Luego de las denuncias, la PDH realizó las indagaciones del caso, particularmente, en lo que concierne al asunto del subsidio. De tal manera que los hallazgos de la institución comprueban “la necesidad de reenfocar y restructurar la forma de entrega de los recurso públicos”.
El magistrado de conciencia indica que el modelo es cuestionable y la falta de transparencia del subsidio al transporte público genera “zozobra” permanente por las constantes amenazas de los trasportistas de paralizar este servicio de no hacer efectivos los pagos del subsidio.
Por lo que denuncia la “opacidad en la modalidad de entrega del subsidio del transporte urbano, ya que se carece de un procedimiento técnico y transparente que garantice la eficiente entrega del mismo”.
Asimismo, denuncia que persisten anomalías en la asignación y entrega del subsidio por parte del Ministerio de Comunicaciones y la Asociación de Empresas de Autobuses Urbano (AEAU), siendo insuficiente la fiscalización de los entes responsables de garantizar la transparencia y eficiente entrega del uso de los recursos públicos.
La PDH asegura que existen elementos suficientes para que el Ministerio Público investigue la posible comisión de delitos en la administración, manejo y entrega del subsidio a transporte público urbano de la ciudad de Guatemala.
Por lo anterior la institución recomienda al Ministerio de Comunicaciones que elabore una propuesta de restructuración técnica de los convenios de aporte del subsidio, asimismo al Ministerio de Desarrollo Social que dé cuenta y razón de la ejecución del subsidio para las personas mayores, para garantizar que esos recursos se orienten a la población objetiva, sin discriminación alguna.
De igual forma al Ministerio de Finanzas para que informe sobre los rubros asignados al transporte urbano, a la Contraloría General de Cuentas que controle y fiscalice de manera este aporte, a la Superintendencia de Transporte Publico de la Municipalidad de Guatemala a cumplir de manera eficaz con sus funciones.
Por ultimo, la PDH recomienda a la AEAU a distribuir la totalidad del subsidio a todos los propietarios de autobuses urbanos, sean asociados o no, al Concejo Municipal de la Ciudad a girar instrucciones para el efectivo cumplimiento de la normativa vigente en relación con las condiciones de calidad, trato, uso apropiado y trasparente de los recursos económicos. Y también hace un llamado a los diputados del Congreso de la República para promover una amplia discusión que permita formular una nueva legislación sobre el modelo de subsidio al transporte público.
Luego de las denuncias, la PDH realizó las indagaciones del caso, particularmente, en lo que concierne al asunto del subsidio. De tal manera que los hallazgos de la institución comprueban “la necesidad de reenfocar y restructurar la forma de entrega de los recurso públicos”.
El magistrado de conciencia indica que el modelo es cuestionable y la falta de transparencia del subsidio al transporte público genera “zozobra” permanente por las constantes amenazas de los trasportistas de paralizar este servicio de no hacer efectivos los pagos del subsidio.
Por lo que denuncia la “opacidad en la modalidad de entrega del subsidio del transporte urbano, ya que se carece de un procedimiento técnico y transparente que garantice la eficiente entrega del mismo”.
Asimismo, denuncia que persisten anomalías en la asignación y entrega del subsidio por parte del Ministerio de Comunicaciones y la Asociación de Empresas de Autobuses Urbano (AEAU), siendo insuficiente la fiscalización de los entes responsables de garantizar la transparencia y eficiente entrega del uso de los recursos públicos.
La PDH asegura que existen elementos suficientes para que el Ministerio Público investigue la posible comisión de delitos en la administración, manejo y entrega del subsidio a transporte público urbano de la ciudad de Guatemala.
Por lo anterior la institución recomienda al Ministerio de Comunicaciones que elabore una propuesta de restructuración técnica de los convenios de aporte del subsidio, asimismo al Ministerio de Desarrollo Social que dé cuenta y razón de la ejecución del subsidio para las personas mayores, para garantizar que esos recursos se orienten a la población objetiva, sin discriminación alguna.
De igual forma al Ministerio de Finanzas para que informe sobre los rubros asignados al transporte urbano, a la Contraloría General de Cuentas que controle y fiscalice de manera este aporte, a la Superintendencia de Transporte Publico de la Municipalidad de Guatemala a cumplir de manera eficaz con sus funciones.
Por ultimo, la PDH recomienda a la AEAU a distribuir la totalidad del subsidio a todos los propietarios de autobuses urbanos, sean asociados o no, al Concejo Municipal de la Ciudad a girar instrucciones para el efectivo cumplimiento de la normativa vigente en relación con las condiciones de calidad, trato, uso apropiado y trasparente de los recursos económicos. Y también hace un llamado a los diputados del Congreso de la República para promover una amplia discusión que permita formular una nueva legislación sobre el modelo de subsidio al transporte público.