Afectados por invasiones exigen acciones de las autoridades
Además del CUC, el Comité Campesino del Altiplano, encabezado por el exdiputado Leocadio Juracán, promueven las invasiones en Alta Verapaz y otros departamentos.
El martes 14 de marzo la familia Ruiz perdió la libertad de llegar a su propiedad ubicada en el municipio de Tucurú, Alta Verapaz. Un grupo de 70 familias invadió la finca Monte María y ya no dejó que los trabajadores y propietarios ingresaran en el inmueble de una extensión de seis caballerías.
Los afectados de inmediato denunciaron el delito, pero llevan seis meses de gestión y no reciben atención de las autoridades. Mientras tanto los invasores se roban la cosecha de café y limones.
El caso de la familia Ruiz se repite con decenas de personas que ven cómo sus propiedades pasan a poder de invasores que destruyen y se apropian de manera ilegal de todo lo que pueden. José Farias y Néstor García son otros propietario que no saben qué más hacer para recuperar los terrenos adquiridos de manera ilegal, pero ahora despojados por grupos afines a la exguerrilla de Guatemala, como el Comité de Unidad Campesina (CUC).
"El Estado no está haciendo nada"
Para Carlos Torrebiarte, presidente de la Asociación en defensa de la Propiedad Privada (Acdepro), los afectados están desprotegidos por la inacción del gobierno.
Señala como principal responsable al presidente Alejandro Giammattei, quien incumple con sus atribuciones contenidas en el artículo 183 de la Constitución, como es "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y proveer a la defensa y a la seguridad de la Nación, así como a la conservación del orden público".
Agrega que de nada sirvió crear una fiscalía contra las usurpaciones porque no agiliza los casos y los jueces tampoco velan por el respeto de la ley, que califica de "acción pública" el delito de usurpación. Es decir que las autoridades deben accionar de inmediato cuando se comete el delito.
Destaca que el "ciudadano está vulnerable" y las oenegés que dirigen las invasiones operan con impunidad, sin respetar los derechos humanos que dicen defender.
Además del CUC, otras entidades ligadas a los grupos de exguerrilleros son el Comité Campesino del Altiplano, encabezado por el exdiputado y exguerrillero Leocadio Juracán. Asimismo, Torrebiarte denuncia a la la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC).
"Estamos entrando en un proceso electoral y tenemos denuncias de candidatos a alcaldes y diputados que ofrecen repartir tierras que no son de ellos. Hemos denunciado en la Fiscalía de Asuntos Electorales", destaca Torrebiarte.
"El presidente Giammattei no está haciendo su trabajo, solo pedimos que se cumpla la ley, no estamos pidiendo ningún favoritismo, que se cumpla la Constitución", concluye Torrebiarte.
Autoridades no agilizan casos
Ruiz, de la finca Monte María, explica que su familia entregó tierras a antiguos trabajadores para compensar el tiempo servido en la finca, pero ahora regresaron a invadir la propiedad.
Según el entrevistado "es mentira" que digan que no se les pagó. Los invasores se presentaron en el Ministerio de Trabajo y esa entidad concedió la razón a los propietarios, pero los usurpadores no aceptaron la resolución y dicen que "nuestra petición no tuvo respuesta alguna".
Los invasores con apoyo del CUC llaman a la invasión como "posicionamiento" para reclamar hasta 38 años de trabajo por medio del reclamo de "derecho ancestral a la tierra".
El caso de José Farias es similar. Cuando compraron la propiedad de nueve caballerías entregaron tres a 25 familias, pero 20 años más tarde los descendientes de esas personas invadieron el inmueble.
No fue suficiente las ocho manzanas dadas a cada familia porque ahora usurparon la propiedad y ponen en riesgo los 200 mil árboles sembrados y toda la infraestructura como puentes y beneficio instalado para procesar el cardamomo.
La finca lleva dos años y medio invadida y hasta fueron víctimas de un ataque armado cuando llegaron a su propiedad.
"No son casos aislados, es una conspiración orquestada, el modus operandi de estas organizaciones cuyo fin es invadir con el lema 'recuperación de tierras por parte de los pueblos originarios' que no respetan la Constitución, y promueven un 'estado plurinacional', enfatiza Farias.
"Pedimos a las autoridades que tiene que ver con la seguridad nacional que ejerzan el cargo porque la población está desprotegida y ello solo genera menos incentivos a la inversión y migración", subraya el afectado.
Mientras que Néstor García comenta que su familia también sufre por la invasión de su propiedad ubicada en el municipio Cahabón, Alta Verapaz.
Indica que los han amenazado de muerte y destruido la finca comprada de manera legítima por su abuelo.
Además, el abogado de Acdepro, Edgar Taylor, señala que la usurpación es un delito "permanente y flagrante" y las autoridades están obligadas a actuar de inmediato.
