Redacción
04 de julio, 2014
A los extranjeros que se les canceló la visa de permanencia en el país son la española Éricka Maritza Martínez García y el chileno Danilo Denis Guerrero Díaz. Según autoridades de la Dirección General de Migración, las dos personas infringieron los artículos 74 y 92 de la Ley de Migración por haber alterado el orden público durante la protesta en La Puya.
El vocero de Migración, Fernando Lucero, indicó que la visa les fue cancelada el pasado 1 de julio y a partir de esa fecha tienen 10 días para abandonar el país, de lo contrario se puede proceder a una “expulsión”, aseguró.
Por su parte, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que Guerrero Díaz se encontraba en Guatemala con la visa vencida y no sería renovada. El funcionario informó que cuentan con fotografías donde se observa a la persona de nacionalidad chilena tirando piedras a los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la protesta contra la minera.
El titular de la cartera del interior recordó que había advertido que cualquier extranjero que entrara con visa de turista al país no podría participar en manifestaciones o involucrarse en asuntos internos de Guatemala, mucho menos protestas violentas como la que se registró en La Puya.
En su página web, las Brigadas Internacionales de Paz (BIP) manifestaron su rechazo a la cancelación de la residencia temporal en Guatemala de Martínez García y Guerrero Díaz, por considerar que afecta la labor de acompañamiento y observación internacional que BIP realiza en Guatemala desde hace 30 años.
Según el pronunciamiento, ‘el voluntario y la voluntaria de BIP, a quienes se refieren las resoluciones, mantuvieron presencia internacional en La Puya el 23 de mayo y observaron el desalojo violento del plantón de la Resistencia Pacífica de la Puya, sobre el cual BIP alertó en junio 2. Representantes de la DGM presentes en La Puya en el momento del desalojo, se retiraron del lugar sin dirigirse directamente a las personas interesadas, tras comprobar que su situación migratoria estaba en orden mediante la verificación de su documentación identificativa por agentes de policía’.
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Redacción
04 de julio, 2014
A los extranjeros que se les canceló la visa de permanencia en el país son la española Éricka Maritza Martínez García y el chileno Danilo Denis Guerrero Díaz. Según autoridades de la Dirección General de Migración, las dos personas infringieron los artículos 74 y 92 de la Ley de Migración por haber alterado el orden público durante la protesta en La Puya.
El vocero de Migración, Fernando Lucero, indicó que la visa les fue cancelada el pasado 1 de julio y a partir de esa fecha tienen 10 días para abandonar el país, de lo contrario se puede proceder a una “expulsión”, aseguró.
Por su parte, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que Guerrero Díaz se encontraba en Guatemala con la visa vencida y no sería renovada. El funcionario informó que cuentan con fotografías donde se observa a la persona de nacionalidad chilena tirando piedras a los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la protesta contra la minera.
El titular de la cartera del interior recordó que había advertido que cualquier extranjero que entrara con visa de turista al país no podría participar en manifestaciones o involucrarse en asuntos internos de Guatemala, mucho menos protestas violentas como la que se registró en La Puya.
En su página web, las Brigadas Internacionales de Paz (BIP) manifestaron su rechazo a la cancelación de la residencia temporal en Guatemala de Martínez García y Guerrero Díaz, por considerar que afecta la labor de acompañamiento y observación internacional que BIP realiza en Guatemala desde hace 30 años.
Según el pronunciamiento, ‘el voluntario y la voluntaria de BIP, a quienes se refieren las resoluciones, mantuvieron presencia internacional en La Puya el 23 de mayo y observaron el desalojo violento del plantón de la Resistencia Pacífica de la Puya, sobre el cual BIP alertó en junio 2. Representantes de la DGM presentes en La Puya en el momento del desalojo, se retiraron del lugar sin dirigirse directamente a las personas interesadas, tras comprobar que su situación migratoria estaba en orden mediante la verificación de su documentación identificativa por agentes de policía’.