Ahora la crisis se traslado a cuatro municipios en el sur de San Marcos; unos 20 mil usuarios de San Pablo, San José el Rodeo, Catarina y Tecún Uman no tienen electricidad.

 Según Energuate, empresa que distribuye el fluido eléctrico en esos lugares, en esos municipios colapso el sistema como consecuencia de las conexiones ilegales. Ahora se busca resolver el problema en una mesa de diálogo para restablecer el servicio.

 En Chisec, Alta Verapaz, ocurrió un hecho similar hace unos días; el sistema colapso. Y después de instalarse una mesa de diálogo el servicio se restableció. Igual situación ocurrió el mes pasado en Teculutan, Zacapa, en donde cientos de hogares, comercios, empresas e instituciones del Estado se quedaron sin el suministro por varias semanas y las autoridades locales recurrieron a la mesa de diálogo para salir de la crisis. 

Los ministros de Gobernación y Energía y Minas revelaron recientemente que las perdidas por hurto de energía en todo el país ascienden a Q250 millones anuales. 

Sin embargo, el fenómeno no es nada nuevo; a partir de 2008, en varios municipios de San Marcos se registró un movimiento que impulsó el hurto de energía mediante conexiones ilegales directas al sistema.
Grupos al margen de la ley se dedicaron a engañar a los pobladores con el argumento de los altos precios de la electricidad y decidieron enarbolar la bandera de la nacionalización. De esa forma, tomaron el fluido directamente de las líneas de distribución sin realizar sus pagos. 

Aprovechándose de que en ese departamento no hay presencia policiaca, el movimiento comenzó a crecer en 2009 y el robo de energía eléctrica se extendió a comunidades de la costa de Quezaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu con una forma de acción similar al de San Marcos. 

La creación de pequeños grupos en cada población surgieron para conectarse ilegalmente al servicio y se encargan de cobrar a los vecinos una cuota mensual por la energía. Un año después, el problema se generalizó en Huehuetenango y en varios departamentos del oriente del país. 

Pese a que una parte de los pobladores se abstiene de participar en estos actos ilegales y pagan por el servicio, la irregularidad en el suministro les afecta, en escuelas, centros y puestos de salud y en la actividad productiva del país.

Estas acciones no
solo atentan contra los procesos productivos, sino atentan contra todos los guatemaltecos,
pues se oponen al desarrollo del país y a la seguridad jurídica y física de los
ciudadanos, expresa el director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Zepeda.

Repercuten en
pérdidas significativas para todos los guatemaltecos, pues obstaculizan la
construcción y el mejoramiento de la infraestructura de generación, transporte
y distribución de electricidad, señala.

Está
demostrado que el acceso a la electricidad ha sido en países desarrollados
causa importante para mejorar el índice de desarrollo humano, de  manera
que impedir el acceso a este servicio es contribuir al empobrecimiento de la
población, dice Zepeda. 

La empresa de distribución han utilizado los medios legales que le faculta el Estado de Derecho para proceder en contra de los dirigentes de estas agrupaciones que terminan perjudicando a las propias comunidades.
Hasta el momento, según datos de Energuate, se han interpuesto 600 denuncias contra personas que promueven el robo de energía eléctrica por los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios de utilidad pública, incitación a delinquir y hurto de fluidos, entre otros. 

 Erick Archila, ministro de Energía y Minas, señaló que son cerca de 160 mil pobladores los que tienen conexiones ilegales en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz, El Progreso, Quiche, Quetzaltenango, Retalhuleu y Zacapa. 

 Según el funcionario sólo en San Marcos, el 52 por ciento de los hogares están conectados de manera ilegal. A decir de Archila esa situación frena el desarrollo energético y hace colapsar la red de distribución. 

 Sin embargo, el problema persiste. En los primeros meses de 2014, se han registrado varios procesos de negociación. De esa cuenta, 2,200 clientes se reincorporaron al ciclo comercial en Estanzuela, Zacapa. Una cantidad similar en Chisec, Alta Verapaz, en ambos lugares se han normalizado el suministro. Pero la conflictividad sigue y la única vía para resolver los problemas son las mesas de negociación en los municipios afectados.