Tres años después de haberse revelado el caso por las supuestas irregularidades en un contrato en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), este miércoles se dictará sentencia contra 21 personas involucradas.
Entre los señalados se encuentran exmiembros de la Junta Directiva del IGSS, exintegrantes de la Junta de Licitación del evento del contrato de medicamentos y un exasesor del presidente del IGSS.
El 11 de agosto de 2017 inició el juicio oral y público contra 21 personas: 18 procesadas por el caso IGSS-PISA y tres por el caso IGSS-Chiquimula. Entre los delitos por los que se encuentran sindicados, figuran: asociación ilícita y fraude, según el Ministerio Público (MP).
Caso IGSS-Chiquimula
En el caso de IGSS –Chiquimula se sindicó a las personas por la adjudicación anómala de un contrato de arrendamiento de un inmueble del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS),ubicado en Chiquimula.
En este proceso fue declarado prófugo el exdiputado Baudilio Hichos. La Firma Especial Contra la Impunidad (FECI), informó que existe una alerta internacional para localizarlo, pero hasta el momento no tienen información de su paradero.
Penas contra los sindicados
En la fase de conclusiones el MP solicitó al Tribunal Undécimo de Sentencia Penal penas de cinco a 28 años de cárcel contra de los 21 vinculadas en IGSS-PISA e IGSS-Chiquimula.
Para los exintegrantes de la Junta Directiva del IGSS, el MP pidió 15 años de cárcel por delito de fraude, además multas de hasta Q300 mil.
Contra Francisco Cortez Bocaleti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS, el MP solicitó 28 años por asociación ilícita y fraude de forma continuada con el agravante de ser un funcionario público.
Por Salvador Rolando Álvarez Mérida 23 años, por asociación ilícita y fraude, con el agravante de tratarse de operaciones asistencialistas y de apoyo social.
Por Walter Omar Linares Pacheco, exdirector médico hospitalario de la unidad de consulta externa de enfermedades del IGSS, la fiscalía solicitó seis años por el incumplimiento de deberes.
Reacción de señalados
Julio Suárez, exdirectivo del IGSS, en entrevista con República, aseguró que es inocente y que espera que los jueces del tribunal valoren las pruebas de manera objetiva.
Mientras que Max Quirín, exdirectivo del IGSS, dijo:
“Espero una resolución justa basada en derecho. En ningún momento he pedido algún trato especial, lo único que espero es que mis derechos se respeten”.
Un contrato de Q116 millones
Las pesquisas por el caso IGSS-PISA iniciaron luego de que se detectó un contrato anómalo de Q116 millones, entre la droguería Pisa y las autoridades del IGSS, por medicamentos de diálisis peritoneal para pacientes de ese centro asistencial.
#IGSSPISA| En audiencia de hoy en Tribunal Undécimo de Sentencia, una de las testigos afirmó que la Droguería PISA les condicionó una parte de la indemnización si se abstenían de declarar, incluso les ofrecieron una mayor cantidad. Testimonios continuarán el próximo 12 de abril.
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) 6 de abril de 2018
La acusación del MP
Según el MP, este grupo se organizó para obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación del contrato millonario el cual no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del IGSS.
“De esta manera se quedaban con el 15 o 16 por ciento del monto total del contrato”, citó el MP.
Durante el debate el MP presentó declaraciones testimoniales de familiares de las víctimas que narraron la forma en que habían fallecido sus esposos, padres o abuelos que se vieron afectados desde que ingresó la droguería Pissa a prestar el servicio en el IGSS.
Asimismo, fue presentada la declaración de sobrevivientes que detallaron los cambios que sufrieron al asumir la droguería Pisa, comparados con la atención de la empresa Baxter Sociedad Anónima.
También la Fiscalía presentó diversas escuchas telefónicas del caso IGGS- PISA, las cuales revelaron cómo se habría fraguado el pago de comisiones a las altas autoridades por adjudicación en el contrato de servicios de diálisis peritoneales.
Señalados en el proceso penal:
- Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López (expresidente del IGSS).
- Julio Roberto Suárez Guerra (exintegrante Junta Directiva).
- Julio Amparo Lotan Garzona (exintegrante Junta Directiva).
- Max Erwin Quirin Schoder (exintegrante Junta Directiva).
- Álvaro Manolo Dubón González (subgerente administrativo).
- Doris Elubia González Salazar (exintegrante Junta de Licitación).
- Mayra Lissbeth Gómez Suárez (exintegrante Junta de Licitación).
- Alba Maritza Maldonado Gamboa (exintegrante Junta de Licitación).
- Delia Haydee Castañon Guerra (exintegrante Junta de Licitación).
- Carmen Yadira Gil Quiñónez (exintegrante Junta de Licitación)
- Otto Fernando Molina Stalling (exasesor del IGSS): asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
- Herbert Rodolfo García-Granados Reyes (particular): asociación ilícita y cohecho activo.
- Edgar René de la Peña Archila (exgerente de ventas, Droguería Pisa): cohecho activo.
- Ramiro Armando Lorenzana Ortíz (exdirector general, Droguería Pisa): asociación ilícita y cohecho activo.
- Arturo Adolfo Castellanos Poou (exmédico del IGSS): asociación Ilícita.
- Walter Omar Linares Pacheco (exdirector médico hospitalario de la unidad de consulta externa de enfermedades del IGSS: incumplimiento de deberes.
- Francisco Cortez Bocaleti (jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS): asociación ilícita y fraude, en forma continuada.
