Si el catorce de enero el diputado Bernardo Arévalo es investido como presidente, se habrá establecido un funesto precedente. A partir de entonces lo acontecido se tomará como referente para justificar llegar al poder mediante el fraude, por medio de trampas, violando la ley. Será el fin de la república. Pasaremos de un estado de derecho, donde impera la ley, y donde nadie está por encima de ésta, a un estado despótico, donde en lugar de leyes imperan los decretos del déspota, y donde la clase regente está por encima de la ley. 

Se distingue con toda claridad como los intereses políticos se anteponen al imperio de la ley. El diputado Arévalo solicitó y obtuvo la ayuda de regímenes extranjeros para que presionen a los guatemaltecos con el propósito de que no hagan cumplir la ley, que el MP no investigue el fraude como lo manda la Constitución. Organizaciones socialistas como la OEA, UE y gobiernos ídem presionan amenazando con sanciones, remoción de visas o inclusión en listas negras políticas para que se viole el imperio de la ley y se haga caso omiso del hecho que el candidato llegó por medios fraudulentos. Pretenden forzar la imposición del candidato de su predilección con el propósito de extender su agenda política. 

La presión sigue los lineamientos del proceso socialista ya bien conocido desde que Karl Marx lo instituyó. Para Marx y los socialistas la verdad no importa. Lo único que importa es conseguir el poder para nunca soltarlo. Por eso Marx inventó lo que llamó “polilogismo”. Éste supone que cada clase social tiene su propia “lógica” distinta de las de las otras clases. Cada una razona, no buscando la verdad, sino que justificando sus caprichos. Así la clase proletaria tiene una “lógica proletaria” que defiende sus intereses. Y la clase burguesa tiene otra lógica, la “lógica burguesa” que defiende los propios. Como es evidente, la discusión es imposible pues no se pretende descubrir la verdad de los hechos, sino imponer los propios intereses

Por eso el recurso más usado es la falacia ad hominem (se insulta para descalificar al oponente por algún rasgo personal, como su apariencia, su origen, su moral, etc.). De esa manera los socialistas descalificaban a sus oponentes argumentando que por ser burgueses sólo podían decir lo que decían por su lógica burguesa. O los nazis a los judíos quienes según ellos sólo podían pensar como judíos. De igual manera, estas organizaciones y gobiernos extranjeros tildan de “antidemocráticos” a quienes no se pliegan a sus caprichos dictatoriales. Y a los de ese modo calificados se los sanciona para obligarlos a comportarse como estos déspotas quieren. La justicia no les importa. La verdad de los hechos les es indiferente. El fraude, la trampa, el engaño eludiendo obligaciones legales para imponer al candidato de semilla les tiene sin cuidado. 

Si la Corte de Constitucionalidad permite que por medio de la presión logren los tramposos imponer sus intereses políticos por encima del imperio de la ley, se habrá implementado un nefasto precedente.