En los próximos días se espera que el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entregue una terna de candidatos al presidente Otto Pérez para que elija al nuevo Superintendente. Paralelamente, la comisión de postulación correspondiente convocó a los candidatos para sustituir a varios miembros de dicho Directorio.
Uno de los retos más importantes del nuevo Superintendente será tratar de alcanzar la meta fiscal para el 2015, que asciende a Q54 mil millones.
El Superintendente es la autoridad administrativa superior y el funcionario ejecutivo de mayor nivel jerárquico de la SAT. Tiene a su cargo la administración y dirección general de la institución. Para el cumplimiento de las funciones del ente recaudador, tiene la representación legal de la Institución, la cual podrá delegar en los funcionarios que designe para el efecto.
Según dijo a los medios Saúl Figueroa, viceministro de Finanzas y encargado de ingresos y evaluación fiscal, al nuevo superintendente se le “exigirá” más eficiencia para cumplir con las metas de recaudación. También se le pedirá que planifique más auditorías fiscales y control en los recintos aduanales. Lo anterior para recuperar los tributos que se han dejado de percibir por la vía del ISR y en aduanas.
Necesidad de cambios de verdad
El viceministro Figueroa reconoció que es difícil que una persona cambie todo el procedimiento en la administración tributaria. Por esa razón, tanto los funcionarios de Finanzas como el presidente Otto Pérez han declarado que se necesita una “reingeniería” en esa entidad, ya que en el estado actual no puede cumplir con las metas. Se sabe que dentro de estos planes todavía se tiene contemplada la opción de contratar a una empresa para tercerizar los cobros.
Para el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos, los cambios en la SAT no se deben limitar en nombrar nuevos miembros del Directorio y a un nuevo Superintendente. “Tampoco se debe enfocar en la contratación de empresas para que recolecten los tributos cobrando cantidades millonarias”, señala, refiriéndose a que se ha dicho que implementarlas costaría unos Q80 millones y además se les pagaría un porcentaje de lo recaudado.
El analista refiere que entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) tienen expertos en ese tema que podrían ayudar a diseñar y llevar a cabo dicha ingeniería. “En lugar de gastar desmedidamente, podría ser incluso sin costo ya que esto no es una oportunidad de negocios”, considera.
Por su parte, el economista Rodrigo Ponce coincide en que no hay necesidad de contratar a empresas de otros países que cobran tan caro. “En Guatemala hay 16 mil economistas colegiados y ocho mil auditores que están capacitados para asesorar y ejecutar los cambios que se necesitan”, señala.
Grandes retos
Para Barrientos el nuevo Superintendente debería empezar por despolitizar a la SAT y hacer cumplir lo que dice su ley orgánica en cuanto a que sea un ente descentralizado y con autonomía funcional económica, financiera, técnica y administrativa. Partiendo de allí, debe haber una coordinación técnica con el Ministerio de Finanzas y el Directorio para revisar las metas, respetando la independencia en la SAT.
Ponce también señala que la SAT debería alejarse de la politización porque eso le ha afectado en los últimos años, pero lo que ocurre es lo contrario. “Estas designaciones deberían hacerse a nivel técnico, pero en su lugar hay negociaciones”, considera. También señala que por dicha politización, el puesto de Superintendente está supeditado a lo que ocurra con la elección de Contralor General de Cuentas. “Todo para cumplir con sus propios intereses. Recordemos que de estas entidades salen los finiquitos para los que quieran inscribirse como candidatos para las próximas elecciones”, dice Ponce.
En cuanto a la meta fiscal, Barrientos señala que es importante que se cumpla también con la ley. “En el Decreto 13-2013, o Ley de Transparencia, se establece cómo debe plantearse la cantidad a recaudar por medio de una Comisión Técnica”, señala. Sin embargo, precisamente la transparencia se ha visto afectada con el actuar de esta administración, sobre todo con la forma en que se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, así como lo allí contenido.
