La X Legislatura amenaza el crecimiento económico guatemalteco
Es necesario que las iniciativas aprobadas no muestren inclinación en desfavor de sectores de la población. Sin embargo, algunos miembros de Semilla ya han declarado enemistad con el sector privado guatemalteco en su hashtag #UnFuturoSinCACIF.
El Art. 171 de la Constitución define algunas de las atribuciones del Congreso de la República, entre estas, “decretar, reformar y derogar leyes”. Sin embargo, parece que en la actual legislatura solo resuena la primera de estas tres palabras. La mayoría de las aprobaciones suelen ser políticas de relleno que buscan maquillar la realidad y convencer que el gobierno y la legislatura están trabajando por el cambio propuesto durante su campaña.
Es común que el primer año de una legislatura sea el más activo, dado que los bloques aún se encuentran unidos, por lo que promueven la aprobación de leyes en masa que defienden los intereses de la alianza. Por ejemplo, durante el primer año de la VII Legislatura se aprobaron 34 decretos; en la VIII Legislatura fueron 50 decretos, y en la XIX Legislatura, 34. Esta última es una excepción, dado que en su tercer año se aprobaron 56, cuando la alianza del presidente alcanzó su cúspide.
Aunque los diputados del partido Movimiento Semilla fueron declarados independientes, el oficialismo cuenta una coalición dentro del congreso que alcanza 95 diputados (Semilla, UNE, VIVA, VOS, Bien, CREO, Victoria y Azul).
Han pasado 54 días (marzo 8) desde la toma de posesión de la X Legislatura. Desde entonces, se ha buscado la aprobación de alrededor de 20 iniciativas de ley, muchas de las cuales han sido rescatadas por el oficialismo, después de años de rechazo.
Algunas iniciativas han avanzado en el congreso, cinco de las cuales ya fueron aprobadas: Ley de Exención de Impuestos para la Fundación Ayúdame a Vivir –AYUVI- (Decreto 1-2024), Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024), Declaración del día nacional de los idiomas indígenas (3-2024), Reformas a decretos 28-2010 y 9-2016 (Decreto 4-2024) y Ley para la Disposición y Trasplantes de órganos, Tejidos y Células Humanas (Decreto 5-2024). Para aprobación final se encuentra la iniciativa de Ley para Defensa y protección del Consumidor. Para tercera lectura existen cuatro iniciativas: Ley Reguladora del Sistema Portuario Nacional, Ley Marco para la gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, Ley de Acceso Gratuito a Internet y Reforma a la Ley de Creación de IRTRA.
Sin embargo, en nada más 54 días se han mencionado más iniciativas que pueden presentar cambios sustanciales en el funcionamiento de los sectores público y privado. Por ejemplo: la Ley para Libertad de Empresas, la Ley General para el Control de la Calidad y Precios de Medicamentos, la Ley de Clases Pasivas, la Ley de Competencia, la Ley de inversiones y la Ley de Promoción de Alimentación Saludable.
Es necesario que las iniciativas aprobadas no muestren inclinación en desfavor de sectores de la población. Sin embargo, algunos miembros de Semilla ya han declarado enemistad con el sector privado guatemalteco en su hashtag #UnFuturoSinCACIF. . Esto ha demostrado no ser solamente campaña, sino que dentro de algunas iniciativas se identifica la promoción de la expulsión de la representación del sector empresarial en las decisiones públicas.
El efecto de esto puede ser catastrófico para la productividad de la industria guatemalteca y para su sistema de incentivos, lo que podrá afectar las relaciones comerciales estratégicas del país e incluso la estabilidad económica actual.
El Informe Económico y Comercial de 2021, realizado por la Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, reafirma la importancia del sector privado en la estabilidad del país, así como en el crecimiento económico en los siguientes años. Por ejemplo, entre otros factores como las remesas, el sector privado permitió que la caída del PIB durante 2020 por la COVID-19, fuera solamente de 1.5 %, en lugar del 8.1 % del promedio de la región. Asimismo, hubo un aumento en la construcción de edificaciones por este sector que fortaleció la actividad económica del país, aportando un 4.2 % al PIB.
Entonces, ¿es una amenaza al crecimiento económico la debilitación del sector privado en el país? La respuesta es que sí. La gran pregunta es ¿será la actual legislatura una amenaza para el sector privado y el crecimiento económico de Guatemala? El primer año lo determinará.
