los mismos criterios de evaluación, la ponderación de estos suele variar en la tabla de calificación. Es más, las postuladoras pasadas, a modo de favorecer a algunos candidatos, han optado por diseñar la tabla de gradación a posteriori. Es decir, después de conocer quiénes son los aspirantes a la magistratura, lo cual pone en duda la objetividad del proceso.

Al final, todo es político…

…y Bernardo lo sabe.  

Todo este proceso de evaluación, al final, no tiene sentido, ya que la decisión final recae sobre los diputados, quienes eligen a los magistrados de la nómina de candidatos seleccionados por la comisión. En otras palabras, lo que se intenta despolitizar mediante un proceso meritocrático de calificación, se termina politizando en la elección.

El presidente Arévalo es consciente de esto. Por ello, ya ha pedido un acompañamiento a la OEA, de manera que los costos de transacción para los diputados sean más elevados y se desincentiven las malas prácticas que se han mantenido en el pasado.

Entonces, a pesar de que se tenga esperanza de que esta elección desentrampe el enjambre judicial que ha impedido el funcionamiento de la administración pública, es poco probable que un proceso que ha nacido viciado produzca buenos resultados.