El plan estratégico para fortalecer la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y los gobiernos locales, pretende incrementar el situado constitucional del 10 al 25 por ciento y aumentar del 1.5 al 2.5 por ciento la asignación de esas dependencias por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El plan incluye devolver a las comunas el derecho a autorizar cualquier actividad económica y de exploración en sus territorios y una descentralización con calidades ministeriales, aduciendo su autonomía, duplicando acciones que son responsabilidades del Ejecutivo, por ejemplo, en las atribuciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Datos del Ranking de gestión municipal 2013, emitido por la Secretaría de Planificación (SEGEPLAN), reportó que 258 de las 334 municipalidades tuvieron una gestión media baja y baja. Asimismo, 54 municipalidades fueron cuestionadas por mal manejo de fondos, abuso de poder, falta de transparencia, uso de obras con fines electorales y negación de información pública.
Agobiadas por la corrupción
Las municipalidades se han llevado el primer lugar en irregularidades según cifras emitidas por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Para 2012, el 72 por ciento de las 144 denuncias recibidas fueron señalamientos contra autoridades y empleados municipales.
Algunos alcaldes son procesados por aprovechar ingresos de la comuna, como el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), lavado de dinero y desviación de fondos de las municipalidades para beneficio personal o de sus familiares.
Manfredo Marroquín, presidente de AC, explicó que el problema de las municipalidades no es solo tener recursos, sino, la calidad de gasto. “Todavía no han tenido transformaciones legales o institucionales y mientras no se den esas reformas, no es conveniente que reciban más recursos”, especificó.
La idea de la organización es que las comunas recauden mejor y estén mejor fiscalizados por sus vecinos y es que “son las instituciones que menos información brindan y las que menos unidades de acceso a la información tienen”, replicó Marroquín.
Un sondeo en la página de la ANAM reporta que hay municipalidades cuya página de internet en el marco de la Ley de Acceso a la Información (LAIP) permanecen inactivas o al ingresar en las que supuestamente sí funcionan, no existen.
La autonomía municipal
El artículo 253 de la Constitución indica que los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas y sus autoridades emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. La autonomía municipal incluye la elección de autoridades para el gobierno y administración de sus intereses, disponer de los recursos patrimoniales, atender servicios públicos locales y ordenamiento territorial de su jurisdicción, de acuerdo con el Código Municipal.
“Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda”, especifica la normativa en mención en el artículo 3.
Gerson López, secretario ejecutivo de la ANAM, explicó que la propuesta se formuló en el seno de la Junta Directiva y fue refrendada por el Consejo Consultivo. Incluso fue sometida a consideración de la Asamblea Nacional y contó con su beneplácito.
“Automáticamente queda aprobado y es de observancia nacional”, especificó López, quien describió que es una acción que beneficiará los 340 municipios y a la misma ANAM para posicionarse y “consolidar su rol dentro del gremio municipalista”.
Las necesidades
Según la ANAM, entre los aspectos a mejorar es la ausencia de oficinas técnicas de profesionales para planificar los proyectos y sólo ahí se pierden más de Q1 mil millones, describió López. También menciona que eso incluye los trámites y la falta de una adecuada formulación de los proyectos. “La idea es regionalizar”, finalizó.
Edy Cifuentes, experto en asuntos municipales, expuso que la propuesta de incrementar los puntos porcentuales del IVA es para que esos recursos vayan directamente a las municipalidades debido a los problemas financieros que atraviesan.
Sólo al Instituto de Fomento Municipal (Infom), 21 municipalidades adeudan desde la década de los 90 un total de Q101.3 millones.
Sin embargo, el reto es encontrar apoyo en el Congreso y es que la ANAM pretende establecer una reforma constitucional y reformas a la Ley del Iva, Ley del Impuesto a la Distribución de Combustible Derivados del Petróleo (para que las municipalidades perciban de forma directa Q0.50 o unificar equitativamente los Q0.30 que se perciben para pagos de maestros, médicos, entre otros).
Comisión no apoya
La ANAM también pretende que se aprueben nuevas leyes, como una de arbitrios, otra para servicios públicos y devolver a las municipalidades la autonomía para autorizar cualquier actividad económica y de explotación en su territorio.
Thelma Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, se reunió el miércoles último a las autoridades de la ANAM y el INFOM, para hablar del tema, pero afirmó que ve más viable establecer reformas en la ley que rige la segunda institución.
“A las peticiones de la ANAM nos vamos a sentar para ver porque sí hay mucho que reformar. El tema municipalista es tan amplio que no se puede en un periodo legislativo solventar la agenda para el desarrollo”, describió.
La congresista dijo que el miércoles se instaló una mesa de trabajo con la Contraloría, Procuraduría General de la Nación y gerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (PGN) para ver el plan de trabajo de las mesas que se establecerán para entrarle a la reforma a la ley del Infom con apoyo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.
La normativa que rige el actuar del INFOM data de 1957 y la única reforma que ha tenido data de 1965 y es que la ANAM pretende incrementar los recursos del IVA-PAZ del 1.5 por ciento hasta un 2.5 por ciento porque alega que el 1% va para Fonapaz, pero esta entidad está en fase de liquidación.
No obstante, Ramírez explica que la ley habla de fondos de la paz, no específicamente el descrito. “Hay que ver leyes que sean viables y no crear falsas expectativas entre los alcaldes”, finalizó.
