Este viernes iniciará formalmente la renegociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo en el Congreso de la República ¿el reto? frenar los excesos detectados en el acuerdo firmado en 1999 y renegociado en 2005. La mesa de diálogo tiene como plazo la segunda semana de febrero para alcanzar los acuerdos.
Alfredo Tumax y Oscar Salic, máximos representantes del sindicato del Congreso.
El sindicato ya está preparado y llevará bajo el brazo los puntos que busca negociar: el 10 por ciento de incremento para que sea de forma escalonada y garantizar la estabilidad de los trabajadores. Aunque reconoce que hay exceso de personal considera que ese tema le corresponde resolverlo a la Junta Directiva del Congreso.
“Nosotros tenemos toda la buena voluntad de resolver esta situación, pero que todo sea dentro del marco jurídico que demanda la norma” declaró Alfredo Tumax, quien recordó que hay más de 1,100 trabajadores sindicalizados. Con esto, el dirigente sindical deja claro que están dispuestos a ceder en el 10 por ciento pero de forma escalonada. En ningún momento se cambiarán los salarios que han ganado con el paso de los años.
Tumax es claro al decir que el pacto no habla de salarios, por lo que no podrían reducirse a menos que el trabajador lo acuerde con el patrono. “Estaremos vigilantes de las decisiones que se quieran tomar al respecto ya que no se pueden violar nuestros derechos”.
Otro de los puntos que llama la atención es que las negociaciones se harán a puerta cerrada, así lo decidieron sindicalistas y autoridades. “Lo más prudente en una negociación es no llevarla a los medios de comunicación, no negociaremos a través de la prensa” declaró el diputado Carlos Barrera, quien integra la mesa de discusión. Para el congresista lo ideal es no ventilar los acuerdos a la opinión pública hasta que se hayan concretado.
El pacto colectivo de trabajadores fue suscrito en 1999 durante la gestión del entonces presidente del Congreso Leonel López Rodas. En esa ocasión, se acordó el 10 por ciento de incremento anual, así lo confirma el artículo 23 del documento donde se estableció que el aumento se haría efectivo a partir del uno de enero del 2000.
El 10 por ciento fue autorizado en 1999.
Ese no fue el único beneficio, también se acordó un bono de antigüedad, navideño y un bono vacacional. También se estableció una prestación social que consiste en ayuda por fallecimiento, servicio médico y ayuda al deporte. Seis años después, el entonces presidente Jorge Méndez Herbruger renegoció el pacto y aumentó los beneficios para los trabajadores.
Sin embargo, fue el 10 por ciento de aumento anual lo que ha puesto el tema bajo la lupa. Desde 2007 la planilla de trabajadores fue en aumento y los salarios onerosos se convirtieron en una práctica común. Solo Roberto Alejos durante los tres años que estuvo al frente del Congreso firmó la contratación de 363 personas con salarios que alcanzaron los Q27 mil.
Desde entonces la voz de alarma se activó y algunas entidades como el Centro de Investigaciones Nacionales Económicas (CIEN) anunciaron el descalabro financiero que tendría la institución si no se frenaba el aumento salarial y de personal.
“No contar con un adecuado sistema de gestión del recurso humano da lugar a prácticas de corrupción, clientelismo, o bien imponer un peso excesivo en el uso de recursos del gobierno, a cambio de los cuales no se obtiene ningún resultado” detalla el documento titulado La amenaza de los Pactos Colectivos.
¿Las rutas?
Los congresistas están claros que buscan resolver el pacto colectivo por la vía del diálogo. Aunque reconocen que evalúan el panorama luego del oficio enviado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) donde establecen que el pacto atenta contra los intereses del Estado ya que no se sustentó de forma técnica, financiera y jurídicamente los beneficios económicos.
“Estamos viendo los alcances de la opinión de la PGN y veremos con los abogados” detalla Barrera. Por lo pronto dialogarán en la mesa la incorporación de representantes del Ministerio de Finanzas tal como sugiere la PGN. Al momento, el congresista deja claro que no emprenderán acciones sino buscarán resolver la situación por la vía del diálogo.
Resolver el aumento desmedido se convirtió en la principal demanda ciudadana que busca cambiar las reglas a uno de los pactos más criticados de la gestión pública. Sin embargo, los sindicalistas están claros que no podrán perder privilegios adquiridos lo que podría complicar el panorama para las autoridades.
