Hoy todos nos quejamos constantemente de los altos precios que pagamos para vivir. Todo está carísimo y esto le pone presión a la economía familiar. En ese contexto, cae en campo fértil la discusión sobre la controvertida ley de competencia. El principal argumento es que velará por la competitividad en el mercado y, por consiguiente, nos llevará a precios menores.  

El fundamento que he escuchado en defensa de esta ley es que este tipo de intervención ayudaría a “aliviar fallas en el mercado”. ¿Qué tipo de falla? Una falla que permita a un “jugador” (Entiéndase empresa) extraer rentas por encima de lo que ganaría en un mercado perfectamente competitivo. ¿Cómo se generan esas rentas excedentes? Existen varias formas, como estas tres: (i) a través de colusión con los demás competidores, (ii) al lograr protecciones para limitar el surgimiento de competidores o, (iii) al fusionar empresas del sector para concentrar poder. En última instancia, lo que una política pública como esta debe buscar es proteger al consumidor de dichas prácticas anti-competitivas.

El primer reto tiene que ver con el diseño de las intervenciones gubernamentales en el mercado. ¿Qué grado de “rentas excedentes” justifica dicha intervención? ¿Quién decide cuando intervenir? ¿Cómo se define el “control del mercado”? ¿Y cuál es la consecuencia que se debe de aplicar para lograr una corrección del comportamiento?

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Por ejemplo, el hecho que exista una sola empresa que haga botellas de vidrio en un país no le genera poder de monopolio automáticamente. Esto debido a que las botellas de plástico pueden ser perfectos sustitutos y limitan la capacidad de elevar precios arbitrariamente. La teoría nos dice que debemos considerar la contestabilidad de cada mercado. En otras palabras, debemos considerar factores geopolíticos tales como el grado de apertura de ese sector. La simple amenaza de entrada de nuevos competidores, locales o internacionales, es suficiente para disuadir un incremento arbitrario de precios.

Guatemala, siendo una economía relativamente abierta, ya promueve una sana competencia para la mayor parte de sectores. De hecho, las importaciones representan aproximadamente el 36 por ciento del PIB (Lo que contrasta con el 16 por ciento de EE. UU., como punto de comparación).

Existe una consideración real derivada del tamaño del mercado guatemalteco y las economías de escala mínimas para operar en industrias específicas. Para ciertos productos o servicios que deben de ser locales (por regulaciones o fletes prohibitivos), debemos evaluar cuál es la escala mínima eficiente. Puede ser que lo más barato para el consumidor sea que exista solo una firma oferente y que con ello se aproxime el volumen necesario para esa escala mínima, particularmente por ser un país pequeño. Obviamente, siempre y cuando tales eficiencias no se vean mermadas por precios artificialmente elevados.

Sería interesante hacer un análisis serio de los precios que pagamos los consumidores guatemaltecos por los productos. Esto para ver si pagamos más caro que otros mercados y para determinar las causas de esos sobreprecios. Anticipándome a las conclusiones de dicho estudio, me atrevería a decir que sÍ pagamos más caro que otros mercados para muchos productos. Sin embargo, también me atrevería a decir que la razón de esos sobrecostos tiene muchísimo más que ver con la falta de infraestructura que con un fenómeno de prácticas anti-competitivas.

Esto se hace evidente con el ejemplo del cilantro. En la zona Reina de Quiché se produce y vende libremente a Q5.54 la libra de cilantro, mientras que en la Ciudad de Guatemala se vende a Q6.70 la libra. En Cobán (que está a 40 km lineales de Quiché, aunque no hay carretera para llegar) se vende a Q9.20 la libra. Pero, si nos vamos hasta Miami en EE. UU., el mismo cilantro se vende a Q8.10 la libra, más barato que en Cobán.

Esta diferencia en el precio se explica exclusivamente por los precios de transporte y no tiene que ver con factores anti-competitivos. Parece inaudito, pero resulta más barato el flete marítimo a Miami que transitar los 40km de Quiché a Cobán. Si el objetivo es lograr precios asequibles, quizás debiésemos priorizar la Ley de Infraestructura Vial.

Aquí cabe una reflexión sobre ciertas industrias reguladas, como los medicamentos, donde se hacen evidentes ciertos abusos a nivel de precios. La regulación genera una especie de monopolio para el fabricante o importador de cada medicamento. Eso, combinado con la ausencia de transparencia de precios y de un verdadero mercado, provoca importantes distorsiones de precios. Según un estudio de Fundesa, los precios varían de manera notoria de hospital a hospital. En este caso en particular, sí vale la pena hablar sobre una ley de competencia.

Una ley de competencia nos permitiría cumplir con el compromiso adquirido por el Estado de Guatemala frente a la Unión Europea. Sin embargo, el diablo estará en los detalles. Existen dos propuestas previas evaluadas por la Comisión de Economía del Congreso, además de una comisión ad hoc creada para estudiar esta temática. Como cualquier ley, esta debe pasar un proceso minucioso de análisis. Se deben evaluar las mejores prácticas y aprendizajes de otros mercados. Y, por supuesto, se deben evaluar sus costos y beneficios en el contexto guatemalteco.

Hay mucho por analizar con este proyecto de ley. La comisión del Congreso tiene hasta julio para trabajar en ello. Espero que lo hagan con la seriedad y atención que merece.

En última instancia, la premura por implementar una ley de competencia no debería conducirnos a la aprobación apresurada de un marco legal que pueda ser defectuoso. La toma de decisiones precipitada puede acarrear consecuencias devastadoras en el largo plazo.

Temas como este requieren una reflexión pausada y un análisis exhaustivo, sobre todo porque impactaría la economía del país y, en consecuencia, la vida de todos los ciudadanos. Diputados, no permitan que la urgencia nuble su juicio. Espero que se tomen el tiempo y que recojan los insumos necesarios para diseñar una ruta que nos lleve a un planteamiento sabio, con beneficios duraderos para el país.