El artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece los parámetros que rigen la pena de muerte en el país y dicta que no podrá imponerse en los siguientes casos:

– con fundamento en presunciones

-a las mujeres

-a los mayores de 60 años

-reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos y a los reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición

Al respecto, el mandatario Jimmy Morales manifestó que “el Ejecutivo aplicará la ley” y citó dicho artículo. También remarcó que si el Congreso traslada la ley al organismo que dirige, deberá ejecutarla.

“No discutimos la ley, sino hacemos que se cumpla”, expuso. Las declaraciones del presidente se dieron un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunciara al respecto y cuya máxima autoridad James Cavallaro, expresara que hay un proceso contemplado de limitar o congelar el uso de la pena de muerte y de no expandir su aplicación.

La semana pasada, el presidente dijo que no estará “dando ningún indulto presidencial si el Congreso estima que se debe cumplir esa medida” y especificó que el país vive momentos difíciles por personas que actúan al margen de la ley.