Se intentó conocer la versión de Edwin Escobar, artífice de la propuesta según las fuentes consultadas; sin embargo, no fue posible. Esto posteó en su cuenta de Twitter recientemente:
El plan estratégico para fortalecer la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y los gobiernos locales, pretende incrementar el situado constitucional del 10 al 25 por ciento y aumentar del 1.5 al 2.5 por ciento la asignación de esas dependencias por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El plan incluye devolver a las comunas el derecho a autorizar cualquier actividad económica y de exploración en sus territorios y una descentralización con calidades ministeriales, aduciendo su autonomía, duplicando acciones que son responsabilidades del Ejecutivo, por ejemplo, en las atribuciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Datos del Ranking de gestión municipal 2013, emitido por la Secretaría de Planificación (SEGEPLAN), reportó que 258 de las 334 municipalidades tuvieron una gestión media baja y baja. Asimismo, 54 municipalidades fueron cuestionadas por mal manejo de fondos, abuso de poder, falta de transparencia, uso de obras con fines electorales y negación de información pública.
Agobiadas por la corrupción
Las municipalidades se han llevado el primer lugar en irregularidades según cifras emitidas por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Para 2012, el 72 por ciento de las 144 denuncias recibidas fueron señalamientos contra autoridades y empleados municipales.
Algunos alcaldes son procesados por aprovechar ingresos de la comuna, como el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), lavado de dinero y desviación de fondos de las municipalidades para beneficio personal o de sus familiares.
Manfredo Marroquín, presidente de AC, explicó que el problema de las municipalidades no es solo tener recursos, sino, la calidad de gasto. “Todavía no han tenido transformaciones legales o institucionales y mientras no se den esas reformas, no es conveniente que reciban más recursos”, especificó.
La idea de la organización es que las comunas recauden mejor y estén mejor fiscalizados por sus vecinos y es que “son las instituciones que menos información brindan y las que menos unidades de acceso a la información tienen”, replicó Marroquín.
Un sondeo en la página de la ANAM reporta que hay municipalidades cuya página de internet en el marco de la Ley de Acceso a la Información (LAIP) permanecen inactivas o al ingresar en las que supuestamente sí funcionan, no existen.
La autonomía municipal
El artículo 253 de la Constitución indica que los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas y sus autoridades emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. La autonomía municipal incluye la elección de autoridades para el gobierno y administración de sus intereses, disponer de los recursos patrimoniales, atender servicios públicos locales y ordenamiento territorial de su jurisdicción, de acuerdo con el Código Municipal.
“Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda”, especifica la normativa en mención en el artículo 3.
Gerson López, secretario ejecutivo de la ANAM, explicó que la propuesta se formuló en el seno de la Junta Directiva y fue refrendada por el Consejo Consultivo. Incluso fue sometida a consideración de la Asamblea Nacional y contó con su beneplácito.
“Automáticamente queda aprobado y es de observancia nacional”, especificó López, quien describió que es una acción que beneficiará los 340 municipios y a la misma ANAM para posicionarse y “consolidar su rol dentro del gremio municipalista”.
Las necesidades
Según la ANAM, entre los aspectos a mejorar es la ausencia de oficinas técnicas de profesionales para planificar los proyectos y sólo ahí se pierden más de Q1 mil millones, describió López. También menciona que eso incluye los trámites y la falta de una adecuada formulación de los proyectos. “La idea es regionalizar”, finalizó.
Edy Cifuentes, experto en asuntos municipales, expuso que la propuesta de incrementar los puntos porcentuales del IVA es para que esos recursos vayan directamente a las municipalidades debido a los problemas financieros que atraviesan.
Sólo al Instituto de Fomento Municipal (Infom), 21 municipalidades adeudan desde la década de los 90 un total de Q101.3 millones.
Sin embargo, el reto es encontrar apoyo en el Congreso y es que la ANAM pretende establecer una reforma constitucional y reformas a la Ley del Iva, Ley del Impuesto a la Distribución de Combustible Derivados del Petróleo (para que las municipalidades perciban de forma directa Q0.50 o unificar equitativamente los Q0.30 que se perciben para pagos de maestros, médicos, entre otros).
Comisión no apoya
La ANAM también pretende que se aprueben nuevas leyes, como una de arbitrios, otra para servicios públicos y devolver a las municipalidades la autonomía para autorizar cualquier actividad económica y de explotación en su territorio.
Thelma Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, se reunió el miércoles último a las autoridades de la ANAM y el INFOM, para hablar del tema, pero afirmó que ve más viable establecer reformas en la ley que rige la segunda institución.
“A las peticiones de la ANAM nos vamos a sentar para ver porque sí hay mucho que reformar. El tema municipalista es tan amplio que no se puede en un periodo legislativo solventar la agenda para el desarrollo”, describió.
La congresista dijo que el miércoles se instaló una mesa de trabajo con la Contraloría, Procuraduría General de la Nación y gerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (PGN) para ver el plan de trabajo de las mesas que se establecerán para entrarle a la reforma a la ley del Infom con apoyo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.
La normativa que rige el actuar del INFOM data de 1957 y la única reforma que ha tenido data de 1965 y es que la ANAM pretende incrementar los recursos del IVA-PAZ del 1.5 por ciento hasta un 2.5 por ciento porque alega que el 1% va para Fonapaz, pero esta entidad está en fase de liquidación.
No obstante, Ramírez explica que la ley habla de fondos de la paz, no específicamente el descrito. “Hay que ver leyes que sean viables y no crear falsas expectativas entre los alcaldes”, finalizó.
Se intentó conocer la versión de Edwin Escobar, artífice de la propuesta según las fuentes consultadas; sin embargo, no fue posible. Esto posteó en su cuenta de Twitter recientemente: