El Gobierno de Honduras ha decretado un periodo de cuarentena a nivel nacional que incluye el cierre de fronteras para contener la expansión del coronavirus.
Otra de las medidas implementadas, por el Gobierno de Honduras, es el veto del uso del transporte público,
Hasta este domingo en Honduras se reportaban seis casos de coronavirus, informaron las autoridades de esa nación.
Un responsable del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, manifestó que se suman a las medidas ya adoptadas la semana pasada y que incluían, por ejemplo, vetos a los viajes desde Europa.
Otras medidas por coronavirus
El Ejecutivo ha ido un paso más allá prohibiendo eventos de todo tipo y actividades deportivas, cerrando la mayoría de los negocios.
Entre las excepciones figuran establecimientos considerados de primera necesidad como farmacias o tiendas de alimentación, así como la industria esencial, informa ‘La Prensa’.
El Gobierno ha advertido de que el incumplimiento de las órdenes puede acarrear penas de cárcel de entre seis meses y dos años.
La pena subirá en una cuarta parte en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando quien incumpla sea personal sanitario o farmacéutico.
El Gobierno de Honduras ha decretado un periodo de cuarentena a nivel nacional que incluye el cierre de fronteras para contener la expansión del coronavirus.
Otra de las medidas implementadas, por el Gobierno de Honduras, es el veto del uso del transporte público,
Hasta este domingo en Honduras se reportaban seis casos de coronavirus, informaron las autoridades de esa nación.
Un responsable del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, manifestó que se suman a las medidas ya adoptadas la semana pasada y que incluían, por ejemplo, vetos a los viajes desde Europa.
Otras medidas por coronavirus
El Ejecutivo ha ido un paso más allá prohibiendo eventos de todo tipo y actividades deportivas, cerrando la mayoría de los negocios.
Entre las excepciones figuran establecimientos considerados de primera necesidad como farmacias o tiendas de alimentación, así como la industria esencial, informa ‘La Prensa’.
El Gobierno ha advertido de que el incumplimiento de las órdenes puede acarrear penas de cárcel de entre seis meses y dos años.
La pena subirá en una cuarta parte en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando quien incumpla sea personal sanitario o farmacéutico.