Panorama complicado
Las consecuencias de la falta de credibilidad y transparencia van más allá. Además de los problemas que ya se tienen en la SAT desde tiempo atrás, la situación se complicaría todavía más si la Corte de Constitucionalidad (CC) suspende definitivamente los incrementos a los impuestos a la telefonía, minería y cemento. Dichos ingresos ya están contemplados dentro del Presupuesto 2015, por lo que los problemas de financiamiento serían mayores.
“Por cuarto año consecutivo habría un agujero fiscal. Es innegable que se necesitan más recursos en el Gobierno, mejor si son provenientes de impuestos y no de préstamos y bonos. Pero como la credibilidad está tan debilitada, la gente no lo apoya”, señala Barrientos.
Ponce considera que al nuevo Superintendente le espera un panorama complicado, no sólo por los retos inherentes al puesto y los problemas por la corrupción y evasión sino también por las acciones que se llevan a cabo contra el Presupuesto 2015. “Sin embargo, debe concentrarse en seguir con la recaudación sin esperar las resoluciones, basándose en el propio plan operativo anual del Directorio de la SAT que está vigente”, señala.
La SAT del PP
En el Gobierno de Otto Pérez inició como Superintendente Rudy Villeda, elegido por el expresidente Álvaro Colom, pero fue destituido en febrero 2012. Un mes después se eligió a Miguel Gutiérrez, que estuvo en el cargo hasta marzo del 2013 y fue destituido por diferencias con el entonces ministro de Finanzas, Pavel Centeno. Así fue como llegó Carlos Muñoz en abril 2013, que fue destituido la semana pasada. Interinamente fue nombrado Omar Franco hasta que el Directorio mande una terna a Pérez Molina y se elija al nuevo Superintendente de la SAT.
Desde mediados de 2012 ha habido desacuerdos entre el Ministerio de Finanzas y la SAT debido a las cifras de recaudación. Analistas señalan que hay poca coordinación y comunicación, así como pugnas políticas.
A lo anterior hay que sumarle otros problemas y escándalos, como la intención del Ejecutivo y de la SAT de contratar a una empresa argentina Kolektor para mejorar la cobranza de impuestos.
En los próximos días se espera que el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entregue una terna de candidatos al presidente Otto Pérez para que elija al nuevo Superintendente. Paralelamente, la comisión de postulación correspondiente convocó a los candidatos para sustituir a varios miembros de dicho Directorio.
Uno de los retos más importantes del nuevo Superintendente será tratar de alcanzar la meta fiscal para el 2015, que asciende a Q54 mil millones.
El Superintendente es la autoridad administrativa superior y el funcionario ejecutivo de mayor nivel jerárquico de la SAT. Tiene a su cargo la administración y dirección general de la institución. Para el cumplimiento de las funciones del ente recaudador, tiene la representación legal de la Institución, la cual podrá delegar en los funcionarios que designe para el efecto.
Según dijo a los medios Saúl Figueroa, viceministro de Finanzas y encargado de ingresos y evaluación fiscal, al nuevo superintendente se le “exigirá” más eficiencia para cumplir con las metas de recaudación. También se le pedirá que planifique más auditorías fiscales y control en los recintos aduanales. Lo anterior para recuperar los tributos que se han dejado de percibir por la vía del ISR y en aduanas.
Necesidad de cambios de verdad
El viceministro Figueroa reconoció que es difícil que una persona cambie todo el procedimiento en la administración tributaria. Por esa razón, tanto los funcionarios de Finanzas como el presidente Otto Pérez han declarado que se necesita una “reingeniería” en esa entidad, ya que en el estado actual no puede cumplir con las metas. Se sabe que dentro de estos planes todavía se tiene contemplada la opción de contratar a una empresa para tercerizar los cobros.
Para el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos, los cambios en la SAT no se deben limitar en nombrar nuevos miembros del Directorio y a un nuevo Superintendente. “Tampoco se debe enfocar en la contratación de empresas para que recolecten los tributos cobrando cantidades millonarias”, señala, refiriéndose a que se ha dicho que implementarlas costaría unos Q80 millones y además se les pagaría un porcentaje de lo recaudado.
