En pocas palabras, el gobierno de Arévalo se inaugura con muchas dificultades; no son inauditas, pero sí preocupantes. Algunos –sus fanáticos– le defienden argumentando que se debe a un supuesto “alto estándar” que se han propuesto y que cumplirlo no es cosa sencilla. Puede ser.

Otros –sus opositores– les acusan de mil y un cosas; el hilo conductor es que la línea ideológica de Semilla –y de Arévalo, obviamente–, el progresismo, es intrínsecamente contradictorio y veleidoso; depende de la situación y de la persona la forma en que se responde a ella.

La realidad es que no estaban preparados para enfrentar la vorágine que es la administración pública; nadie lo está, creo. Sin embargo, Arévalo y su gobierno enfrentan algo que cada vez más estará presente en el quehacer político: la vigilancia ciudadana de propios y ajenos. Ahora, cualquier hijo de vecino con un teléfono le toma fotos o video a un funcionario (o un familiar) y lo “postea” en redes. Más allá de que la participación cívica es un pilar fundamental en la república, lo de ahora llega a niveles de acoso.

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En días pasados, el uso indebido de recursos públicos (vehículo y seguridad) por parte de una hija de la ahora exministra de Ambiente y Recursos Naturales, consiguió que la destituyeran. Todos –incluyendo el gobierno– nos enteramos de ello luego de una publicación que se hizo viral en redes sociales.

Yo opino que esa transgresión no fue grave; debiesen existir mecanismos administrativos para lidiar con situaciones como esa, que incluyan, por supuesto, sanciones. Pecuniarias, incluso. Bien podría hablarse de reprimendas públicas y la restitución de los montos mal utilizados. Sin embargo, Guatemala se ha adentrado en una “penalitis” en donde todo, absolutamente todo, parece merecer un proceso penal.

El delito de marras está tipificado como peculado por uso (artículo 445 Bis del Código Penal), introducido en la Ley contra la Corrupción que data del 2012, aprobada durante el gobierno del Partido Patriota, aquel que dio cátedra de latrocinio. La intención –penar graves acciones delictuosas– es encomiable, pero la norma es draconiana. No todo requiere de la intervención de la justicia penal; el principio rector de ultima ratio se perdió hace rato.

Hasta Samuel Pérez, el airado diputado electo por Semilla dijo en una entrevista radial –aclarado y ampliado en declaraciones posteriores– que la lucha contra la corrupción no quería decir llevar todo al ámbito penal, sino tener procedimientos para que no ocurriesen transgresiones y poder resolver malos manejos desde el ámbito administrativo. Creo que tiene razón.

El asunto es que la progresía rancia –valga el oxímoron– ahora no puede dar marcha atrás en sus exigencias y presionó a Arévalo hasta que destituyó a la ahora exministra. Cría cuervos y te sacarán los ojos.

La destitución parece haber sido inevitable, pero la denuncia penal –que le podría acarrear pena de prisión de 3 a 5 años– es, sin duda, excesiva. Confieso que me he divertido mucho en redes, empujando a las huestes más rabiosas a exigir la denuncia por parte del Presidente, habida cuenta de que de no hacerlo él incurriría en omisión de denuncia. No basta que alguien más ya haya presentado una, si no lo hace él, le puede caer la viga.

Para cerrar la idea de la inauguración, el término tiene su origen en la antigua Roma: cuando se iba a abrir un nuevo templo, se invitaba a los augures que interpretasen el comportamiento de las aves, para determinar si era propicia dicha apertura. Yo he visto a las aves comportarse erráticamente por estos días; no se vaticina primavera.