En esta época en la que la información abunda y, más que formar opinión en cualquier persona la deforma, se hace necesario buscar nuevos canales de comunicación capaces de trasladar los mensajes de forma efectiva. En este sentido, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, cuya administración ha cumplido los 100 días esta semana, parece necesitar cada vez con más urgencia encontrar ese canal efectivo.

Para la población en general, que necesita saber la realidad de las cosas que están sucediendo en la vida política nacional, enterarse de las decisiones que día a día toma el gobierno y del real estado de las cosas en las instituciones públicas, la lluvia de videos cortos y declaraciones vía X, provocan una oleada de mensajes contradictorios que se deforman por el ruido de fondo de quienes aprovechan precisamente esta poca claridad de los mensajes para sembrar dudas y criticar sin fundamento. El gobierno debe de encontrar la forma de informar mediante mensajes claros y asertivos que no puedan, o al menos que cueste mucho ser deformados una vez se hayan emitido.

El tema no es baladí, no solo por la cantidad de recursos que va a requerir para que funcione el mecanismo, sino porque en un segundo grado de análisis compromete seriamente al mismo gobierno y a sus instituciones.

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Llama la atención que mucha de esta complicación en comunicar claramente a la población, parte de los mismos despachos ministeriales, desde los que no se transmite el mensaje de forma clara, sino que viene acompañado de ambigüedades que luego, cuesta mucho aclarar, desgastando de forma innecesaria a los funcionarios públicos, exponiéndolos innecesariamente a cuestionamientos sobre sus capacidades profesionales o sobre el control real que tienen sobre los temas que pasan por sus despachos. En este sentido, para dar un ejemplo, el Ministerio de Salud no ha logrado transmitir con claridad la necesidad del convenio que se busca firmar con la UNOPS, mecanismo que tan solo en el primer año de su vigencia conllevaría el desembolso de alrededor de Q. 945 millones para la compra de medicamentos.

El Ministerio de Salud no ha logrado siquiera informar si el convenio ya está firmado o si se encuentra aun en negociación, levantando sospechas sobre esta desinformación o ausencia de información de los funcionarios que la proveen. Al menos para el día lunes recién pasado, en que se celebró la reunión de Jefes de Bloque del Congreso, este punto se pudo aclarar a medias hasta que un diputado presente llevó una copia del acuerdo que “estaba circulando” por alguna parte y resultó aterrizando en sus manos. Los funcionarios de salud que acudieron a la citación de dicha instancia no pudieron informar si se trataba del documento verdadero o si era apócrifo y apenas alcanzaron a afirmar que el convenio estaba aun en borrador.

Urgen canales confiables de información; una vocería que sea capaz de trasladar las posiciones e informar de las acciones del presidente y sus ministros, de forma que los mensajes se posicionen en la mente de los gobernados

El tema no es baladí, no solo por la cantidad de recursos que va a requerir para que funcione el mecanismo, sino porque en un segundo grado de análisis compromete seriamente al mismo gobierno y a sus instituciones. El mensaje de contratar a la UNOPS es un claro mensaje de que el presidente no confía en el aparato burocrático del Ministerio de Salud y que prefiere recurrir a un organismo internacional para realizar acciones para las que existen unidades locales creadas y en funcionamiento, con funcionarios ocupando plazas que devengan salarios y que, al parecer, solo se les hace a un lado para sostener el discurso de la desconfianza a todo funcionario anterior a la presente administración. Un mensaje más claro del gobierno sería limpiar a las instituciones de esos funcionarios nocivos o corruptos, mediante los mecanismos de ley, y no sólo crear bypases temporales que vienen a complejizar aún más nuestra ya enrevesada burocracia.

Urgen canales confiables de información; una vocería que sea capaz de trasladar las posiciones e informar de las acciones del presidente y sus ministros, de forma que los mensajes se posicionen en la mente de los gobernados y cuidar que las acciones que se toman no tengan efectos nocivos en la propia confiabilidad del funcionariado público. La burocracia no puede desaparecer, porque se necesitan funcionarios experimentados que sepan navegar las complejidades administrativas del gobierno, que ahorran tiempo y errores. La evaluación de los 100 días todos sabemos que es una marca de tiempo arbitraria, pero puede servir para marcar nuevo rumbo y corregir errores. En el tema de la comunicación, urge tomar medidas antes que el hastío y la desconfianza de la población haga que cualquier esfuerzo posterior sea inútil.