Este viernes iniciará formalmente la renegociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo en el Congreso de la República ¿el reto? frenar los excesos detectados en el acuerdo firmado en 1999 y renegociado en 2005. La mesa de diálogo tiene como plazo la segunda semana de febrero para alcanzar los acuerdos.
Alfredo Tumax y Oscar Salic, máximos representantes del sindicato del Congreso.
El sindicato ya está preparado y llevará bajo el brazo los puntos que busca negociar: el 10 por ciento de incremento para que sea de forma escalonada y garantizar la estabilidad de los trabajadores. Aunque reconoce que hay exceso de personal considera que ese tema le corresponde resolverlo a la Junta Directiva del Congreso.
“Nosotros tenemos toda la buena voluntad de resolver esta situación, pero que todo sea dentro del marco jurídico que demanda la norma” declaró Alfredo Tumax, quien recordó que hay más de 1,100 trabajadores sindicalizados. Con esto, el dirigente sindical deja claro que están dispuestos a ceder en el 10 por ciento pero de forma escalonada. En ningún momento se cambiarán los salarios que han ganado con el paso de los años.
Tumax es claro al decir que el pacto no habla de salarios, por lo que no podrían reducirse a menos que el trabajador lo acuerde con el patrono. “Estaremos vigilantes de las decisiones que se quieran tomar al respecto ya que no se pueden violar nuestros derechos”.
Otro de los puntos que llama la atención es que las negociaciones se harán a puerta cerrada, así lo decidieron sindicalistas y autoridades. “Lo más prudente en una negociación es no llevarla a los medios de comunicación, no negociaremos a través de la prensa” declaró el diputado Carlos Barrera, quien integra la mesa de discusión. Para el congresista lo ideal es no ventilar los acuerdos a la opinión pública hasta que se hayan concretado.
El pacto colectivo de trabajadores fue suscrito en 1999 durante la gestión del entonces presidente del Congreso Leonel López Rodas. En esa ocasión, se acordó el 10 por ciento de incremento anual, así lo confirma el artículo 23 del documento donde se estableció que el aumento se haría efectivo a partir del uno de enero del 2000.
El 10 por ciento fue autorizado en 1999.
Ese no fue el único beneficio, también se acordó un bono de antigüedad, navideño y un bono vacacional. También se estableció una prestación social que consiste en ayuda por fallecimiento, servicio médico y ayuda al deporte. Seis años después, el entonces presidente Jorge Méndez Herbruger renegoció el pacto y aumentó los beneficios para los trabajadores.
Sin embargo, fue el 10 por ciento de aumento anual lo que ha puesto el tema bajo la lupa. Desde 2007 la planilla de trabajadores fue en aumento y los salarios onerosos se convirtieron en una práctica común. Solo Roberto Alejos durante los tres años que estuvo al frente del Congreso firmó la contratación de 363 personas con salarios que alcanzaron los Q27 mil.
Desde entonces la voz de alarma se activó y algunas entidades como el Centro de Investigaciones Nacionales Económicas (CIEN) anunciaron el descalabro financiero que tendría la institución si no se frenaba el aumento salarial y de personal.
“No contar con un adecuado sistema de gestión del recurso humano da lugar a prácticas de corrupción, clientelismo, o bien imponer un peso excesivo en el uso de recursos del gobierno, a cambio de los cuales no se obtiene ningún resultado” detalla el documento titulado La amenaza de los Pactos Colectivos.
¿Las rutas?
Los congresistas están claros que buscan resolver el pacto colectivo por la vía del diálogo. Aunque reconocen que evalúan el panorama luego del oficio enviado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) donde establecen que el pacto atenta contra los intereses del Estado ya que no se sustentó de forma técnica, financiera y jurídicamente los beneficios económicos.
“Estamos viendo los alcances de la opinión de la PGN y veremos con los abogados” detalla Barrera. Por lo pronto dialogarán en la mesa la incorporación de representantes del Ministerio de Finanzas tal como sugiere la PGN. Al momento, el congresista deja claro que no emprenderán acciones sino buscarán resolver la situación por la vía del diálogo.
Resolver el aumento desmedido se convirtió en la principal demanda ciudadana que busca cambiar las reglas a uno de los pactos más criticados de la gestión pública. Sin embargo, los sindicalistas están claros que no podrán perder privilegios adquiridos lo que podría complicar el panorama para las autoridades.