- Salvador Rolando Álvarez Mérida (particular): asociación ilícita y fraude.
- Lester Otto Daniel Ortíz Lima (electricista): asociación ilícita.
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Tres años después de haberse revelado el caso por las supuestas irregularidades en un contrato en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), este miércoles se dictará sentencia contra 21 personas involucradas.
Entre los señalados se encuentran exmiembros de la Junta Directiva del IGSS, exintegrantes de la Junta de Licitación del evento del contrato de medicamentos y un exasesor del presidente del IGSS.
El 11 de agosto de 2017 inició el juicio oral y público contra 21 personas: 18 procesadas por el caso IGSS-PISA y tres por el caso IGSS-Chiquimula. Entre los delitos por los que se encuentran sindicados, figuran: asociación ilícita y fraude, según el Ministerio Público (MP).
Caso IGSS-Chiquimula
En el caso de IGSS –Chiquimula se sindicó a las personas por la adjudicación anómala de un contrato de arrendamiento de un inmueble del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS),ubicado en Chiquimula.
En este proceso fue declarado prófugo el exdiputado Baudilio Hichos. La Firma Especial Contra la Impunidad (FECI), informó que existe una alerta internacional para localizarlo, pero hasta el momento no tienen información de su paradero.
Penas contra los sindicados
En la fase de conclusiones el MP solicitó al Tribunal Undécimo de Sentencia Penal penas de cinco a 28 años de cárcel contra de los 21 vinculadas en IGSS-PISA e IGSS-Chiquimula.
Para los exintegrantes de la Junta Directiva del IGSS, el MP pidió 15 años de cárcel por delito de fraude, además multas de hasta Q300 mil.
Contra Francisco Cortez Bocaleti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS, el MP solicitó 28 años por asociación ilícita y fraude de forma continuada con el agravante de ser un funcionario público.
Por Salvador Rolando Álvarez Mérida 23 años, por asociación ilícita y fraude, con el agravante de tratarse de operaciones asistencialistas y de apoyo social.
Por Walter Omar Linares Pacheco, exdirector médico hospitalario de la unidad de consulta externa de enfermedades del IGSS, la fiscalía solicitó seis años por el incumplimiento de deberes.
Reacción de señalados
Julio Suárez, exdirectivo del IGSS, en entrevista con República, aseguró que es inocente y que espera que los jueces del tribunal valoren las pruebas de manera objetiva.
Mientras que Max Quirín, exdirectivo del IGSS, dijo:
“Espero una resolución justa basada en derecho. En ningún momento he pedido algún trato especial, lo único que espero es que mis derechos se respeten”.
Un contrato de Q116 millones
Las pesquisas por el caso IGSS-PISA iniciaron luego de que se detectó un contrato anómalo de Q116 millones, entre la droguería Pisa y las autoridades del IGSS, por medicamentos de diálisis peritoneal para pacientes de ese centro asistencial.
#IGSSPISA| En audiencia de hoy en Tribunal Undécimo de Sentencia, una de las testigos afirmó que la Droguería PISA les condicionó una parte de la indemnización si se abstenían de declarar, incluso les ofrecieron una mayor cantidad. Testimonios continuarán el próximo 12 de abril.
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) 6 de abril de 2018
La acusación del MP
Según el MP, este grupo se organizó para obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación del contrato millonario el cual no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del IGSS.
“De esta manera se quedaban con el 15 o 16 por ciento del monto total del contrato”, citó el MP.
Durante el debate el MP presentó declaraciones testimoniales de familiares de las víctimas que narraron la forma en que habían fallecido sus esposos, padres o abuelos que se vieron afectados desde que ingresó la droguería Pissa a prestar el servicio en el IGSS.
Asimismo, fue presentada la declaración de sobrevivientes que detallaron los cambios que sufrieron al asumir la droguería Pisa, comparados con la atención de la empresa Baxter Sociedad Anónima.
También la Fiscalía presentó diversas escuchas telefónicas del caso IGGS- PISA, las cuales revelaron cómo se habría fraguado el pago de comisiones a las altas autoridades por adjudicación en el contrato de servicios de diálisis peritoneales.
Señalados en el proceso penal:
- Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López (expresidente del IGSS).
- Julio Roberto Suárez Guerra (exintegrante Junta Directiva).
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- Álvaro Manolo Dubón González (subgerente administrativo).
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- Mayra Lissbeth Gómez Suárez (exintegrante Junta de Licitación).
- Alba Maritza Maldonado Gamboa (exintegrante Junta de Licitación).
- Delia Haydee Castañon Guerra (exintegrante Junta de Licitación).
- Carmen Yadira Gil Quiñónez (exintegrante Junta de Licitación)
- Otto Fernando Molina Stalling (exasesor del IGSS): asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
- Herbert Rodolfo García-Granados Reyes (particular): asociación ilícita y cohecho activo.
- Edgar René de la Peña Archila (exgerente de ventas, Droguería Pisa): cohecho activo.
- Ramiro Armando Lorenzana Ortíz (exdirector general, Droguería Pisa): asociación ilícita y cohecho activo.
- Arturo Adolfo Castellanos Poou (exmédico del IGSS): asociación Ilícita.
- Walter Omar Linares Pacheco (exdirector médico hospitalario de la unidad de consulta externa de enfermedades del IGSS: incumplimiento de deberes.
- Francisco Cortez Bocaleti (jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS): asociación ilícita y fraude, en forma continuada.
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