Demandan a Florida por la nueva ley migratoria de DeSantis
Varios grupos en favor de los derechos civiles presentaron este lunes una demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida.
Varios grupos en favor de los derechos civiles presentaron este lunes una demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida (EE.UU.), por considerar que es "inconstitucional, xenofóbica" y "criminaliza" a la comunidad inmigrante en un estado donde "la quinta parte de la población nació en el extranjero".
La demanda, planteada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, argumenta que la SB1718 representa "una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado", no solo para los inmigrantes, y es "discriminatoria".
Esta "ley dañina" está diseñada para "infligir crueldad" a la comunidad inmigrante, es "inconstitucional y socava nuestra democracia", señaló hoy en un comunicado Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes de Southern Poverty Law.
La demanda se centra en disposiciones de la Sección 10 de la ley, que penalizan el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente en Estados Unidos sin inspección federal. La querella señala que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal, someta a las personas a un castigo sin previo aviso y utilice un término tan vago como "inspección".
Sobre la demanda
El caso se presentó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la fiscal general del estado, Ashley Moody; el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida.
Las organizaciones denunciantes sostienen además que una serie de secciones de la SB1718 perjudican a los inmigrantes de Florida y sus familias, y "busca atacar e intimidar a las familias inmigrantes en todas las facetas de sus vidas".
Así, la citada ley, que entró en vigor el pasado 1 de julio, "inhibe e intimida a los inmigrantes de Florida que buscan atención médica", amplía los requisitos de E-Verify (sistema para verificar la elegibilidad del empleado) y las sanciones a las empresas.
De igual modo, la ley prohíbe que el Gobierno local financie nuevas tarjetas de identificación comunitarias e invalida ciertas licencias de conducir de estados como Connecticut, Vermont, Delaware y Hawái.
En el documento de 35 páginas, las organizaciones de derechos civiles insisten en que la citada ley "criminaliza inconstitucionalmente el acto de transportar a una amplia categoría de inmigrantes a Florida".
Demandan a Florida por la nueva ley migratoria de DeSantis
Varios grupos en favor de los derechos civiles presentaron este lunes una demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida.
Varios grupos en favor de los derechos civiles presentaron este lunes una demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida (EE.UU.), por considerar que es "inconstitucional, xenofóbica" y "criminaliza" a la comunidad inmigrante en un estado donde "la quinta parte de la población nació en el extranjero".
La demanda, planteada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, argumenta que la SB1718 representa "una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado", no solo para los inmigrantes, y es "discriminatoria".
Esta "ley dañina" está diseñada para "infligir crueldad" a la comunidad inmigrante, es "inconstitucional y socava nuestra democracia", señaló hoy en un comunicado Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes de Southern Poverty Law.
La demanda se centra en disposiciones de la Sección 10 de la ley, que penalizan el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente en Estados Unidos sin inspección federal. La querella señala que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal, someta a las personas a un castigo sin previo aviso y utilice un término tan vago como "inspección".
Sobre la demanda
El caso se presentó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la fiscal general del estado, Ashley Moody; el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida.
Las organizaciones denunciantes sostienen además que una serie de secciones de la SB1718 perjudican a los inmigrantes de Florida y sus familias, y "busca atacar e intimidar a las familias inmigrantes en todas las facetas de sus vidas".
Así, la citada ley, que entró en vigor el pasado 1 de julio, "inhibe e intimida a los inmigrantes de Florida que buscan atención médica", amplía los requisitos de E-Verify (sistema para verificar la elegibilidad del empleado) y las sanciones a las empresas.
De igual modo, la ley prohíbe que el Gobierno local financie nuevas tarjetas de identificación comunitarias e invalida ciertas licencias de conducir de estados como Connecticut, Vermont, Delaware y Hawái.
En el documento de 35 páginas, las organizaciones de derechos civiles insisten en que la citada ley "criminaliza inconstitucionalmente el acto de transportar a una amplia categoría de inmigrantes a Florida".