Por su parte, José Llamas, miembro del movimiento en resistencia, declaró que tiene pruebas documentadas del impacto ambiental que el funcionamiento de la mina puede producir a los pobladores. Al respecto Dennis Colindres, vocero de la mina El Tambor, expresó que los manifestantes no quisieron dialogar y mantuvieron una posición radical.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo ayer que han pasado más de dos años de diálogo con los vecinos y no se ha podido llegar a un acuerdo. 

Según Yolanda Oquelí, representante del movimiento en resistencia, antes de los disturbios, señaló que durante dos años y tres meses mantuvieron un movimiento pacífico en el lugar. 

Las reacciones del sector empresarial también se hicieron oír. En una conferencia de prensa, directivos de la Cámara de Industria de Guatemala, respaldan el desalojo de las fuerzas de seguridad, pues opinan que se cumplió con la responsabilidad del Estado de garantizar varios derechos, entre ellos el de la libre locomoción. El presidente de dicha cámara, Fernando López, señaló que hubo un ‘abuso del derecho de protesta’. Criticó además que llegaran personas con menores e incluso bebés en carruajes. 

Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, comerciales, industriales y financieras, Cacif, emitió un comunicado donde lamenta lo ocurrido ayer. Calificaron el accionar de ayer como ‘una organizada y manipulada conflictividad, que pone en riesgo la vida de muchas personas y genera un clima de innecesaria confrontacio?n’. 

Además, considera que es necesario que las ‘inconformidades sociales se aborden siempre a trave?s del dia?logo, de tal modo que se respete el Estado de Derecho’, por lo que apoyan las medidas adoptadas ayer para el desalojo. También piden acciones legales específicas contra los responsables de los disturbios de ayer, pues consideran que no cuentan con el apoyo de la población.