La falta de transparencia en aprobación del Presupuesto del Estado para el 2015 pone en riesgo la economía de los guatemaltecos, señaló la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) en conferencia de prensa. También se dijo que aunque oportunamente se denunció el riesgo por no tener una rendición de cuentas, de toda maneras el proyecto presentado por el Ejecutivo fue aprobado el pasado viernes.
En dicha aprobación, según la CIG, existió falta de discusión técnica y fue aprobado de manera precipitada, eliminándose los “candados” y se suprimiendo las normas de control a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). “Con esto se está abriendo la puerta al incremento de los niveles de corrupción”, dijo Fernando López, presidente de la CIG.
Les preocupa además que en el presupuesto aprobado se incluye casi Q2 mil millones para el Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda, y Q500 millones para municipalidades, de los que no se precisa destino específico ni objetivo, situación que compromete la transparencia y ejecución de estos recursos.
Sobre el impuesto a la telefonía, de Q5 por línea, señalaron que la mayor cantidad de usuarios de teléfonos en Guatemala pertenecen a la telefonía celular pre pagada, dentro de los cuales la mayoría solo reciben llamadas y su consumo no alcanza a cubrir el valor del impuesto, con lo cual se ven sujetos a quedar sin acceso al servicio.
“En apenas 33 días, se pretende que la industria reprograme presupuestos para incluir en estos el pago de nuevos tributos y además para establecer nuevas políticas para líneas que salen de operación o que están en proceso de ser reasignadas a nuevos usuarios”, dijo López.
Además, consideran que este impuesto amenaza el ritmo de expansión y diversificación de servicios de telecomunicaciones, una industria que ha logrado el acceso de los guatemaltecos con menores ingresos económicos a la telefonía y al Internet.
En cuando al impuesto a la distribución del cemento, que pasó de Q1.50 a Q5 por quintal, consideran que habrá un impacto en el consumidor de este producto, especialmente a la población de clase media y baja. También consideran que el costo de la vivienda popular se incrementará en, por lo menos, un 6%. Además, el impuesto aprobado incentivará el incremento del contrabando y la informalidad.
Por otro lado, consideran “desproporcionado” el incremento a las regalías mineras, que subiría a 10%, pues afectará negativamente la competitividad de un sector que está empezando a producir resultados positivos en la economía e infraestructura de áreas rurales.
Adicionalmente, se reduce el monto de regalías asignado a la comuna donde se ubican las minas y se elimina el porcentaje asignado a las alcaldías aledañas, quedando el 90% asignado al gobierno central. Esto pone en riesgo a que se incremente la conflictividad en el país, dejando de atender las necesidades sociales del área rural.
López advirtió que este cambio de reglas tiene un efecto directo sobre la certeza jurídica que se ofrece a los inversionistas extranjeros, tanto a los que ya operan en el país, como a los que estén considerando hacerlo. Por aparte, hace notar que los impuestos seguramente implicarán una reducción en el crecimiento económico previsto para el año 2015.
Esta entidad gremial exige al Gobierno de la República que tome acciones inmediatas para que el presupuesto aprobado por el Congreso de la República no perjudique a la población menos favorecida, y que se actúe en consecuencia a los principios de calidad del gasto y transparencia de los que habló al inicio de su gestión.
La falta de transparencia en aprobación del Presupuesto del Estado para el 2015 pone en riesgo la economía de los guatemaltecos, señaló la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) en conferencia de prensa. También se dijo que aunque oportunamente se denunció el riesgo por no tener una rendición de cuentas, de toda maneras el proyecto presentado por el Ejecutivo fue aprobado el pasado viernes.
En dicha aprobación, según la CIG, existió falta de discusión técnica y fue aprobado de manera precipitada, eliminándose los “candados” y se suprimiendo las normas de control a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). “Con esto se está abriendo la puerta al incremento de los niveles de corrupción”, dijo Fernando López, presidente de la CIG.
Les preocupa además que en el presupuesto aprobado se incluye casi Q2 mil millones para el Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda, y Q500 millones para municipalidades, de los que no se precisa destino específico ni objetivo, situación que compromete la transparencia y ejecución de estos recursos.
Sobre el impuesto a la telefonía, de Q5 por línea, señalaron que la mayor cantidad de usuarios de teléfonos en Guatemala pertenecen a la telefonía celular pre pagada, dentro de los cuales la mayoría solo reciben llamadas y su consumo no alcanza a cubrir el valor del impuesto, con lo cual se ven sujetos a quedar sin acceso al servicio.
“En apenas 33 días, se pretende que la industria reprograme presupuestos para incluir en estos el pago de nuevos tributos y además para establecer nuevas políticas para líneas que salen de operación o que están en proceso de ser reasignadas a nuevos usuarios”, dijo López.
Además, consideran que este impuesto amenaza el ritmo de expansión y diversificación de servicios de telecomunicaciones, una industria que ha logrado el acceso de los guatemaltecos con menores ingresos económicos a la telefonía y al Internet.
En cuando al impuesto a la distribución del cemento, que pasó de Q1.50 a Q5 por quintal, consideran que habrá un impacto en el consumidor de este producto, especialmente a la población de clase media y baja. También consideran que el costo de la vivienda popular se incrementará en, por lo menos, un 6%. Además, el impuesto aprobado incentivará el incremento del contrabando y la informalidad.
Por otro lado, consideran “desproporcionado” el incremento a las regalías mineras, que subiría a 10%, pues afectará negativamente la competitividad de un sector que está empezando a producir resultados positivos en la economía e infraestructura de áreas rurales.
Adicionalmente, se reduce el monto de regalías asignado a la comuna donde se ubican las minas y se elimina el porcentaje asignado a las alcaldías aledañas, quedando el 90% asignado al gobierno central. Esto pone en riesgo a que se incremente la conflictividad en el país, dejando de atender las necesidades sociales del área rural.
López advirtió que este cambio de reglas tiene un efecto directo sobre la certeza jurídica que se ofrece a los inversionistas extranjeros, tanto a los que ya operan en el país, como a los que estén considerando hacerlo. Por aparte, hace notar que los impuestos seguramente implicarán una reducción en el crecimiento económico previsto para el año 2015.
Esta entidad gremial exige al Gobierno de la República que tome acciones inmediatas para que el presupuesto aprobado por el Congreso de la República no perjudique a la población menos favorecida, y que se actúe en consecuencia a los principios de calidad del gasto y transparencia de los que habló al inicio de su gestión.