La división del poder suele incomodar a quienes quisieren ejercerlo de la forma más completa y profunda posible; pero es esencial si queremos tener una república sana… en vez de un juego de tronos.

Es más, Carl Joachim Friedrich, citado por Alberto Herrarte autor de El Estado de Derecho, dice que “la división del poder es la base del gobierno civilizado”; y Karl Loewenstein, también citado por Herrarte, advierte que “la clasificación de un sistema político como democrático o constitucional depende de la existencia o carencia de instituciones efectivas, por medio de las cuales el ejercicio del poder político está distribuido entre los detentadores del poder”.

¡No es cualquier cosa la división del poder!

Desde una perspectiva somera, muchos la limitan a que haya un Organismo Ejecutivo, uno Legislativo y otro Judicial.  Pero, en una observación más atenta, el concepto incluye municipalidades autónomas, y un Ministerio Público independiente, para mencionar dos componentes republicanos importantes.

Es entendible que -en cualquier sociedad- quienes ejercen el poder en el Ejecutivo quieran una aplanadora oficialista en el Congreso y quieran jueces serviles; que prefieran alcaldes sumisos y un Ministerio Público que, más que velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, no estorbe y sirva a las políticas de la Administración. Pero eso no es sano. 

Prefiero, por supuesto, defender la división del poder frente a un caprichoso juego de tronos.

Esta meditación viene a cuento porque la Administración Arévalo o Administración semillera analiza la posibilidad de llamar a una consulta popular para remover a la jefa del Ministerio Público; y, por supuesto, para después nombrar a alguien de su gusto.

A los miembros del Movimiento Semilla no les importa que, en su oportunidad, fueron sus filas (en asociación con la CICIG) las que blindaron la jefatura del Ministerio Público para evitar la remoción de una Fiscal General que era de su persuasión.  Ahora que a su Administración no le conviene aquel blindaje están dispuestos a hacer cualquier güizachada con tal de que se haga su voluntad, incluso la de acudir a un truco jacobino.

Lo anterior no debe extrañarnos, porque ya habían anunciado que “Jalisco nunca pierde; y si pierde, arrebata” ¿Te acuerdas que durante la campaña uno de sus diputados más notables dijo, durante el gobierno de Semilla, si no conseguían las reformas que querían iban a sacar a la gente a la calle? Pues, eso. 

Además, la consulta popular está prevista en la Constitución para decisiones políticas de especial trascendencia como las reformas derivadas de los acuerdos de apaciguamiento o la búsqueda de una solución para el tema de Belice, que son de interés general; pero ¿qué trascendencia tiene -como no sea específicamente para quienes ejercen el poder- imponer un Fiscal General a la medida del partido oficial y jugarle la vuelta a la ley mediante la marufia de “sacar a la gente” a la calle para una consulta?

¿La Administración Arévalo tiene idea de cuánto puede costar semejante capricho? No solo en términos del dinero de los tributarios, sino en términos de desgaste emocional, cívico y político para los electores...  y para ella.

Prefiero, por supuesto, defender la división del poder frente a un caprichoso juego de tronos.

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