Guyana recientemente firmó varios memorandos de entendimiento con la República Dominicana que, de paso, ha anunciado importantes inversiones en infraestructura en el país sudamericano. Los acuerdos bilaterales abarcan temas tan diversos como la agricultura, el turismo y los petroquímicos.
 

Panorama general. El hecho clave es que Guyana acordó albergar una planta petroquímica y una refinería con capacidad de 50.000 barriles por día. En ambos casos, el Estado dominicano tendrá una participación mayoritaria.

• Santo Domingo también ha mostrado interés en sumarse a los esfuerzos de exploración y extracción de Guyana. En la región, cunde el pánico en torno a la seguridad energética. Esto lleva a ambos países a buscar fuentes nacionales, o al menos cercanas, de productos refinados del petróleo. 
   
• Como parte del acuerdo, el gobierno dominicano arrendará tierras guyanesas para el cultivo de maíz y soja. Se anticipan memorandos futuros una vez que el gas natural de Guyana empiece a ser extraído.

Entre líneas. El PIB de Guyana creció un 62% el año pasado, por mucho la tasa de crecimiento más alta del mundo. Desde 2019, cuando un consorcio capitaneado por ExxonMobil comenzó a extraer petróleo, el tamaño de su economía se ha más que triplicado. Sin embargo, el país carece de refinerías propias; exporta crudo e importa combustible.

• Además de las regalías petroleras, la ley exige que los productores proporcionen crudo al Estado. Este suministro garantizado, ahora denominado “petróleo del Gobierno”, es fundamental para la estrategia de seguridad energética de Georgetown; a este insumo clave y subsidiado también se le puede achacar el interés dominicano. 
   
• Además de la refinería de propiedad dominicana, Georgetown está buscando quien le construya una refinería modular de 30.000 barriles por día. Esta es una alternativa relativamente económica que satisfaría la demanda interna.
   
• Guyana no pretende convertirse en la meca de las refinerías, ya que esto la obligaría a exportar la mayor parte de la reserva estatal. El Gobierno se jacta de que, a pesar de depender del petróleo, Guyana cuenta con cero emisiones netas de carbono.

En perspectiva. Ante este auge, Georgetown se ha comprometido a evitar la maldición de los recursos. Otro temor –fundado– es el mal holandés, según el cual los países se vuelven rehenes de una industria, dotándolos de una moneda sobrevaluada que hace que las demás exportaciones se tornen poco competitivas.

• El acuerdo agrícola con la República Dominicana tiene como objetivo incentivar las exportaciones no energéticas, de ahí la negativa del Banco de Guyana a permitir la apreciación del dólar guyanés. 
   
• La revaluación de la moneda aumentaría el poder adquisitivo de los lugareños. Los guyaneses serían más ricos, pudiéndose permitir grandes volúmenes de importaciones, cosa que perjudicaría la producción local.
   
• Buscando aprovechar sus bosques tropicales, el Gobierno también pretende cimentar un modelo ecoturístico al estilo costarricense, ofreciendo a los hoteleros una exención de impuestos de 10 años. República Dominicana se ha comprometido, también, a desarrollar el plan turístico del país.

Sí, pero. Cabe recordar que Guyana tiene apenas 800.000 habitantes y carece casi por completo de infraestructura. Para colmo, Venezuela reclama aproximadamente la mitad del territorio, desalentando cualquier tentativa de desarrollo en el oeste del país.

• El puerto de Georgetown maneja apenas 50.000 toneladas de carga al año. La mayoría de las vías son senderos internos y el último ferrocarril dejó de funcionar en 1974, seis años después de la partida de los británicos. 
   
• Quizá sea lógico que el gobierno ya haya recurrido a su alcancía petrolera, el Fondo Nacional de Recursos. Se espera que los retiros, necesarios para el desarrollo, asciendan a miles de millones de dólares. Hay dos temores: la corrupción y la inexperiencia lidiando con cifras tan elevadas. 
   
• La política racial de Guyana plantea otra complicación. Los indo-guyaneses dominan el Gobierno, lo que lleva a algunos segmentos de la población afro-guyanesa a sospechar de favoritismo étnico en el desembolso de fondos. No se tienen elecciones previstas sino hasta diciembre de 2025.