Afectados por invasiones exigen acciones de las autoridades
Además del CUC, el Comité Campesino del Altiplano, encabezado por el exdiputado Leocadio Juracán, promueven las invasiones en Alta Verapaz y otros departamentos.
El martes 14 de marzo la familia Ruiz perdió la libertad de llegar a su propiedad ubicada en el municipio de Tucurú, Alta Verapaz. Un grupo de 70 familias invadió la finca Monte María y ya no dejó que los trabajadores y propietarios ingresaran en el inmueble de una extensión de seis caballerías.
Los afectados de inmediato denunciaron el delito, pero llevan seis meses de gestión y no reciben atención de las autoridades. Mientras tanto los invasores se roban la cosecha de café y limones.
El caso de la familia Ruiz se repite con decenas de personas que ven cómo sus propiedades pasan a poder de invasores que destruyen y se apropian de manera ilegal de todo lo que pueden. José Farias y Néstor García son otros propietario que no saben qué más hacer para recuperar los terrenos adquiridos de manera ilegal, pero ahora despojados por grupos afines a la exguerrilla de Guatemala, como el Comité de Unidad Campesina (CUC).
"El Estado no está haciendo nada"
Para Carlos Torrebiarte, presidente de la Asociación en defensa de la Propiedad Privada (Acdepro), los afectados están desprotegidos por la inacción del gobierno.
Señala como principal responsable al presidente Alejandro Giammattei, quien incumple con sus atribuciones contenidas en el artículo 183 de la Constitución, como es "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y proveer a la defensa y a la seguridad de la Nación, así como a la conservación del orden público".
Agrega que de nada sirvió crear una fiscalía contra las usurpaciones porque no agiliza los casos y los jueces tampoco velan por el respeto de la ley, que califica de "acción pública" el delito de usurpación. Es decir que las autoridades deben accionar de inmediato cuando se comete el delito.
Destaca que el "ciudadano está vulnerable" y las oenegés que dirigen las invasiones operan con impunidad, sin respetar los derechos humanos que dicen defender.
Además del CUC, otras entidades ligadas a los grupos de exguerrilleros son el Comité Campesino del Altiplano, encabezado por el exdiputado y exguerrillero Leocadio Juracán. Asimismo, Torrebiarte denuncia a la la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC).
"Estamos entrando en un proceso electoral y tenemos denuncias de candidatos a alcaldes y diputados que ofrecen repartir tierras que no son de ellos. Hemos denunciado en la Fiscalía de Asuntos Electorales", destaca Torrebiarte.
"El presidente Giammattei no está haciendo su trabajo, solo pedimos que se cumpla la ley, no estamos pidiendo ningún favoritismo, que se cumpla la Constitución", concluye Torrebiarte.
Autoridades no agilizan casos
Ruiz, de la finca Monte María, explica que su familia entregó tierras a antiguos trabajadores para compensar el tiempo servido en la finca, pero ahora regresaron a invadir la propiedad.
Según el entrevistado "es mentira" que digan que no se les pagó. Los invasores se presentaron en el Ministerio de Trabajo y esa entidad concedió la razón a los propietarios, pero los usurpadores no aceptaron la resolución y dicen que "nuestra petición no tuvo respuesta alguna".
Los invasores con apoyo del CUC llaman a la invasión como "posicionamiento" para reclamar hasta 38 años de trabajo por medio del reclamo de "derecho ancestral a la tierra".
El caso de José Farias es similar. Cuando compraron la propiedad de nueve caballerías entregaron tres a 25 familias, pero 20 años más tarde los descendientes de esas personas invadieron el inmueble.
No fue suficiente las ocho manzanas dadas a cada familia porque ahora usurparon la propiedad y ponen en riesgo los 200 mil árboles sembrados y toda la infraestructura como puentes y beneficio instalado para procesar el cardamomo.
La finca lleva dos años y medio invadida y hasta fueron víctimas de un ataque armado cuando llegaron a su propiedad.
"No son casos aislados, es una conspiración orquestada, el modus operandi de estas organizaciones cuyo fin es invadir con el lema 'recuperación de tierras por parte de los pueblos originarios' que no respetan la Constitución, y promueven un 'estado plurinacional', enfatiza Farias.
"Pedimos a las autoridades que tiene que ver con la seguridad nacional que ejerzan el cargo porque la población está desprotegida y ello solo genera menos incentivos a la inversión y migración", subraya el afectado.
Mientras que Néstor García comenta que su familia también sufre por la invasión de su propiedad ubicada en el municipio Cahabón, Alta Verapaz.
Indica que los han amenazado de muerte y destruido la finca comprada de manera legítima por su abuelo.
Además, el abogado de Acdepro, Edgar Taylor, señala que la usurpación es un delito "permanente y flagrante" y las autoridades están obligadas a actuar de inmediato.