Recientemente, tuvo lugar la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME). La CAME es un espacio político donde organizaciones de la sociedad civil pueden entrar en diálogo con los órganos estatales encargados del proceso electoral. Prima facie el espacio político que establece la CAME es positivo, proveyendo un lugar para que la sociedad, a través de sus múltiples sectores, presente propuestas para la reforma de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Sin embargo, la CAME y, en general, el sistema electoral tiene fallas fatales con respecto a la legitimidad y la representatividad.

La legitimación y, por tanto, el residir de la legitimidad en lo contemporáneo está contenido fundamentalmente en el proceso de selección del soberano. Anteriormente, la legitimidad residía en la Corona, la continuación de la sucesión monárquica y la adherencia a la ley. La legitimidad de la Corona dependía de su allegar a la ley positiva, natural y divina. Los súbditos bajo el rey tenían el deber de exhortarle a un sínodo (“caminar juntos”) entre la ley y él mismo o, también, en casos extraordinarios, el deber de sustituirlo por alguien dentro de su mismo legado si este apostataba o se separaba de las normas. La legitimidad del rey residía en la justicia y verdad eterna, próxima a lo político, pero siempre sobre ello.

Ahora bien, la legitimidad contemporánea no reside únicamente en la adherencia a la ley. Los presidentes son legítimos no por su adherencia a la ley natural sino por el proceso por el cual fueron electos.

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Debido a que nuestras sociedades, a pesar de tener más o menos una cosmovisión judeocristiana, son heterogéneas y el entendimiento común sobre la justicia y la ley (ius) se ha diluido. Por tanto, la legitimidad reside en el proceso de elección de los representantes, aquellos enviados por el pueblo para apegarse a la voluntad de la población. La legitimidad no es externa a la voluntad de los ciudadanos, sino inmanente a ella. La ley es legítima únicamente por ser autoimpuesta por la voluntad general.

¿Qué tiene que ver con la CAME esta comparación histórica?

Si la legitimidad nace de la voluntad popular a través de los procesos de elección, lo esencial para mantener la legitimidad y estabilidad nacional es diseñar un proceso electoral que conduzca la voluntad popular hacia una verdadera representación. La CAME se encarga de concentrar los distintos sectores de la población en ella y, sin embargo, no es más que un proceso de performance democrático. Así como decir comida no sacia el hambre, hablar sobre procesos electorales más “actuales y modernos” no hace al Congreso más representativo.

El estatus de la CAME no es vinculante. La CAME únicamente sirve para crear un sistema de agregación de comentarios técnicos sobre el proceso electoral, reduciendo los costos de investigación a través de la sociedad. Esto quiere decir que la CAME es un vehículo a través del cual el TSE recolecta información únicamente y no tiene un futuro donde sea contemplado una acción de reforma a la ley electoral.

Si se desea una república donde el soberano sea el pueblo a través del Congreso, se necesitan procesos de reformas que hagan del Congreso un espacio vinculante entre representante y representado. Las reformas republicanas propuestas para la LEPP pretenden enlazar al ciudadano con el diputado, de modo que la creación de redes clientelares implique una mayor rendición de cuentas y, por tanto, se incentive a una verdadera conexión entre el estadista y el ciudadano. Si Guatemala desea ver su voluntad en el Congreso, necesita una CAME que presione al TSE y mayores mecanismos vinculantes de agregación de intereses de la población para agrandar la representatividad a través de una nueva ley que haga más legítimo el proceso y, por ende, también al Congreso.