La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se manifestó su “enérgico rechazo” ante la sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el caso minera San Rafael.
“Manifestamos nuestro enérgico rechazo a una resolución que únicamente viene a destruir la ya debilitada certeza jurídica del país”, señala el comunicado que se hizo público este martes.
El lunes, la CC comunicó su sentencia definitiva en la que ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realice una consulta comunitaria, tras la cual Minera San Rafael podría, tras más de 400 días, reiniciar operaciones.
El presidente de la CIG, Juan Carlos Tefel, ya había adelantado a República la postura que tendría el sector industrial al señalar que “bajo ninguna punto de vista ninguna empresa operando, legalmente, tiene que ser suspendida”.
La resolución de la CC es contraria al mismo convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que el convenio no contempla la suspensión de actividades por falta de consulta.
Hace un año, la Corte emitió una resolución en el caso Oxec, que supuso sería un precedente para futuras sentencias relacionadas al Convenio 169 de OIT, pero han sido varias la críticas (como la del experto constitucionalista Stuardo Ralón) porque es distinta a la sentencia anterior.
La CIG hizo un llamado al Gobierno para que, de manera inmediata, inicie el proceso de Consulta con el objeto de que Mina San Rafael pueda continuar operando. “Dicha consulta tiene que hacer apegada al texto del convenio 160 de OIT”, señala el comunicado.
El pronunciamiento expresa solidaridad con los colaboradores y proveedores de la mina, y pobladores cercanos al proyecto El Escobal, y resalta la forma en que fue tomada la decisión de la sentencia.
“Una sentencia como esta puedo haberse tomado hace más de un años y la consulta pudo haberse realizado sin haber afectado a tantas familias”, señala una parte del comunicado.
En agosto, directivos de Minera San Rafael, anunciaron un nuevo despido masivo de empleados, que significó que el número de empleados despedidos superara los 700.
Por último, el sector empresarial calificó de “inexplicable” como se genera la comunicación de la sentencia, a través de una conferencia de prensa, sin haber notificado a las partes.
La Minera San Rafael señaló, a unas horas de que se conociera la resolución, que no ha sido notificada del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que estarían pendiente de la notificación para un posterior análisis técnico legal del fallo.
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se manifestó su “enérgico rechazo” ante la sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el caso minera San Rafael.
“Manifestamos nuestro enérgico rechazo a una resolución que únicamente viene a destruir la ya debilitada certeza jurídica del país”, señala el comunicado que se hizo público este martes.
El lunes, la CC comunicó su sentencia definitiva en la que ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realice una consulta comunitaria, tras la cual Minera San Rafael podría, tras más de 400 días, reiniciar operaciones.
El presidente de la CIG, Juan Carlos Tefel, ya había adelantado a República la postura que tendría el sector industrial al señalar que “bajo ninguna punto de vista ninguna empresa operando, legalmente, tiene que ser suspendida”.
La resolución de la CC es contraria al mismo convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que el convenio no contempla la suspensión de actividades por falta de consulta.
Hace un año, la Corte emitió una resolución en el caso Oxec, que supuso sería un precedente para futuras sentencias relacionadas al Convenio 169 de OIT, pero han sido varias la críticas (como la del experto constitucionalista Stuardo Ralón) porque es distinta a la sentencia anterior.
La CIG hizo un llamado al Gobierno para que, de manera inmediata, inicie el proceso de Consulta con el objeto de que Mina San Rafael pueda continuar operando. “Dicha consulta tiene que hacer apegada al texto del convenio 160 de OIT”, señala el comunicado.
El pronunciamiento expresa solidaridad con los colaboradores y proveedores de la mina, y pobladores cercanos al proyecto El Escobal, y resalta la forma en que fue tomada la decisión de la sentencia.
“Una sentencia como esta puedo haberse tomado hace más de un años y la consulta pudo haberse realizado sin haber afectado a tantas familias”, señala una parte del comunicado.
En agosto, directivos de Minera San Rafael, anunciaron un nuevo despido masivo de empleados, que significó que el número de empleados despedidos superara los 700.
Por último, el sector empresarial calificó de “inexplicable” como se genera la comunicación de la sentencia, a través de una conferencia de prensa, sin haber notificado a las partes.
La Minera San Rafael señaló, a unas horas de que se conociera la resolución, que no ha sido notificada del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que estarían pendiente de la notificación para un posterior análisis técnico legal del fallo.