Las
manifestaciones y bloqueos realizados por grupos campesinos e indígenas han provocado
en el país un auténtico irrespeto al Estado de Derecho,  no por el derecho que tienen de manifestar, sino por la presión que ejercen a los organismos de Estado, entre ellos el Congreso. En los últimos días se ha hecho evidente la presión para aprobar o derogar leyes, que constituyen un desafio a la gobernabilidad del país. 

Un ejemplo claro fue la presión que por 48 horas realizaron grupos para que se derogara la
Ley de Protección para la Obtención de Vegetales. Representantes de los 48 cantones de Totonicapán llegaron a la afueras del Congreso mientras otros grupos tenían obstruidas las princpales carreteras del país. Según analistas, los diputados no se quieren desgastar previo a la elecciones generales donde buscan la reelección. Esta ley fue derogada de urgencia nacional.

Durante marchas,
manifestaciones y bloqueos los grupos ejercen presión sobre el Presidente,
diputados del Congreso de la República y hasta el sistema de justicia. En varias
ocasiones el Comité de Unidad Campesina (CUC) ha obstruido carreteras, hasta llegar a actos violentos que ponen en un verdadero desafío a las
autoridades. Sin embargo,
no sólo el CUC comete este tipo de hechos de presión, también el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) para que el sistema de justicia libere a sus líderes capturados por
el robo de energía eléctrica que realizan en algunos sectores del país, llegando al extremo de buscar intercambiar agentes de la Policía Nacional Civil por sus líderes.

Por su parte, los maestros, comandados por Joviel Acevedo, también tienen su cuota de presión. Un ejemplo claro fue  cuando exigieron el aumento del presupuesto de educación, pero con el fin de cumplir con el pacto colectivo y tener un aumento de salario.

Actualmente en el Congreso de la República se presiona y se realizan distintos cabildeos para que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral. El lunes pasado, el dirigente campesino Daniel Pascual, junto a otros grupos, se reunieron con jefes de bloque para ejercer presión para la aprobación de dicha ley. Algunos diputados hasta ofrecieron su apoyo para que la iniciativa pasara en una sola lectura y fuera aprobada de urgencia nacional, pero otros no han manifestado su apoyo. Por tal razón, Pascual amenazó con intensificar bloqueos de carreteras para los próximos días si los congresistas no ceden a su petición. 

Respetar laConstitución

El Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se ha pronunciado en varias ocasiones para que los manifestantes respeten la
Constitución de la República y no violen el derecho a la libre locomoción y comercio.

Recientemente
el CUC realizó varios bloqueos en el interior del país y llevó a cabo una marcha en
la ciudad capital para exigir al Congreso la derogatoria de la Ley para la
Circulación por Carreteras Libres de Cualquier tipo de Obstáculos, más conocida
como Ley de Túmulos, que según el grupo campesino la forma en que está redactada le ley criminaliza las
manifestaciones violando este derecho. Sin embargo, es incomprensible manifestar sin restringir otros derechos como el de libre locomoción.

De acuerdo
con Jorge Briz, vicepresidente del CACIF, el Organismo Legislativo no deber
ser expuesto a presiones de ninguna índole porque constituye un desafío a la gobernabilidad del país y un auténtico irrespeto al Estado de Derecho. ‘Si
cometen hechos delictivos, así sí legislan’ , enfatizó Briz. Al mismo tiempo asegura que el mensaje que quieren transmitir a través de esas amenazas y
acciones resultan ser negativas para el país.

Precedente nefasto

Estos hechos
han generado gran inconformidad entre los guatemaltecos por haber limitado sus
garantías constitucionales, coartado su libertad de locomoción y comercio,
así como provocar ingobernabilidad en varios municipios, especialmente por atentar contra la integridad y sustento de personas inocentes, que son las
principales víctimas de los paros y bloqueos organizados para presionar a los poderes del Estado.

Según CACIF,
es sumamente irresponsable alterar el orden público y coartar los legítimos
derechos de la gente trabajadora del país, principalmente poner a prueba la
institucionalidad del Estado presionando de forma violenta y en contra de toda
legalidad a funcionarios públicos y diputados, para lograr unos fines que sólo
favorecen a unos cuantos en perjuicio del bienestar de toda la sociedad. Con estas acciones se generan pérdidas millonarias al sector productivo del país.  

Carla
Caballeros, directora ejecutiva de Cámara del Agro, indica que el precedente nefasto lo está poniendo
el Congreso de la República, pues son los funcionarios que dan un mensaje a la ciudadanía de que lo que impera no es el respeto a la Ley, sino violentar la misma. Caballeros
refiere que no es la primera vez que estas cosas suceden. La misma situación se vio hace meses
cuando se aprobó una ampliación presupuestaria después de que el Sindicato de
Maestros y el dirigente magisterial Joviel Acevedo salieran con clavos y palos
a bloquear carreteras, además de pinchar llantas de vehículos que transitaban. Posterior a esas acciones, los diputados aprobaron la ampliación del presupuesto, dice. “El mensaje es nefasto y el problema está del
lado de quienes, se supone, juraron respetar la Constitución y deben ser los primeros en dar el ejemplo del respeto a la Ley” ,señala.

Además, indica
que los grupos pueden presionar por lo que consideren conveniente, ya que
hacer manifestaciones es un derecho legítimo de cualquier ciudadano y agrupación porque está garantizado en la Constitución Política de la República, pero
el punto está en que lo realizan de una forma ilegal, y de esa manera no debe darse. “La
responsabilidad de que continúen las manifestaciones ilegales es de
las autoridades de Gobierno que no hacen cumplir la Ley”, dice Caballeros. Agrega que el Ministerio Público (MP) debe investigar cualquier hecho delictivo y la
manera ilegal en la que se está actuando en el Organismo Legislativo y
Ejecutivo cada vez que implementan mesas de diálogo o le dan premios a quienes
violentan la Ley.

A criterio de Néstor López, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hay intereses que juegan los grupos al realizar esas medidas de presión, ya sea para aprobar o no aprobar alguna Ley. “Hay gente que no sabe por qué llega a protestar’, lo que significa que son acarreados, además, hay un sistema que de alguna manera quiere implementar conflictividad. Dice López que en Guatemala se obvian los sistemas de diálogos y acuerdos, por lo que este tipo de presiones afectan a otras personas, lo que genera ingobernabilidad, ya que al realizar algún tipo de manifestación se genera también un veto a la libre locomoción.

Legislar objetivamente

Para la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, las
manifestaciones son expresiones de la sociedad cuando no son escuchadas y no se
genera el diálogo, por lo que acuden a estas medidas de presión para ser tomados en cuenta. Sin embargo,
considera que el Congreso debe legislar más objetivamente, porque a veces se
cometen errores para quedar bien con un grupo o con otro, como se observa
en ocasiones cuando han derogado algunas leyes y otras son
declaradas inconstitucionales.

“Las
manifestaciones deben ser pacíficas, sin violentar el derecho de otro, como la libre locomoción’,  expresa Montenegro. Añade que los grupos que manifiestan por la liberación de algún líder detenido por haber cometido un delito, y se ha emitido una orden de
captura,  deben seguir el
debido proceso.