El financiamiento de los partidos políticos ha sido el centro de discusión de muchos actores quienes buscan un cambio en la forma de cómo funcionan las aportaciones financieras para las organizaciones políticas, pues este sistema de financiamiento es proclive a intereses espurios de algunas empresas o financistas relacionados al crimen organizado, lo que agrava la corrupción que se ha incrustado en el Estado producto de este tipo de financiamiento.
Con la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos se contempla que el Estado sea otro financista de los partidos políticos; sin embargo, no limitan el financiamiento privado, aspecto muy criticado. De tal manera que el financiamiento privado sigue siendo un instrumento para beneficio propio y poder manipular a quienes llegan a puestos de poder. A decir de expertos, hace que los partidos pierdan de vista el interés público y exacerba la corrupción partidaria.
El estudio partidos políticos guatemaltecos: Financiamiento e Institucionalidad, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indica que los costos de la campaña electoral exigen financiamiento externo que suele provenir de dos fuentes: Personas que tienen relación familiar o de amistad con el candidato y empresas privadas. Según este estudio, todas las organizaciones reciben fondos de una y otra, pero las relaciones personales pesan más a nivel local mientras que las empresas tienden a financiar campañas a nivel nacional.
El analista Renzo Rosal indica que en los últimos procesos electorales ha habido una “democratización” del financiamiento, es decir, que ya no necesariamente hay grandes financistas sino medianos y pequeños empresarios. Sin embargo, el financiamiento ha aumentado de todo aquello proveniente de recursos ilícitos del crimen organizado en general, lo que provoca que haya más recursos y más financistas, señala Rosal.
De acuerdo con ASIES, los financistas tienen diversas motivaciones y criterios para apoyar a un partido político o candidato. Las contribuciones políticas buscan influencia en dos direcciones: Primero en el resultado del proceso electoral otorgando recursos a un candidato para mejorar sus posibilidades de llegar a un cargo público. Segundo en las decisiones de un funcionario electo buscando ventajas o negocios específicos.
Según el análisis, los intereses de los financistas son muy variados pero el elemento común es que buscan un alto nivel de intermediación política, de allí que les interesa mucho financiar campañas de diputados, especialmente distritales, porque son mayoría en el Congreso. Los que actúan con bajo perfil son invisibles pero su operación puede ser más efectiva en comisiones de trabajo o en espacios poco transparentes.
El financiamiento ahora se está haciendo más grande en campañas a nivel local, de alcaldes o para formar parte de las corporaciones municipales se han vuelto un atractivo especial. “Muchos actores, especialmente del crimen organizado, deben tener control político y territorial de municipios o franjas de municipios, lo que ha hecho que tanto crimen organizado como contratistas locales, dueños de empresas medianas, quieran hacer negocios con el Estado”.
Sin embargo, una característica importante de las empresas financistas es que consideran que realizar una contribución supone un riesgo. Primero existen riesgos comerciales, en el sentido que clientes o socios podrían reaccionar negativamente ante el conocimiento de que determinada empresa realiza contribuciones políticas. Segundo, es evidente el temor que desde el Estado haya represalias por apoyar a un opositor o haber apoyado a un adversario, refiere el estudio realizado por ASIES.
En el caso de los financistas individuales el criterio que prevalece es la afinidad personal, algo que aparece con más frecuencia en campañas locales. Entre los financistas externos prevalece un interés de acceso al funcionario electo con el objetivo de tener la posibilidad de recurrir al funcionario en el caso que la persona o la empresa tengan un problema y necesite apoyo político.
Financiamiento que exacerba la corrupción
Según el estudio Partidos Políticos Guatemaltecos: Financiamiento e Institucionalidad, en ocasiones la dependencia de un sólo financista externo hace que los partidos pierdan de vista el interés público. Es notoria la percepción de que este tipo de financistas puede “castigar” a los políticos, negándoles recursos para futuros procesos electorales.
Los financistas son los responsables de la multiplicación de las zonas de opacidad. “La corrupción existe, no sólo con los partidos políticos sino que ya está instalado como un fenómeno político social, pero lo que hace este tipo de financiamiento es exacerbar la corrupción”, señala Rosal. Este tipo de financiamiento a los partidos políticos no va generalmente a los partidos sino a los candidatos, a las personas, y eso da como resultado que los partidos no tengan control sobre ese dinero porque no entra en sus arcas sino a los bolsillos de sus candidatos, eso hace que la opacidad sea mayor y la tendencia a la corrupción este a la orden del día.
