Según fuentes oficiales, en una reunión del presidente Otto Pérez Molina con el ministro de Ambiente, Óscar Medinilla, se analizaron los daños que se han generado en 17 comunidades afectadas por la contaminación del río La Pasión, ubicado en Sayaxché, Petén.
Se calcula que por lo menos 23 especies, de las cuales el 22 % están en peligro de extinción, fueron afectadas. El secretario ejecutivo de Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Manuel Benedicto Lucas, ha declarado que lo ocurrido en el lugar es un “ecocidio”
Por otro lado, se informó que las diferentes instituciones continúan brindando apoyo a las familias damnificadas por la contaminación. “Se les está brindando apoyo con agua potable, filtros y en sus necesidades alimentarias, una ayuda que continuará hasta que se determine que no existe más contaminación”, dijo Pérez.
Medilla, por su parte, manifestó que actualmente esa cartera junto al Ministerio Público y expertos en el tema realizan estudios a inmediaciones del río para determinar exactamente qué causó la contaminación y mortandad de peces y otras especies de fauna acuática.
“Los últimos informes biológicos han determinado que el nivel de toxicidad ya ha bajado en el río porque ha disminuido la mortandad de especies, este Ministerio está enviando grupos de apoyo a los lugares aledaños para evitar enfermedades”, expresó el funcionario. De esa cuenta, actualmente 18 especies están siendo monitoreadas.
Sobre las investigaciones y sanciones
En materia legal, Medinilla reiteró que las sanciones económicas son de Q5 mil a Q100 mil, aunque esa cantidad que es considerada muy baja para el grave daño ecológico. Según trascendió, son tres las empresas investigadas: la Reforestadora de Palma de Petén S.A. (REPSA), Entidad Nacional Agroforestal, S.A. (NAISA), y Tikindustrias.
En un comunicado, REPSA informó que ellos no usan este plaguicida por su alto nivel de toxicidad, ya que el mismo no es un insecticida selectivo y rompe el equilibrio ecológico de la palma. Con esto cumplen con las normativas internacionales.
No obstante lo anterior, esta empresa fue cerrada por 15 días para ser investigada y se realizó un allanamiento e inspección ordenado por juzgado de turno, a lo que personeros de la compañía dicen estar en la disposición de colaborar con el Ministerio Público, Ministerio de Ambiente y demás autoridades.
Sin estado de excepción
Aunque se había dicho que se impondría un estado de excepción, el presidente Pérez afirmó el jueves que esperará los resultados del análisis que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ofrece tener la otra semana. Así podrá determinar si es conveniente decretar un estado de excepción en comunidades afectadas por la contaminación en el río La Pasión.
Las acciones son necesarias porque se considera que unos 460 kilómetros podrían estar en riesgo de contaminación debido a la conexión que existe entre los ríos La Pasión y Salinas, que luego se integran al Usumacinta, que se interna en territorio de México.
Por el momento, se están tomando medidas como el establecimiento de tres mesas técnicas cuyos integrantes analizan cuatro temas específicos que son lo social, de salud, biológico y económico. Allí participan los ministerios de Salud, Agricultura y Ambiente, además del decano y estudiantes de la Facultad de Agricultura y Biología de la estatal Universidad de San Carlos (Usac).
A la población las autoridades le prohibió consumir peces y agua del afluente. El pasado 12 de junio el Ministerio de Ambiente emitió una alerta naranja, decisión adoptada en consenso con representantes del Ministerio de Salud, gobernador departamental y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Según fuentes oficiales, en una reunión del presidente Otto Pérez Molina con el ministro de Ambiente, Óscar Medinilla, se analizaron los daños que se han generado en 17 comunidades afectadas por la contaminación del río La Pasión, ubicado en Sayaxché, Petén.
Se calcula que por lo menos 23 especies, de las cuales el 22 % están en peligro de extinción, fueron afectadas. El secretario ejecutivo de Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Manuel Benedicto Lucas, ha declarado que lo ocurrido en el lugar es un “ecocidio”
Por otro lado, se informó que las diferentes instituciones continúan brindando apoyo a las familias damnificadas por la contaminación. “Se les está brindando apoyo con agua potable, filtros y en sus necesidades alimentarias, una ayuda que continuará hasta que se determine que no existe más contaminación”, dijo Pérez.
Medilla, por su parte, manifestó que actualmente esa cartera junto al Ministerio Público y expertos en el tema realizan estudios a inmediaciones del río para determinar exactamente qué causó la contaminación y mortandad de peces y otras especies de fauna acuática.
“Los últimos informes biológicos han determinado que el nivel de toxicidad ya ha bajado en el río porque ha disminuido la mortandad de especies, este Ministerio está enviando grupos de apoyo a los lugares aledaños para evitar enfermedades”, expresó el funcionario. De esa cuenta, actualmente 18 especies están siendo monitoreadas.
Sobre las investigaciones y sanciones
En materia legal, Medinilla reiteró que las sanciones económicas son de Q5 mil a Q100 mil, aunque esa cantidad que es considerada muy baja para el grave daño ecológico. Según trascendió, son tres las empresas investigadas: la Reforestadora de Palma de Petén S.A. (REPSA), Entidad Nacional Agroforestal, S.A. (NAISA), y Tikindustrias.
En un comunicado, REPSA informó que ellos no usan este plaguicida por su alto nivel de toxicidad, ya que el mismo no es un insecticida selectivo y rompe el equilibrio ecológico de la palma. Con esto cumplen con las normativas internacionales.
No obstante lo anterior, esta empresa fue cerrada por 15 días para ser investigada y se realizó un allanamiento e inspección ordenado por juzgado de turno, a lo que personeros de la compañía dicen estar en la disposición de colaborar con el Ministerio Público, Ministerio de Ambiente y demás autoridades.
Sin estado de excepción
Aunque se había dicho que se impondría un estado de excepción, el presidente Pérez afirmó el jueves que esperará los resultados del análisis que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ofrece tener la otra semana. Así podrá determinar si es conveniente decretar un estado de excepción en comunidades afectadas por la contaminación en el río La Pasión.
Las acciones son necesarias porque se considera que unos 460 kilómetros podrían estar en riesgo de contaminación debido a la conexión que existe entre los ríos La Pasión y Salinas, que luego se integran al Usumacinta, que se interna en territorio de México.
Por el momento, se están tomando medidas como el establecimiento de tres mesas técnicas cuyos integrantes analizan cuatro temas específicos que son lo social, de salud, biológico y económico. Allí participan los ministerios de Salud, Agricultura y Ambiente, además del decano y estudiantes de la Facultad de Agricultura y Biología de la estatal Universidad de San Carlos (Usac).
A la población las autoridades le prohibió consumir peces y agua del afluente. El pasado 12 de junio el Ministerio de Ambiente emitió una alerta naranja, decisión adoptada en consenso con representantes del Ministerio de Salud, gobernador departamental y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).