El analista refiere que entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) tienen expertos en ese tema que podrían ayudar a diseñar y llevar a cabo dicha ingeniería. “En lugar de gastar desmedidamente, podría ser incluso sin costo ya que esto no es una oportunidad de negocios”, considera.
Por su parte, el economista Rodrigo Ponce coincide en que no hay necesidad de contratar a empresas de otros países que cobran tan caro. “En Guatemala hay 16 mil economistas colegiados y ocho mil auditores que están capacitados para asesorar y ejecutar los cambios que se necesitan”, señala.
Grandes retos
Para Barrientos el nuevo Superintendente debería empezar por despolitizar a la SAT y hacer cumplir lo que dice su ley orgánica en cuanto a que sea un ente descentralizado y con autonomía funcional económica, financiera, técnica y administrativa. Partiendo de allí, debe haber una coordinación técnica con el Ministerio de Finanzas y el Directorio para revisar las metas, respetando la independencia en la SAT.
Ponce también señala que la SAT debería alejarse de la politización porque eso le ha afectado en los últimos años, pero lo que ocurre es lo contrario. “Estas designaciones deberían hacerse a nivel técnico, pero en su lugar hay negociaciones”, considera. También señala que por dicha politización, el puesto de Superintendente está supeditado a lo que ocurra con la elección de Contralor General de Cuentas. “Todo para cumplir con sus propios intereses. Recordemos que de estas entidades salen los finiquitos para los que quieran inscribirse como candidatos para las próximas elecciones”, dice Ponce.
En cuanto a la meta fiscal, Barrientos señala que es importante que se cumpla también con la ley. “En el Decreto 13-2013, o Ley de Transparencia, se establece cómo debe plantearse la cantidad a recaudar por medio de una Comisión Técnica”, señala. Sin embargo, precisamente la transparencia se ha visto afectada con el actuar de esta administración, sobre todo con la forma en que se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, así como lo allí contenido.
Panorama complicado
Las consecuencias de la falta de credibilidad y transparencia van más allá. Además de los problemas que ya se tienen en la SAT desde tiempo atrás, la situación se complicaría todavía más si la Corte de Constitucionalidad (CC) suspende definitivamente los incrementos a los impuestos a la telefonía, minería y cemento. Dichos ingresos ya están contemplados dentro del Presupuesto 2015, por lo que los problemas de financiamiento serían mayores.
“Por cuarto año consecutivo habría un agujero fiscal. Es innegable que se necesitan más recursos en el Gobierno, mejor si son provenientes de impuestos y no de préstamos y bonos. Pero como la credibilidad está tan debilitada, la gente no lo apoya”, señala Barrientos.
Ponce considera que al nuevo Superintendente le espera un panorama complicado, no sólo por los retos inherentes al puesto y los problemas por la corrupción y evasión sino también por las acciones que se llevan a cabo contra el Presupuesto 2015. “Sin embargo, debe concentrarse en seguir con la recaudación sin esperar las resoluciones, basándose en el propio plan operativo anual del Directorio de la SAT que está vigente”, señala.
La SAT del PP
En el Gobierno de Otto Pérez inició como Superintendente Rudy Villeda, elegido por el expresidente Álvaro Colom, pero fue destituido en febrero 2012. Un mes después se eligió a Miguel Gutiérrez, que estuvo en el cargo hasta marzo del 2013 y fue destituido por diferencias con el entonces ministro de Finanzas, Pavel Centeno. Así fue como llegó Carlos Muñoz en abril 2013, que fue destituido la semana pasada. Interinamente fue nombrado Omar Franco hasta que el Directorio mande una terna a Pérez Molina y se elija al nuevo Superintendente de la SAT.
Desde mediados de 2012 ha habido desacuerdos entre el Ministerio de Finanzas y la SAT debido a las cifras de recaudación. Analistas señalan que hay poca coordinación y comunicación, así como pugnas políticas.
A lo anterior hay que sumarle otros problemas y escándalos, como la intención del Ejecutivo y de la SAT de contratar a una empresa argentina Kolektor para mejorar la cobranza de impuestos.