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#CasoIGSSPisa: Q12 millones podrían pasar al Estado

Glenda Sanchez
27 de agosto, 2019

Este martes comienza el juicio oral y público donde el Ministerio Público (MP) solicitará al Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio que Q12 millones 388 mil 959 sean extinguidos y pasen al Estado.

Se trata de recursos generados por un contrato suscrito entre la Droguería Pisa, S.A. y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El debate iniciará luego de la investigación realizada por la Unidad de Extinción de Dominio del MP.

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La Unidad de Extinción del MP explicó que se trata de una inversión a plazo fijo que sirvió para obtener la fianza o seguro de cumplimiento del contrato firmado entre el IGSS y la Droguería Pisa.

La inversión fue por Q11.6 millones y Q766 mil 255.65 de intereses que la primera cantidad generó invertida en una financiera, mientras soportaba la garantía de cumplimiento del contrato.

“Entre las irregularidades que fundamentan la acción de extinción de dominio se encuentra la subcontratación de la entidad Medicina Corporativa S.A, completamente ajena al proceso de licitación para prestar el servicio en el IGSS, acción prohibida en el contrato administrativo”, explicó el MP.

Otros términos

El MP dijo que el plazo del contrato entre el IGSS y Pisa era de 24 meses, pero la droguería “decidió contratar bajo otros términos con Medicina Corporativa S.A., acordando que podía darse por terminado en cualquier momento”.

Pisa y Medicina Corporativa suscribieron el contrato privado de prestación de servicios médicos y hospitalarios peritoneal ambulatoria, un día antes del vencimiento de la fecha para presentar oferta de licitación ante el IGSS, indica el MP.

“Lo anterior denota la premura con la que actuaron y comoconsecuencia que no estaban preparados para lograr la obtención de lacontratación”, agregó la Unidad de Extinción de Dominio.

Además, durante la ejecución del contrato, también se presentaron anomalías que no fueron debidamente advertidas por las autoridades del IGSS, que hubiesen permitido reclamar la garantía de seguro de caución de cumplimiento.

#CasoIGSSPisa: Q12 millones podrían pasar al Estado

Glenda Sanchez
27 de agosto, 2019

Este martes comienza el juicio oral y público donde el Ministerio Público (MP) solicitará al Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio que Q12 millones 388 mil 959 sean extinguidos y pasen al Estado.

Se trata de recursos generados por un contrato suscrito entre la Droguería Pisa, S.A. y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El debate iniciará luego de la investigación realizada por la Unidad de Extinción de Dominio del MP.

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La Unidad de Extinción del MP explicó que se trata de una inversión a plazo fijo que sirvió para obtener la fianza o seguro de cumplimiento del contrato firmado entre el IGSS y la Droguería Pisa.

La inversión fue por Q11.6 millones y Q766 mil 255.65 de intereses que la primera cantidad generó invertida en una financiera, mientras soportaba la garantía de cumplimiento del contrato.

“Entre las irregularidades que fundamentan la acción de extinción de dominio se encuentra la subcontratación de la entidad Medicina Corporativa S.A, completamente ajena al proceso de licitación para prestar el servicio en el IGSS, acción prohibida en el contrato administrativo”, explicó el MP.

Otros términos

El MP dijo que el plazo del contrato entre el IGSS y Pisa era de 24 meses, pero la droguería “decidió contratar bajo otros términos con Medicina Corporativa S.A., acordando que podía darse por terminado en cualquier momento”.

Pisa y Medicina Corporativa suscribieron el contrato privado de prestación de servicios médicos y hospitalarios peritoneal ambulatoria, un día antes del vencimiento de la fecha para presentar oferta de licitación ante el IGSS, indica el MP.

“Lo anterior denota la premura con la que actuaron y comoconsecuencia que no estaban preparados para lograr la obtención de lacontratación”, agregó la Unidad de Extinción de Dominio.

Además, durante la ejecución del contrato, también se presentaron anomalías que no fueron debidamente advertidas por las autoridades del IGSS, que hubiesen permitido reclamar la garantía de seguro de caución de cumplimiento.