Hoy nos enfrentamos a un problema crítico que demanda nuestra atención urgente y acciones decisivas. Desde el año 2013, no se había realizado nuevas licitaciones de energía en nuestro país. Esta falta de iniciativa ha contribuido a crear una situación precaria en el suministro energético, exacerbada por una serie de factores desfavorables.

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas ha emitido un importante Acuerdo Ministerial, el 75-2024/SG, en respuesta a las dificultades que estamos experimentando en el sector energético. Este acuerdo declara una situación de emergencia en nuestro Sistema Nacional Interconectado, lo que significa que debemos tomar medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en todo el país.

En primer lugar, nos encontramos con una situación climática adversa. Las condiciones de lluvia no han sido normales en los últimos tiempos, lo que ha impactado negativamente en nuestros recursos hídricos y, por ende, en la generación de energía hidroeléctrica. Esta falta de disponibilidad de energía renovable ha coincidido con récords históricos de demanda energética, creando una presión sin precedentes sobre nuestro sistema eléctrico.

Sin embargo, más allá de las condiciones climáticas, debemos reconocer que la falta de certeza jurídica y la pérdida de confianza de los inversionistas son también factores determinantes en esta crisis energética.

Guatemala ha sido testigo de un retroceso lamentable en su desarrollo energético, pasando de tener un excedente de generación eléctrica y la capacidad de exportar energía a países vecinos como México y El Salvador, a encontrarnos ahora en una situación de escasez energética y tarifas que se aproximan a niveles incompetitivos.

Este retroceso de casi 30 años en el desarrollo energético de nuestro país no solo representa un obstáculo para nuestro progreso económico, sino que también amenaza con afectar gravemente la calidad de vida de nuestro país. El costo de la energía está aumentando exponencialmente, lo que impacta directamente en el costo de vida de las familias guatemaltecas y en la competitividad de nuestras empresas en el mercado global.

Además, debemos abordar el problema del robo de energía, perpetrado por grupos como CODECA, que agravan aún más nuestra situación energética. Este flagelo no solo representa pérdidas económicas significativas para el Estado y las empresas proveedoras de energía, sino que también contribuye a empeorar la crisis energética que enfrentamos.

En este contexto, es fundamental que el gobierno tome medidas urgentes y efectivas para abordar esta crisis energética de manera integral. Es necesario fomentar un ambiente de inversión favorable, brindando certidumbre jurídica y garantizando la seguridad de las inversiones en el sector energético. Al mismo tiempo, debemos fortalecer la infraestructura energética del país, diversificando nuestras fuentes de energía y promoviendo el uso eficiente y sostenible de los recursos disponibles.

Asimismo, es imperativo adoptar medidas rigurosas para combatir el robo de energía y garantizar el cumplimiento de la ley por parte de todos los actores involucrados en el sector eléctrico.

Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas presentaron dos planes fundamentales: el Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2024-2054 y el Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2024-2054.

La próxima licitación de generación PEG 05-2024, programada para este año, es de suma importancia porque en ese año, vencerán los contratos de más de 1065 megavatios de las tres distribuidoras más importantes del país, y es imperativo sustituir estos contratos por nuevas plantas.

Enfrentamos una crisis energética que requiere un enfoque integral y la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Debemos actuar con determinación y celeridad para superar los desafíos que enfrentamos y garantizar un suministro energético confiable y asequible. Es posible construir un futuro más próspero y sostenible para todos los guatemaltecos.