Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, exrectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), serán procesado por tres delitos. La Fiscalía los señala de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución.
La resolución corresponde a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, quien considera que existen indicios para abrir proceso penal contra los señalados.
También serán procesados por el caso Comisiones Paralelas 2020, Juan Salvador Soto Estrada y Jennifer Candelaria Dell´Acqua Lima. Asimismo, Olga del Rosario Alfaro Pineda, Luis Fernando Ruiz Ramírez y Henry Giovanni Dubón Ruano
- Deberías leer: Giran orden de captura contra el rector de la Usac Murphy Paiz y el exrector Estuardo Gálvez
Fiscalía señala a exrectores de la Usac
El Ministerio Público señala que los exrectores de la Usac interfirieron de manera anómala en el proceso de selección de los magistrados de Cortes. Por esta causa también fueron implicados los otros procesados, según la Fiscalía.
El caso Comisiones Paralelas 2020 tiene como principal figura a Gustavo Alejos, a quien el MP considera el cerebro de la estructura que opera al margen de la ley. El propósito de estas personas sería colocar a magistrados afines a sus intereses para que resuelvan casos a su favor.
De acuerdo con el MP, en el caso Comisiones Paralelas 2020 se sospecha que un “conjunto de actores influenciaron indebidamente el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Corte de Apelaciones para un trueque de favores”.
Además, durante la investigación se estableció que los actores buscaban obtener determinado número de electores para alcanzar los votos mínimos.
“De acuerdo con la información, los 24 electores respondieron a compromisos asumidos”, informó la Fiscalía.
“Se logró determinar la forma en la cual, la posible estructura criminal, se concertó premeditadamente. Para ello, aprovechándose de su poder político y su función como comisionados, influyeron en el proceso postulador”, indicó el Ministerio Público.
Los hechos causaron la violación del derecho constitucional de optar a empleos o cargos públicos a personas honorables.
Se vedó la participación de aquellos aspirantes que reunían los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Pero por no ser afines a los intereses de estos operadores y comisionados, fueron excluidos del proceso, refirió la Fiscalía.
Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, exrectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), serán procesado por tres delitos. La Fiscalía los señala de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución.
La resolución corresponde a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, quien considera que existen indicios para abrir proceso penal contra los señalados.
También serán procesados por el caso Comisiones Paralelas 2020, Juan Salvador Soto Estrada y Jennifer Candelaria Dell´Acqua Lima. Asimismo, Olga del Rosario Alfaro Pineda, Luis Fernando Ruiz Ramírez y Henry Giovanni Dubón Ruano
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Fiscalía señala a exrectores de la Usac
El Ministerio Público señala que los exrectores de la Usac interfirieron de manera anómala en el proceso de selección de los magistrados de Cortes. Por esta causa también fueron implicados los otros procesados, según la Fiscalía.
El caso Comisiones Paralelas 2020 tiene como principal figura a Gustavo Alejos, a quien el MP considera el cerebro de la estructura que opera al margen de la ley. El propósito de estas personas sería colocar a magistrados afines a sus intereses para que resuelvan casos a su favor.
De acuerdo con el MP, en el caso Comisiones Paralelas 2020 se sospecha que un “conjunto de actores influenciaron indebidamente el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Corte de Apelaciones para un trueque de favores”.
Además, durante la investigación se estableció que los actores buscaban obtener determinado número de electores para alcanzar los votos mínimos.
“De acuerdo con la información, los 24 electores respondieron a compromisos asumidos”, informó la Fiscalía.
“Se logró determinar la forma en la cual, la posible estructura criminal, se concertó premeditadamente. Para ello, aprovechándose de su poder político y su función como comisionados, influyeron en el proceso postulador”, indicó el Ministerio Público.
Los hechos causaron la violación del derecho constitucional de optar a empleos o cargos públicos a personas honorables.
Se vedó la participación de aquellos aspirantes que reunían los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Pero por no ser afines a los intereses de estos operadores y comisionados, fueron excluidos del proceso, refirió la Fiscalía.