La X Legislatura amenaza el crecimiento económico guatemalteco
Es necesario que las iniciativas aprobadas no muestren inclinación en desfavor de sectores de la población. Sin embargo, algunos miembros de Semilla ya han declarado enemistad con el sector privado guatemalteco en su hashtag #UnFuturoSinCACIF.
El Art. 171 de la Constitución define algunas de las atribuciones del Congreso de la República, entre estas, “decretar, reformar y derogar leyes”. Sin embargo, parece que en la actual legislatura solo resuena la primera de estas tres palabras. La mayoría de las aprobaciones suelen ser políticas de relleno que buscan maquillar la realidad y convencer que el gobierno y la legislatura están trabajando por el cambio propuesto durante su campaña.
Es común que el primer año de una legislatura sea el más activo, dado que los bloques aún se encuentran unidos, por lo que promueven la aprobación de leyes en masa que defienden los intereses de la alianza. Por ejemplo, durante el primer año de la VII Legislatura se aprobaron 34 decretos; en la VIII Legislatura fueron 50 decretos, y en la XIX Legislatura, 34. Esta última es una excepción, dado que en su tercer año se aprobaron 56, cuando la alianza del presidente alcanzó su cúspide.
Aunque los diputados del partido Movimiento Semilla fueron declarados independientes, el oficialismo cuenta una coalición dentro del congreso que alcanza 95 diputados (Semilla, UNE, VIVA, VOS, Bien, CREO, Victoria y Azul).
Han pasado 54 días (marzo 8) desde la toma de posesión de la X Legislatura. Desde entonces, se ha buscado la aprobación de alrededor de 20 iniciativas de ley, muchas de las cuales han sido rescatadas por el oficialismo, después de años de rechazo.
Algunas iniciativas han avanzado en el congreso, cinco de las cuales ya fueron aprobadas: Ley de Exención de Impuestos para la Fundación Ayúdame a Vivir –AYUVI- (Decreto 1-2024), Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024), Declaración del día nacional de los idiomas indígenas (3-2024), Reformas a decretos 28-2010 y 9-2016 (Decreto 4-2024) y Ley para la Disposición y Trasplantes de órganos, Tejidos y Células Humanas (Decreto 5-2024). Para aprobación final se encuentra la iniciativa de Ley para Defensa y protección del Consumidor. Para tercera lectura existen cuatro iniciativas: Ley Reguladora del Sistema Portuario Nacional, Ley Marco para la gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, Ley de Acceso Gratuito a Internet y Reforma a la Ley de Creación de IRTRA.
Sin embargo, en nada más 54 días se han mencionado más iniciativas que pueden presentar cambios sustanciales en el funcionamiento de los sectores público y privado. Por ejemplo: la Ley para Libertad de Empresas, la Ley General para el Control de la Calidad y Precios de Medicamentos, la Ley de Clases Pasivas, la Ley de Competencia, la Ley de inversiones y la Ley de Promoción de Alimentación Saludable.
Es necesario que las iniciativas aprobadas no muestren inclinación en desfavor de sectores de la población. Sin embargo, algunos miembros de Semilla ya han declarado enemistad con el sector privado guatemalteco en su hashtag #UnFuturoSinCACIF. . Esto ha demostrado no ser solamente campaña, sino que dentro de algunas iniciativas se identifica la promoción de la expulsión de la representación del sector empresarial en las decisiones públicas.
El efecto de esto puede ser catastrófico para la productividad de la industria guatemalteca y para su sistema de incentivos, lo que podrá afectar las relaciones comerciales estratégicas del país e incluso la estabilidad económica actual.
El Informe Económico y Comercial de 2021, realizado por la Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, reafirma la importancia del sector privado en la estabilidad del país, así como en el crecimiento económico en los siguientes años. Por ejemplo, entre otros factores como las remesas, el sector privado permitió que la caída del PIB durante 2020 por la COVID-19, fuera solamente de 1.5 %, en lugar del 8.1 % del promedio de la región. Asimismo, hubo un aumento en la construcción de edificaciones por este sector que fortaleció la actividad económica del país, aportando un 4.2 % al PIB.
Entonces, ¿es una amenaza al crecimiento económico la debilitación del sector privado en el país? La respuesta es que sí. La gran pregunta es ¿será la actual legislatura una amenaza para el sector privado y el crecimiento económico de Guatemala? El primer año lo determinará.