La investigación de ASIES señala que las prácticas actuales de financiamiento, enmarcadas en un régimen ineficaz, centrado en el control y la fiscalización, tienen efectos sobre la institucionalidad partidaria, particularmente sobre la estabilidad de los partidos políticos.
Rehenes de los financistas
Por su parte Edgar Gutiérrez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), dice que lo que ocurre en Guatemala es que no hay regulación del financiamiento de la campaña política, no existe ningún control, y por otro lado dada la debilidad de los partidos políticos, su falta de vida cotidiana y de bases permanentes descansan mucho más en el financiamiento privado más que en otro sistema. De esa cuenta las elecciones en Guatemala resultan siendo las más caras del continente, alrededor de US$10 por voto, al juzgar por lo que gastan los partidos en publicidad.
Entonces esa debilidad en el sistema convierte a los Gobiernos en “rehenes” de sus financistas porque tienen que estar pagando las “facturas”. Según Gutiérrez, en este financiamiento hay corrupción pero también negocios que se dan discrecionalmente y afectan la competencia en el mercado, a la vez que disminuyen la calidad del gasto público. De esa cuenta vemos que muchos contratos se otorgan a empresas específicas y que algunas leyes también pasan sin mayor discusión en el congreso. “Todo esto repercute en una competencia desleal y en la falta de profundización del propio mercado”.
El financiamiento externo limita la autonomía de los partidos
Los financistas privados, externos a los partidos políticos, buscan influencia a través de sus contribuciones. Dicha influencia es mayor cuando el funcionario electo busca la reelección y cuando el financista ofrece un apoyo determinante que no puede obtenerse de otra manera, refiere la investigación.
Aunque el financiamiento privado en sí no constituye una total limitación a la autonomía de los partidos políticos, la concentración de las fuentes de financiamiento puede hacer que los partidos pierdan la perspectiva del interés público y desempeñen su trabajo político con orientación a los intereses del financista, señala ASIES.
El financiamiento de los partidos políticos ha sido el centro de discusión de muchos actores quienes buscan un cambio en la forma de cómo funcionan las aportaciones financieras para las organizaciones políticas, pues este sistema de financiamiento es proclive a intereses espurios de algunas empresas o financistas relacionados al crimen organizado, lo que agrava la corrupción que se ha incrustado en el Estado producto de este tipo de financiamiento.
Con la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos se contempla que el Estado sea otro financista de los partidos políticos; sin embargo, no limitan el financiamiento privado, aspecto muy criticado. De tal manera que el financiamiento privado sigue siendo un instrumento para beneficio propio y poder manipular a quienes llegan a puestos de poder. A decir de expertos, hace que los partidos pierdan de vista el interés público y exacerba la corrupción partidaria.
El estudio partidos políticos guatemaltecos: Financiamiento e Institucionalidad, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indica que los costos de la campaña electoral exigen financiamiento externo que suele provenir de dos fuentes: Personas que tienen relación familiar o de amistad con el candidato y empresas privadas. Según este estudio, todas las organizaciones reciben fondos de una y otra, pero las relaciones personales pesan más a nivel local mientras que las empresas tienden a financiar campañas a nivel nacional.
El analista Renzo Rosal indica que en los últimos procesos electorales ha habido una “democratización” del financiamiento, es decir, que ya no necesariamente hay grandes financistas sino medianos y pequeños empresarios. Sin embargo, el financiamiento ha aumentado de todo aquello proveniente de recursos ilícitos del crimen organizado en general, lo que provoca que haya más recursos y más financistas, señala Rosal.
De acuerdo con ASIES, los financistas tienen diversas motivaciones y criterios para apoyar a un partido político o candidato. Las contribuciones políticas buscan influencia en dos direcciones: Primero en el resultado del proceso electoral otorgando recursos a un candidato para mejorar sus posibilidades de llegar a un cargo público. Segundo en las decisiones de un funcionario electo buscando ventajas o negocios específicos.
