El titular de la Superintendente de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, se presentó este jueves a la Comisión de Finanzas para presentar sus propuestas para el fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), como parte de la disposición del Congreso de la apertura de espacios con todos los sectores.
La SIB expresó que en cuanto a la consulta de la SAT a cuentas bancarias, se propone un proceso selectivo y por orden de juez; sin embargo, la entidad no especificó algún caso en donde la SAT pudiera hacer la consulta y bajo qué circunstancias.
Al intentar cuestionar este punto a Arévalo, el funcionario no quiso dar declaraciones a la prensa por lo que el presidente Jairo Flores le pidió que le redactara la propuesta en cuanto a este inciso.
Lavado de dinero
La Superintendencia de Bancos expresó su preocupación a los integrantes de la Comisión de Finanzas acerca del tema de lavado de dinero por lo que aprovechó la oportunidad para presentar un proyecto acerca el combate al Lavado Dinero y Prevención del Terrorismo llamado Actualización y Fortalecimiento del Marco Legal para la Prevención de la Delincuencia Financiera.
Esta propuesta toca cuatro puntos importantes: el financiamiento al terrorismo que lo que se busca es tomar acciones como el congelamiento o la previsión de fondos de inmediato a quien financie al terrorismo, y no solo a las organizaciones sino también a particulares. El segundo es poner en práctica medidas preventivas a sujetos obligados que se enfoca en el registro de los abogados y auditores, y de casinos, inmobiliarias y casas de préstamo. El tercero es la naturaleza y uso de la información para proteger a los que hacen la labor de inteligencia financiera. Y cuarto, la transparencia de beneficiario legal de sociedades mercantiles que lo que pretende es llegar hasta el último que esté detrás de la empresa.
Para el diputado Jairo Flores, esta iniciativa sirve para darle “dientes” a diferentes leyes como el Código Penal, Ley de Extinción de Dominio, Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, Código de Notariado y el Código de Comercio de Guatemala.
Flores pidió a Arévalo que le presente un borrador de esta propuesta más detallado para que se conozca en primera lectura el 28 de junio en el pleno y que sea dictaminada por la UNE.
¿Qué hacer con las Off Shore?
En cuanto al tema de las off shores, lo que busca esta iniciativa de la SIB es un registro para que los abogados puedan ser sujetos responsables y que tengan la obligatoriedad de reportar a la Superintendencia de Bancos.
También se pidió que exista un inventario adecuado de estas entidades, Empresas Mercatiles y Sociedades Anónimas y que la SIB concentre esta información, así como que se reporten todos los movimientos de dinero o activos.
“La SIB debe tener un registro de todas las off shore que existen en el país. No porque sean malas sino porque su uso pueda tener la finalidad de evadir pago de impuestos o el deposito de dinero producto de actos ilícitos“, comentó Flores.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), por intermedio de Alejandra Quevedo, insistió en un registro de abogados, auditores, contadores públicos para que ellos deban registrar todas sus operaciones y que la SIB pueda rastrear estos movimiento en caso sean ilícitos, financiar terrorismo, o evadir impuestos.
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La SIB expresó que en cuanto a la consulta de la SAT a cuentas bancarias, se propone un proceso selectivo y por orden de juez; sin embargo, la entidad no especificó algún caso en donde la SAT pudiera hacer la consulta y bajo qué circunstancias.
Al intentar cuestionar este punto a Arévalo, el funcionario no quiso dar declaraciones a la prensa por lo que el presidente Jairo Flores le pidió que le redactara la propuesta en cuanto a este inciso.
Lavado de dinero
La Superintendencia de Bancos expresó su preocupación a los integrantes de la Comisión de Finanzas acerca del tema de lavado de dinero por lo que aprovechó la oportunidad para presentar un proyecto acerca el combate al Lavado Dinero y Prevención del Terrorismo llamado Actualización y Fortalecimiento del Marco Legal para la Prevención de la Delincuencia Financiera.
Esta propuesta toca cuatro puntos importantes: el financiamiento al terrorismo que lo que se busca es tomar acciones como el congelamiento o la previsión de fondos de inmediato a quien financie al terrorismo, y no solo a las organizaciones sino también a particulares. El segundo es poner en práctica medidas preventivas a sujetos obligados que se enfoca en el registro de los abogados y auditores, y de casinos, inmobiliarias y casas de préstamo. El tercero es la naturaleza y uso de la información para proteger a los que hacen la labor de inteligencia financiera. Y cuarto, la transparencia de beneficiario legal de sociedades mercantiles que lo que pretende es llegar hasta el último que esté detrás de la empresa.
Para el diputado Jairo Flores, esta iniciativa sirve para darle “dientes” a diferentes leyes como el Código Penal, Ley de Extinción de Dominio, Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, Código de Notariado y el Código de Comercio de Guatemala.
Flores pidió a Arévalo que le presente un borrador de esta propuesta más detallado para que se conozca en primera lectura el 28 de junio en el pleno y que sea dictaminada por la UNE.
¿Qué hacer con las Off Shore?
En cuanto al tema de las off shores, lo que busca esta iniciativa de la SIB es un registro para que los abogados puedan ser sujetos responsables y que tengan la obligatoriedad de reportar a la Superintendencia de Bancos.
También se pidió que exista un inventario adecuado de estas entidades, Empresas Mercatiles y Sociedades Anónimas y que la SIB concentre esta información, así como que se reporten todos los movimientos de dinero o activos.
“La SIB debe tener un registro de todas las off shore que existen en el país. No porque sean malas sino porque su uso pueda tener la finalidad de evadir pago de impuestos o el deposito de dinero producto de actos ilícitos“, comentó Flores.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), por intermedio de Alejandra Quevedo, insistió en un registro de abogados, auditores, contadores públicos para que ellos deban registrar todas sus operaciones y que la SIB pueda rastrear estos movimiento en caso sean ilícitos, financiar terrorismo, o evadir impuestos.
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