Según el análisis, los intereses de los financistas son muy variados pero el elemento común es que buscan un alto nivel de intermediación política, de allí que les interesa mucho financiar campañas de diputados, especialmente distritales, porque son mayoría en el Congreso. Los que actúan con bajo perfil son invisibles pero su operación puede ser más efectiva en comisiones de trabajo o en espacios poco transparentes.
El financiamiento ahora se está haciendo más grande en campañas a nivel local, de alcaldes o para formar parte de las corporaciones municipales se han vuelto un atractivo especial. “Muchos actores, especialmente del crimen organizado, deben tener control político y territorial de municipios o franjas de municipios, lo que ha hecho que tanto crimen organizado como contratistas locales, dueños de empresas medianas, quieran hacer negocios con el Estado”.
Sin embargo, una característica importante de las empresas financistas es que consideran que realizar una contribución supone un riesgo. Primero existen riesgos comerciales, en el sentido que clientes o socios podrían reaccionar negativamente ante el conocimiento de que determinada empresa realiza contribuciones políticas. Segundo, es evidente el temor que desde el Estado haya represalias por apoyar a un opositor o haber apoyado a un adversario, refiere el estudio realizado por ASIES.
En el caso de los financistas individuales el criterio que prevalece es la afinidad personal, algo que aparece con más frecuencia en campañas locales. Entre los financistas externos prevalece un interés de acceso al funcionario electo con el objetivo de tener la posibilidad de recurrir al funcionario en el caso que la persona o la empresa tengan un problema y necesite apoyo político.
Financiamiento que exacerba la corrupción
Según el estudio Partidos Políticos Guatemaltecos: Financiamiento e Institucionalidad, en ocasiones la dependencia de un sólo financista externo hace que los partidos pierdan de vista el interés público. Es notoria la percepción de que este tipo de financistas puede “castigar” a los políticos, negándoles recursos para futuros procesos electorales.
Los financistas son los responsables de la multiplicación de las zonas de opacidad. “La corrupción existe, no sólo con los partidos políticos sino que ya está instalado como un fenómeno político social, pero lo que hace este tipo de financiamiento es exacerbar la corrupción”, señala Rosal. Este tipo de financiamiento a los partidos políticos no va generalmente a los partidos sino a los candidatos, a las personas, y eso da como resultado que los partidos no tengan control sobre ese dinero porque no entra en sus arcas sino a los bolsillos de sus candidatos, eso hace que la opacidad sea mayor y la tendencia a la corrupción este a la orden del día.
La investigación de ASIES señala que las prácticas actuales de financiamiento, enmarcadas en un régimen ineficaz, centrado en el control y la fiscalización, tienen efectos sobre la institucionalidad partidaria, particularmente sobre la estabilidad de los partidos políticos.
Rehenes de los financistas
Por su parte Edgar Gutiérrez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), dice que lo que ocurre en Guatemala es que no hay regulación del financiamiento de la campaña política, no existe ningún control, y por otro lado dada la debilidad de los partidos políticos, su falta de vida cotidiana y de bases permanentes descansan mucho más en el financiamiento privado más que en otro sistema. De esa cuenta las elecciones en Guatemala resultan siendo las más caras del continente, alrededor de US$10 por voto, al juzgar por lo que gastan los partidos en publicidad.
Entonces esa debilidad en el sistema convierte a los Gobiernos en “rehenes” de sus financistas porque tienen que estar pagando las “facturas”. Según Gutiérrez, en este financiamiento hay corrupción pero también negocios que se dan discrecionalmente y afectan la competencia en el mercado, a la vez que disminuyen la calidad del gasto público. De esa cuenta vemos que muchos contratos se otorgan a empresas específicas y que algunas leyes también pasan sin mayor discusión en el congreso. “Todo esto repercute en una competencia desleal y en la falta de profundización del propio mercado”.
El financiamiento externo limita la autonomía de los partidos
Los financistas privados, externos a los partidos políticos, buscan influencia a través de sus contribuciones. Dicha influencia es mayor cuando el funcionario electo busca la reelección y cuando el financista ofrece un apoyo determinante que no puede obtenerse de otra manera, refiere la investigación.
Aunque el financiamiento privado en sí no constituye una total limitación a la autonomía de los partidos políticos, la concentración de las fuentes de financiamiento puede hacer que los partidos pierdan la perspectiva del interés público y desempeñen su trabajo político con orientación a los intereses del financista, señala ASIES.